La financiación de los partidos

POCAS DECLARACIONES del presidente del Gobierno han resultado tan desafortunadas como su comentario acerca de las recientes informaciones periodísticas sobre eventuales casos de corrupción institucional en ayuntamientos de mayoría socialista. La propuesta de Felipe González de homologar, en pie de igualdad, a la Prensa y a los grupos políticos como objetos de una futura comisión parlamentaria, encargada de investigar la ruta seguida por los dineros negros, parece menos preocupada por indagar la verdad de los hechos que por frenar las investigacione s en curso sobre los casos de presuntas percepciones de comisiones ilegales en beneficio del PSOE. La carencia de controles efectivos sobre el dinero manejado por los partidos políticos constituye una de las más espectaculares fisuras de nuestro sistema democrático. Los estudiosos de la política comparada se asombran de nuestros mecanismos de vigilancia sobre los recursos (en parte de origen presupuestario) que los partidas manejan en sus campañas electoráles. Si los grupos que votan los impuestos, asignan los recursos, administran el patrimonio colectivo y ordenan los gastos no explican voluntariamente las fuentes de su propia financiación, cualquier ciudadano tiene derecho constitucional a exigirles esa rendición de cuentas.

Los rumores sobre la financiación irregular de las actividades del PSOE y las historias sobre tráfico de influencias en las que estarían implicados significados responsables socialistas han saltado recientemente a la Prensa con redoblada intensidad, a resultas de los ajustes de cuentas en el seno de una de las empresas concesionarias de servicios municipales. (Digamos, incidentalmente, que los documentos referentes a ese asunto circulaban desde hace meses por las redacciones de los periódicos, entre ellos EL PAÍS, sin que la acusación de cohecho quedara respaldada por pruebas definitivas y seguras.) El enfrentamiento entre directivos y ex directivos de una de esas compañías, con demandas por despido y querellas criminales por medio, podría aconsejar cierta cautela a la hora de extraer conclusiones definitivas. Pero resulta evidente, en cualquier caso, la urgente necesidad de una actuación de oficio de la justicia orientada a dar respuesta a ciertas a preguntas elementales. ¿Es verdad que 15 millones de pesetas, pagados por una empresa concesionaria de servicios municipales, fueron a parar al PSOE a cambio de que éste influyera para resolver adjudicaciones a su favor? ¿Se han producido hechos similares en otros ayuntamientos? ¿Es cierto que este tipo de financiación alimenta unos fondos secretos del partido socialista?

La propuesta del presidente del Gobierno de crear una comisión parlamentaria para investigar las finanzas de los partidos ha tratado de remediar, aunque algo tardíamente, la parálisis en la respuesta del partido socialista a tales preguntas. Lamentablemente, la extemporánea asociación de esa iniciativa con la sugerencia de Felipe González de que esa comisión parlamentaria también investigase los recursos financieros de los medios de comunicación confiere un tono defensivo a la propuesta inicial.

Pero tal vez lo más preocupante de esta intervención del presidente del Gobierno es que revela un desconocimiento de las diferencias sustanciales que existen entre la administración por los cargos electos de los fondos públicos, sufragados por todos los contribuyentes, y el manejo de las empresas privadas, propiedad de sus accionistas. Además de las responsabilidades de los administradores de una compañía ante la junta de accionistas, las empresas privadas tienen que rendir cuentas ante varios departamentos de la Administración, entre otros, el de Hacienda, de forma tal que el Ejecutivo dispone de procedimientos suficientes para conocer la situación financiera de los medios informativos. Por esa razón, la sugerencia del jefe del Gobierno, sospechosamente coincidente con la publicación de ciertas denuncias -más o menos fundadas- sobre supuestos casos de corrupción municipal que involucran al PSOE, para que las empresas informativas rindan también cuentas al Parlamento es una salida de pata de banco que muestra su confusión entre la esfera de los asuntos públicos y el ámbito de los asuntos privados.

Hay que volver a centrar el tema: existen denuncias de casos concretos de presunta corrupción en el PSOE que deberían investigarse sin mayor dilación; y además hay un problema general de falta de control público sobre las finanzas de los partidos políticos, que en España, como en otras democracias, reciben subvenciones importantes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Desde que las Cortes Generales derogaron en 1978 el antiguo sistema de fiscalización de los gastos e ingresos de los partidos, los controles, a todas luces insuficientes, son ejercidos por el Tribunal de Cuentas del Reino y por las juntas electorales. Toda esta situación ha de ser corregida con toda decisión y serenidad.