"No nos vamos a tragar el decreto"

La Administración no va a reducir las exigencias en materia de seguridad del transporte escolar, según manifestó ayer a EL PAÍS el director general de Transportes Terrestres, Manuel Panadero. "No nos vamos a tragar el decreto", añadió el alto funcionario, "tal y como ha venido sucediendo en el pasado con disposiciones ministeriales precedentes relativas a la misma cuestión de la seguridad en el transporte escolar".Las asociaciones de transportistas ANETRA y AGAPYMET exigen el aplazamiento de la entrada en vigor del decreto 2.296/1983, de 23 de agosto, sobre tráfico y circulación de vehículos escolares y de menores, y, en este sentido, el mantenimiento de la vigencia de la normativa sobre obligatoriedad del acompañante. Para estas asociaciones, la figura del acompañante -que en la nueva normativa ya no es obligatoria, sino que tiene carácter opcional- es más importante y hasta decisiva para una mayor garantía de la seguridad de los menores transportados.

La Administración central, que no comparte este punto de vista, no tiene intención de prorrogar la vigencia de la normativa anterior, tal y como ya hizo el curso pasado, precisamente a petición de las mismas organizaciones empresariales.

El criterio de la Administración es que, aunque no haya acompañante en el autobús, un niño no se cae por la ventanilla si ésta, como establece el decreto en cuestión, no puede abrirse más que en una tercera parte, y tampoco puede un escolar intentar entrar o salir del vehículo en marcha si las puertas funcionan con los dispositivos automáticos que ahora se exigen, que suponen la apertura y cierre controlados únicamente por el conductor y el bloqueo de la marcha si alguna puerta está abierta.

El hacer frente a los gastos que comporta la incorporación de todas estas medidas técnicas (entre 150.000 y 300.000 pesetas, según la antigüedad del vehículo) se encuentra en la base de la protesta de los transportistas. Pero Manuel Panadero cree que la insistencia en la necesidad del acompañante "esconde a duras penas el deseo de mantener un rentable negocio subsidiario". Según el director general, algunos transportistas se beneficiaban de una parte del dinero que la Administración les pagaba por este concepto contratando los servicios de los acompañantes por la tercera o cuarta parte de dicha cantidad, que últimamente era de 2.000 pesetas por día.