Un documento interno del PNV revela un nuevo enfrentamiento entre Garaikoetxea y su partido

El enfrentamiento más o menos soterrado que desde hace meses opone a poderosos sectores del PNV con el lendakari Garaikoetxea parece que ha pasado a la fase de desafío abierto, según se deduce de un documento interno del partido filtrado ayer a una agencia de prensa. De dicho documento se desprende una interpretación de la Ley de Territorios Históricos (LTH) -que regula la distribución de competencias entre el Gobierno autónomo y las diputaciones forales- manifiestamente divergente con la que hizo suya el presidente vasco y cuya aceptación exigió como condición para mantener su candidatura a la reelección.

Durante los últimos meses se han venido manteniendo conversaciones tendentes a la unificación de criterios sobre la distribución de competencias y recursos entre el Ejecutivo autónomo y las diputaciones. Tales conversaciones no han abocado a acuerdos significativos. El documento del consejo nacional del partido (EBB) parece destinado a zanjar la cuestión estableciendo unos criterios que, según se hace constar expresamente, serán vinculantes para todos los afiliados. Es decir: también para el lendakari y su Gobierno.Ahora bien, los criterios contenidos en el documento favorecen claramente la interpretación asumida tradicionalmente por los sectores más provincialistas y más opuestos, por ello, a la corriente que simboliza el lendakari. Las principales novedades del documento son dos: Por una parte, se introduce una distinción semántica entre los términos capacidad y competencia, estableciéndose que las diputaciones -podrán tener capacidad para intervenir en materias "de interés general para la provincia" pese a que la competencia exclusiva sobre las mismas sea atribuida en la LTH al Gobierno. Por otra parte, se considera a las diputaciones como instituciones extraestatutarias, es decir, anteriores e independientes del Estatuto de Guernica, y susceptibles, por tanto, de ejercer las capacidades de intervención administrativa que atribuye la Ley de Régimen Local a tales, instituciones.

Ese planteamiento, que podría servir para vaciar paulatinamente de toda capacidad real de intervención a las instituciones autonómicas comunes -Gobierno y Parlamento- choca frontalmente con la letra, pero especialmente con el espíritu, de la interpretación atribuida por el lendakari y su Gobierno a la LTH en el debate parlamentario que precedió a su aprobación. Así las cosas, difícilmente cabe interpretar el documento del EBB en términos diferentes al de un desafío.