"A la derecha no le interesa que la justicia funcione bien" afirma Fernando Ledesma

El rechazo de Fernando Ledesma hacia el sistema de oposiciones como única vía para el acceso a la carrera judicial no tiene ninguna clave personal, ya que ganó sucesivamente, con el número uno, las de fiscal y magistrado. Su máxima preocupación, en este momento, es la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cuyo proyecto de ley ha sido remitido a las Cortes.Pregunta. ¿Cómo aborda el Gobierno la batalla parlamentaria que se avecina sobre la reforma de la justicia: se pretende una ley de consenso o el PSOE hará valer su mayoría parlamentaria para sacarla adelante?

Respuesta. La reforma de la justicia es una gran operación de Estado, y el proyecto de ley trata de conseguir el grado de consenso más alto posible. Desde luego, la actitud del Gobierno irá encaminada a ese fin.

P. Cuando la derecha más reaccionaria se opone a las moderadas reformas de su departamento y lanza duras críticas contra su gestión, ¿se siente usted suficientemente respaldado por el resto del Gabinete?

R. Absolutamente. Por el resto del Gabinete y, desde luego, por el grupo parlamentario y el partido.

P. Otro de sus frentes de batalla es la carrera judicial, de la que usted procede. Al margen de sus buenas relaciones personales, ¿cree que la institución judicial, uno de los aparatos transferidos casi intactos del franquismo a la democracia, ha asimilado y asumido los nuevos valores jurídicos, éticos, sociales y políticos que la Constitución consagra? El presidente del CGPJ acaba de declarar que está "fuera de toda duda" la asimilación de la Constitución por los jueces...

R. Hay que reconocer que la aplicación directa y la invocación de la Constitución en las resoluciones judiciales son cada vez más frecuentes. Por lo demás, una de las finalidades del proyecto de ley orgánica es garantizar que el espectro de la sociedad española, es decir, su composición sociológica, incluido el pluralismo ideológico, tenga su correlativa correspondencia en el espectro del grupo judicial. Es decir, que no se produzca la peligrosa desarmonía entre uno y otro. Lo ideal es que los jueces reflejen en su actividad y en su actitud cómo es la sociedad, qué es lo que funciona como valores y cuáles son los objetivos de esa sociedad. Hacia eso se encaminan algunas de las reformas del proyecto de la LOPJ

P. Pero la gran mayoría de los jueces recibe esas reformas como un hostigamiento a la carrera judicial.

R. Yo quisiera quitarles de la cabeza esa idea. La reforma de la justicia no hay que hacerla poniendo en primera fila los intereses de una carrera o de una corporación, siendo estos intereses muydignos de ser tenidos en cuenta y, siempre que sean justos, muy dignos de ser atendidos y satisfechos. La reforma de la justicia se tiene que hacer pensando en todos los ciudadanos españoles, porque la justicia es para ellos. Lo deseable es que coincidan unos y otros intereses, pero, si entraran en conflicto, habría que optar siempre por los intereses de la sociedad española.

P. La jubilación forzosa a los 65 años ha caído como una bomba.

R. Sin embargo, todo el que enfoque esta materia con objetividad, con racionalidad, se dará cuenta de que no es posible una especie de apartheid, un trato privilegiado para los jueces. La vigente ley de la función pública establece la jubilación para los funcionarios del Estado a los 65 años, y los jueces, sin perjuicio de reconocer la naturaleza tan específica de su función y su trascendencia, son funcionarios públicos. En el proyecto de ley hay un tratamiento de cierto beneficio para los magistrados del Tribunal Supremo, que se van a jubilar a los 68, años, medida que también encuentra apoyo en el derecho comparado.

P. Otra de las reformas valora de como un atentado contra la judicatura es el acceso directo a la carrera, sin oposición.

R. España es un país con insuficiencia de jueces. En proporción a nuestra población, tenemos menos jueces que Francia, Bélgica, Italia y Alemania, y resulta que cada vez encomendamos a los jueces una intervención más activa en la solución de la conflictividad social. Carecer de los jueces necesarios es dejar desamparados a los ciudadanos, y eso un Gobierno democrático, un Gobierno responsable, no lo puede permitir. De ahí la necesidad de encontrar solución a un problema que las oposiciones no resuelven. En ese otro camino, en lugar de la memorización de un temario, se tendrá en cuenta el prestigio y la capacidad en la aplicación e interpretación de las leyes, puestos de manifiesto en el ejercicio profesional durante ocho o 10 años.

P. Se acusa al Gobierno de que, a través de este procedimiento, intenta reclutar jueces adictos.

R. En absoluto. No existe ningún intento de utilizar esa vía para llevar a la judicatura a personas con una ideología partidaria determinada. Ni existe ni podría existir, porque la técnica de selección asegura la mayor objetividad. Además, los méritos serán juzgados por el mismo tribunal de oposiciones, y después será necesario seguir un curso en el Centro de Estudios Judiciales. Hay precedentes de esta medida en alguna propuesta del propio CGPJ y en un reglamento elaborado en la etapa en que yo formé parte de este órgano, que ha servido para proveer al nombramiento provisional como jueces de 49 licenciados en Derecho, con menos requisitos de objetividad e imparcialidad de los que prevé el actual proyecto de ley.

P. ¿Dónde está la frontera entre el papel gubernamental en relación con el servicio público de la justicia y una autonomía del poder judicial que haga posible la necesaria independencia de los jueces?

R. Yo deseo que suceda en España lo que en el resto de Europa en donde nadie acusa a la justicia de falta de independencia, a pesar de que sus órganos judiciales similares al nuestro tienen menos poderes que el CGPJ. La independencia está vinculada al momento jurisdiccional, es decir, a la libertad del juez para decidir al margen de toda presión, y a la garantía de que su carrera profesional no va a estar en absoluto en función de su grado de sintonía con el Gobierno. Esas garantías están aseguradas en la futura ley orgánica, que colma con creces todas las exigencias constitucionales.

P. ¿No le da miedo del usó que un Gobierno reaccionario pudiera hacer en el futuro de las atribuciones sobre la justicia que usted reivindica para el actual Gobierno?

R. Me preocupan las rebajas en la dotación presupuestaria para la justicia que un Gobierno de esas características podría hacer, porque la derecha, como se ha demostrado históricamente, no tiene interés en que la justicia funcione bien. Sin embargo, un Gobierno así no podría menoscabar la independencia judicial, porque las competencias que afectan al corazón de esta independencia -nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario- quedan fuera de su órbita y atribuidas al CGPJ. Esto no quiere decir que la independencia judicial no pueda estar amenazada, sino que habrá que preservarla no del Ejecutivo, sino del propio órgano de gobierno de la justicia. De ahí la importancia de garantizar el funcionamiento democrático del Consejo, su pluralismo, la publicidad de sus actividades...

P. Pero la publicidad no se ha introducido...

R. Me refiero a la posibilidad de que los vocales disidentes dejen constancia por escrito de su posición.

P. ¿De qué manera concreta notarán los ciudadanos que la reforma de la justicia les afecta beneficiosamente?

R. Los ciudadanos se beneficiarán del mayor pluralismo ideológico que existirá dentro de la administración de justicia. Pero, sobre todo, la creación de más órganos jurisdiccionales va a permitir que se reduzca la distancia y se aumente la accesibilidad a lajusticia así como la participación del ciudadano en la misma. Por ejemplo, los jueces de paz van a ser elegidos democráticamente por los ayuntamientos. La aceleración del proceso operada ya por la ley de Enjuiciamiento Civil contribuirá a que no haya tantos retrasos y a la ex tensión de la justicia gratuita a mayor número de ciudadanos. El día que esté instaurado el jurado evidentemente también proporcianará un grado mayor de participación.

P. Existen indicios de que el jurado se va a decantar hacia el escabinado o jurado mixto. ¿Por qué no se reinstaura el jurado puro?

R. Puedo decirle con toda firmeza que no hay nada decidido y que en los trabajos previos se contemplan las dos hipótesis. De todas formas, no pueden desconocerse investigaciones sociológicas recientes que muestran un gran desinterés de los ciudadanos a participar en el jurado.Cuando se han puesto tantas esperanzas en la institución, no podemos cometer la imprudencia de establecer el jurado sin cautelas y producir una frustración social.

P. En unas declaraciones realizadas a EL PAÍS, el presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Cesáreo Rodríguez Aguilera, estimó que la atribución del conocimiento del caso Banca Catalana al Tribunal Superior de Justicia en funciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña debía llevar consigo la imposibilidad de recurso al Tribunal Supremo contra la resolución final que adopte el Pleno de la Audiencia Territorial. ¿Cuál es la opinión del ministro de Justicia?

R. No quiero opinar sobre nada relacionado con el asunto de Banca Catalana, que se encuentra sub júdice.

P. Pero en el terreno de los principios y de la futura LOPJ...

R. Desde esta perspectiva, debo decir que el recurso de casación está reservado al Tribunal Supremo. En el proyecto de LOPJ se contempla la posibilidad de que un recurso homólogo al de casación termine ante la sala de recursos de los tribunales superiores de justicia, pero eso opera en aquellas materias en que las comunidades autónomas han elaborado un derecho propio en materia de derecho civil y contencioso-administrativo. En materia penal, insisto que al margen del caso Banca Catalana, me parece que la casación siempre tiene que terminar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

P. ¿Está enteramente satisfecho el ministro de Justicia de la regulación que se ha hecho de las libertades y derechos de los detenidos y presos y de las garantías para impedir que estos derechos les sean violados?

R. Ningún país del resto de Europa ha llegado tan lejos como nosotros en cuanto a asistencia letrada, hábeas corpus y prisión provisional, en el sentido de garantizar un espacio de libertad, de reconocer unas auténticas garantías.

P. Entonces, ¿hasta qué punto esas leyes son letra muerta, si es un hecho que sigue existiendo la tortura?

R. La letra de una ley nunca es muerta. Siempre está viva, siempre es invocable. Si quienes tienen que aplicar cotidianamente esas leyes las desconocen, yo creo que será con carácter excepcional y en la seguridad de que esa vulneración nunca encontrará complacencia, tolerancia ni asentimiento por parte de las autoridades, sino persecución. Pero cuando eso se produce, aun a sabiendas de esa posición contraria de las autoridades, en último término la letra de la ley es viva si tiene un amparo efectivo. Para ese amparo efectivo están los jueces. No se trata de sobredimensionar la importancia de los jueces, pero de ellos depende que funcionen eficazmente esas leyes. Esto exige un esfuerzo mayor y una atención tremenda. Hay que ser conscientes de que estamos pidiendo mucho a los jueces, y por eso es tan importante poner a su disposición los medios necesarios, porque en ellos está la clave de que esas garantías no sean letra muerta, sino muy vivida.