La comunidad autónoma quiere unificar las redes de suministro de agua y acabar con la diversidad de tarifas

La transferencia del Canal de Isabel II a la Comunidad de Madrid, aprobada por el último Consejo de Ministros, permitirá al Gobierno, regional poner en marcha un Plan Integral de] Agua y una ley reguladora de las condiciones de abastecimiento y saneamiento capaces de coordinar el suministro a toda la provincia, unificar las tarifas y garantizar la calidad del agua residual que vuelve a los ríos después de su uso.

En Madrid, las sucesivas administraciones, locales, provinciales o estatales, se han volcado en asegurar el abastecimiento a la población, sin preocuparse por la depuración de las aguas, que una vez devueltas al río deben seguir siendo capaces de permitir la vida animal y vegetal y servir para el riego y el recreo de la población. César Cimadevilla, consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno autónomo, afirma que el desequilibrio así provocado exigirá la realización de un plan de saneamiento integral de toda la provincia, que costará al erario público una cantidad cercana a los 35.000 millones de pesetas. Cimadevilla dispone ya de estudios e informes sobre los dos grandes proyectos que deben poner orden, según sus propias palabras, en la caótica y grave situación del agua en Madrid: el Plan Integral del Agua y la ley reguladora de Abastecimiento y Saneamiento, documentos que este otoño serán presentados y, presumiblemente, aprobados por la Comunidad. "El Plan Integral del Agua en Madrid trata, precisamente, de coordinar todos los aspectos del ciclo hidrológico, complejos e interdependientes".

"La transferencia del Canal de Isabel II era la pieza clave que nos faltaba para homogeneizar el suministro, hoy repartido entre el Canal, el Consorcio de Abastecimiento de la Sierra de Guadarrama y la Fundación de Aguas Potables del Sur", añade el consejero. "La capacidad legislativa de la Comunidad de Madrid, que tendrá que aprobw la ley reguladora de Abastecimiento y Saneamiento, ya redactada, permitirá instituir tarifas unificadas. Hoy hay pueblos que pagan el metro cúbico a 14 pesetas, mientras que a los vecinos de la capital les cuesta más de 60".

El Canal tiene actualmente un déficit de 2.476 millones de pesetas, que será enjugado por el Estado a la hora de la transferencia. Al margen de esta cantidad, al Canal le deben organismos y ayuntamientos unos 3.000 millones de pesetas.

Riegos sin riesgo

El Plan Integral del Agua aborda desde una perspectiva general e interdependiente el cúmulo de problemas que hoy tiene planteada toda la gestión del agua en la provincia de Madrid. Contempla las obras de enlace necesarias para intercomunicar las tres redes de suministro existentes y posibilitará la depuración de las aguas residuales, de forma que sean recuperadas para el riego de amplias extensiones agrícolas que hoy se abastecen de aguas negras, peligrosas para la salud de las personas. El plan impondrá también un esquema coordinado de construcción de depuradoras. Otro de los aspectos importantes del plan es la implantación de un sistema de financiación que permita hacer frente a las necesidades de amortización, mantenimiento y explotación de las instalaciones. "Se conocen demasiados, casos de depurado ras que han significado cuantiosas inversiones y que luego no funcionan por falta de capacidad de los ayuntamientos para mantenerlas en explotación", afirma Cimadevilla.

Todo el plan puede ser desarrollado en el espacio de seis o siete años. Los recursos económicos necesarios suponen 35.833 millones de pesetas, a invertir en mejoras de abastecimiento, alcantarillado, depuración y recuperación de las márgenes de los ríos, y los cálculos señalan que se dará trabajo estable a unas 2.000 personas, más trabajo indirecto a otras 4.000.

A su vez, el proyecto de ley reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua fijará un recibo único de cobro del suministro, en el que se especiflcará la proporción de los diversos servicios prestados.