El camino de la escuela

LOS ESCOLARES emprendieron ayer el camino de un nuevo curso, que presenta como principal novedad las orientaciones del Ministerio de Educación encaminadas a suprimir los deberes que los alumnos llevaban tradicionalmente a su casa para prolongar la jornada. Pero los hábitos pedagógicos, sobre todo si van en beneficio de los profesores rutinarios, no resultan fáciles de modificar, máxime cuando el ocio de los niños durante la temporada escolar puede significar quebraderos de cabeza suplementarios para unos padres desbordados por las exigencias de atención de los hijos. La progresión de los sistemas de evaluación continua y la tendencia a suprimir o a restar importancia a las pruebas trimestrales y de fin de curso podrán redundar también en provecho de los escolares sólo a condición de que la transmisión de la enseñanza y los métodos de los profesores se adecuen al sistema.El descenso de la tasa de natalidad en España tras el crecimiento demográfico de los años de la prosperidad económica comenzará ya a reflejarse en este año escolar a través del menor número de niños que ingrese en la Enseñanza General Básica (EGB). Sin embargo, la oferta de casi 100.000 nuevas plazas, la renovación de otras 160.000 y la contratación de 6.000 maestros en EGB no hacen sino confirmar que nuestro sistema educativo presenta todavía un notable déficit. La irregular distribución territorial de puestos escolares, en beneficio de los núcleos de población con demanda estable y en detrimento de las zonas subdesarrolladas y de los cinturones industriales de las grandes ciudades, y el envejecimiento de otros centros impiden que los esfuerzos por ampliar la infraestructura educativa española queden detenidos a corto plazo por el estancamiento demográfico. El anuncio de que el Ministerio de Educación dispiondrá antes de cuatro meses de un mapa escolar que registre los puestos ofrecidos por el sector estatal y por los colegios subvencionados permite confiar en que el debate en torno a la escuela pública y privada podrá basarse en el futuro sobre una exacta visión de conjunto de esos desequilibrios.

En este sentido, parece obvio que la reivindicación de la libertad de enseñanza debe armonizarse y no entrar en conflicto con los restantes mandatos constitucionales en materia escolar, entre otros el carácter obligatorio de la e enseñanza básica, el derecho de todos a la educación y el deber de los poderes públicos de garantizar ese derecho "mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes". En una sociedad con recursos educativos escasos, sometida a una grave crisis económica y con un gasto público hipotecado por un elevado déficit presupuestario, la prioridad del sistema educativo no puede ser otra sino la de garantizar a cada niño una plaza escolar que le permita disfrutar de la igualdad de oportunidades. Por lo demás, la enseñanza privada es un derecho reconocido en nuestra Constitución y un bien objetivo para la pluralidad del pensa miento. Lo único inadmisible sería que los colegios privados -religiosos en su mayoría- financiados con fondos públicos se resistieran a un control de las autoridades respecto al destino adecuado de dichos fondos o que el Estado mismo no tratara de distribuirlos con arreglo a las necesidades prioritarias de la población. Dado que el Estado asegura a los padres, también en el sector público, el derecho constitucional "para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones", sólo un planteamiento demagógico podría subordinar la racionalidad del mapa escolar y las asignaciones del gasto público para que todos los niños estén escolarizados, a los deseos, no siempre realizables por cuestiones estrictamente presupuestarias, de que cada unidad familiar pueda elegir el colegio gratuito que más le plazca.

Por desgracia, el debate sobre la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE), pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional, ha versado casi exclusivamente sobre aspectos secundarios del sistema educativo, como si los problemas de la enseñanza española se redujesen al recalentado ámbito ocupado por las polémicas ideológicas y por las exigencias de subvenciones estatales incondicionadas en favor de algunos centros privados. Queda pendiente todavía la cuestión fundamental de los contenidos y de la calidad de la formación impartida. Mientras los medios de la oposición preparan una nueva batalla en torno a la LODE resulta obligado recordar que el principal desafío de nuestro sistema escolar, del que la iniciativa privada subvencionada controla más de un tercio, es preparar adecuadamente a los españoles del siglo XXI, mediante una adecuada formación científica, técnica y humana, para competir en un planeta cada vez más interrelacionado.

En este sentido, asombra que el centro de la polémica escolar no esté ocupado por las deficiencias de nuestro sistema de enseñanza. Las cifras de fracasos escolares son precupantes: en torno al 35% en EGB, al 44% en enseñanza media, del 60% al 70% en superior. Más de una tercera parte de los niños de seis años que comenzaron ayer el curso de EGB lo terminarán dentro de ocho años sin haber salido de lo que técnicamente se llama analfabetismo funcional. ¿De quién es el fracaso? Habría que preguntarse si los niños, pendientes de otros muchos focos de atención, influidos directamente por una modificación de la sociedad y del ámbito familiar, pueden sentir rechazo por la forma y el fondo de unas materias que no tienen ninguna relación con la vida cotidiana ni con sus expectativas. La psicología experimental sabe. lo frágiles que son los conceptos de pereza o de desgana y su relación con la falta de estímulos. La evaluación -hecha pública actualmente- de las reformas practicadas por el Gobierno anterior en la EGB no puede ser más desalentadora: en el primer ciclo (niños de seis y siete años), sólo el 53% de los alumnos domina el tipo de lectura corriente; menos del 30% maneja la sucesividad de los días de la semana, y sólo el 70%, la suma y la resta.

Son éstos los temas sobre los que la sociedad debe reflexionar conjuntamente. El anuncio de que durante el presente curso se va a experimentar en 41 centros de toda España la reforma del ciclo superior de EGB indica la cautela del Ministerio de Educación ante males cuyo diagnóstico sigue siendo incierto. ¿Qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña? ¿Cuál es el nivel de competencia de los profesores y qué estímulos reciben para su puesta al día? ¿No ha contribuido el tejer y destejer de planes de estudio y métodos de aprendizaje al desconcierto de enseñantes y alumnos? ¿Qué correspondencia hay entre las materias impartidas en el aula y el impacto de la sociedad? Cuando esas preguntas se trasladan a la enseñanza media, a la formación profesional o a la enseñanza universitaria la crisis aparece multiplicada.