La entrega de los 'etarras', un acuerdo de dos Gobiernos socialistas

El establecimiento de una democracia en España, tras las elecciones de junio de 1977, no marcó un giro apreciable en la actitud francesa ante el problema del terrorismo de ETA. Para encontrar un cambio sustancial en las relaciones entre España y Francia sobre el delicado tema del terrorismo, hay que esperar la llegada al poder del presidente François Mitterrand, quien, ya con el PSOE en la Moncloa, comienza a adoptar veladas medidas que han ido dificultando la actividad terrorista de los refugiados etarras en el sur de Francia.Con anterioridad a esta etapa, durante el mandato de Valéry Giscard d'Estaing se suceden interminables rondas de negociaciones

entre ministros del Interior de ambos países que no llegaran a cuajar en ninguna medida concreta que favoreciera los intereses del Gobierno español.

Pese a ello, las promesas del entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean François Poncet, en enero de 1979, de que no sería renovado el estatuto de refugiado político a más de 100 supuestos etarras legalmente residentes en Francia, marca el comienzo de un cierto endurecimiento de las autoridades francesas hacia los activistas de ETA.

Las declaraciones del presidente Mitterrand en mayo de 1981, poco antes de ser investido como tal, dan idea de la impopularidad de que han gozado en amplios sectores de la sociedad francesa estas medidas que recortaban la libertad de actuación de ETA en el País Vasco francés. En la recta final de la campaña electoral, el candidato socialista prometía a sus electores negar la extradición de los terroristas vascos detenidos en Francia y restablecer el estatuto de refugiado político para ellos.

No obstante, en agosto de 1982 el Gobierno francés anuncia una serie de medidas antiterroristas que, aunque contempladas con escepticismo por las fuerzas políticas españolas, supusieron una muestra de buena voluntad en la cooperación solicitada por España. A estas medidas antiterroristas se suma en noviembre de ese mismo año, ya tras el triunfo del PSOE en las elecciones legislativas, una importante modificación en la política de extradiciones, que se materializa en un nuevo texto legal.

Esta política de acercamiento en materia de lucha antiterrorista se materializa con el acuerdo establecido el 14 de junio pasado entre los Gobiernos de España y Francia. Por parte española contempla una serie de medidas de reinserción social para terroristas que, en conciencia, estén dispuestos a abandonar las armas, y una oferta negociadora a ETA, hecha por el Ministerio del Interior el pasado mes de agosto. Por parte francesa, este convenio supone un control de la actividad terrorista en el sur de Francia, y en última instancia, la concesión de extradiciones.