Los nacionalistas y el 'tinglado' autonómico

La generalización del proceso autonómico, señala el autor de este trabajo, no gusta ni a nacionalistas, por temor a que no se respete el "hecho diferencial", ni a los centralistas, que temen a su vez el reparto del poder. Pero, en su opinión, el verdadero problema reside en saber si los partidos nacionalistas pueden renunciar a ejercer una presión constante sobre el Estado sin renunciar a la vez a su propia supervivencia.

Carlos Garaikoetxea, que se ha entrevistado recientemente con el presidente del Gobierno de Elpaña (que no con el presidente del Gobierno "de Madrid"), dijo no hace mucho que "quien haya montado el tinglado de las autonomías, que lo arregle".El PNV, que en las últimas elecciones autonómicas obtuvo 415.323 votos, lo que representa el 28% del censo electoral del País Vasco, no puede razonablemente, a juicio de quien esto escribe, ni descalificar la existencia de las 16 comunidades restantes ni desentenderse de lo que ellos llaman tinglado. Lo primero, porque los demás españoles pueden pensar que tienen los mismos derechos que los votantes del PNV, y lo segundo, porque la digna representación de este partido votó en las Cortes favorablemente los estatutos de autonomía de las demás comunidades.

La generalización

Uno teme, quizá sin motivo, que la generalización del proceso autonómico no gusta ni a nacionalistas ni a centralistas, y ello por distintas causas. A los primeros, porque temen que no se respete algo, difilcilmente cuantificable, que se ha dado en llamar, entre rubores, "el hecho diferencial"; a los segundos -y cabe siempre la sospecha de que el más centralista es un antiguo autonomista metido en el Gobierno-, porque representa reparto del poder político. Sin embargo, la generalización del proceso era y es la forma más razonable de llegar, en el siglo XX, a un Estado políticamente viable, donde las vindicaciones y agravios comparativos territoriales desaparezcan. Ello plantea dificultades, pero cualquier otra solución provocaría mayores problemas.

Desde el Gobierno, estas dificultades que trae la existencia (le las autonomías suelen enunciarse en varios planos:

a) Santo temor a que las comunidades autónomas generen más déficit del ya abundante.

b) Dificultad de programación sectorial sobre el territorio en asuntos tales como la agricultura, la vivienda, etcétera.

c) Peligro de que el aparato administrativo funcione peor. Aun partiendo de la hipótesis de que "todo es empeorable", y teniendo en cuenta los problemas que toda implantación conlleva, no tienen por qué producirse tales calamidades, sino que pueden resultar a la postre beneficios. Ello exige, como en todo aquello que nace, diálogo y comprensión por las dos partes y, sobre todo, generosidad política a quienes ostentan la legitimidad de la nación.

El "hecho diferencial"

El "hecho diferencial", esgrimido como derecho y expresado sin énfasis, no parece tener dificultad mayor (por ejemplo, el País Vasco y Navarra disponen del añoso y atípico sistema del cupo); sin embargo, cuando se piensa en la metaflisica de tales "hechos diferenciales", el análisis es más propio de teólogos que de políticos, y se entra de rondón en el terreno pantanoso de los "sentimientos y conciencias", donde es imposible entenderse. A este respecto, quizá quepa recordar aquella frase, atribuida a Caro Baroja, en la que se decía que "el verdadero hecho diferencial español es que haya ricos y pobres".

La lengua es un "hecho diferencial", y nadie lo discute, pero de ahí no cabe deducir que unos ciudadanos tengan más derechos civiles que otros, y en esto último una democracia debe ser especialmente escrupulosa. En definitiva, parece razonable enunciar que las comunidades autónomas del artículo 151 de la Constitución deben alcanzar lo antes, posible la plena capacidad política que sus generosos estatutos recogen, pero ello nunca debiera entrar en corttradicción con la progresiva implantación del sistema autonómico en el resto de España.

¿Tiene algo que ver con el "hecho diferencial" vasco o catalán el que una escuela de Parla, un instituto de Mérida o un centro de salud de Lorca estén gestionados por sus respectivos Gobiernos regionales?

En definitiva, en un Estado que aspira no ya a un reparto territorial del poder político, como es el que dibuja la Constitución española, sino a una simple descentralización administrativa, los servicios más inmediatos hacia la población, tales como la escuela, la salud o la asistencia social, deben descentralizarse sin dramatismo político alguno.

El 2 de agosto de 1931 se aprobó en referéndum el estatuto catalán; el 5 de noviembre de 1933, el vasco, y el 28 de junio de 1936, el gallego. De no haber estallado la guerra civil, es seguro que el sistema se hubiese generalizado. Toda la oposición democrática al franquismo defendió los derechos históricos que tales referendos consagraron; no parece excesivo pedir ahora a los nacionalistas que ayuden en la construcción del Estado de las autonomías. Ello se concreta así: a) que afirmen el derecho de las demás comunidades a alcanzar, en un tiempo razonable, el nivel de autogobierno que la Constitución prevé, y b) que no dibujen en el horizonte la nube, que haría inviable el propio Estado, de la permanente subida de su generoso techo autonómico.

La solución, por desgracia, no está,en declaraciones más o menos sinceras o en intenciones peores o mejores, sino en los posicionamientos objetivos, y, en este sentido, hay una pregunta que ronda en la cabeza de la mayor parte de los españoles preocupados por la cosa pública. Es ésta: ¿pueden renunciar los partidos nacionalistas a la tensión permanente sobre el Estado sin renunciar a su supervivencia? De la respuesta subjetiva que estos partidos se den a sí mismos dependen en España muchas cosas. Ahí está el verdadero tinglado.

es presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.