Modos y maneras en la 'operación Atocha'

Se ha creado un estimulante clima de debate cultural alrededor de una operación urbanística -operación Atocha se está llamando- en nuestra ciudad.Afortunadamente, el debate más técnico sobre la actuación urbanística de Atocha cuenta ya en este momento con participantes de tal prestigio y conocimiento que el nivel alcanzado en las discusiones, con ser muy alto, no ha ocasionado su despegue del sentir popular o de su comprensión por los vecinos.

Por ello quisiera entrar en un aspecto de la cuestión cuya importancia sobrepasa la de la propia operación Atocha y puede servir de marco para muchas otras actuaciones de la Administración.

Cuando en una actuación como la que nos ocupa están implicados o deben intervenir varios estamentos de la Administración, no debe caber duda de la necesidad de su colaboración, establecida antes mediante mecanismos de fijación de directrices y criterios previos que como relaciones de control posterior, a pesar de la evidente necesidad de éste. Ello puede evitar, en la mayoría de los casos, muchos problemas de confrontación de competencias surgidas por la diferente perspectiva funcional o territorial de los distintos estamentos implicados, cuando no de pequeñas cuestiones corporativas o personales.

Distintos estamentos

En la operación Atocha confluye una serie de características que le convierten en una de las actuaciones de la Administración que requieren el concurso de distintos estamentos de ésta. Se trata, en primer lugar, de una importante actuación urbanística ubicada en el centro de Madrid, donde la renovación viaria de una amplia zona va a permitir la supresión del paso elevado de la glorieta y su reordenación en superficie.

La construcción del nudo Sur en la M-30, el cierre del segundo cinturón prolongando la calle de Méndez Alvaro y dando entrada con ello al parque de las Delicias -donde irá ubicado el futuro planetario de Madrid-, el cruce de la calle de Menéndez Pelayo bajo las vías del ferrocarril, diversas acciones en viario local y la construcción de sendos pasos subterráneos en el paseo de María Cristina y en la glorieta de Atocha van a facilitar, efectivamente, el que pueda desmontarse el ya famoso scalextric y darse una nueva perspectiva a tan entrañable plaza de Madrid.

Por otra parte, la construcción de las dos estaciones" de cercanías y de largo recorrido, va a suponer una de las más importantes operaciones ferroviarias de los últimos años en nuestro país, cuya repercusión es tanto de ámbito metropolitano -con Ínfluencia también directa en el tráfico de la zona, en la medida de la disuasión al empleo del vehículo privado que suponga el intercambiador modal de transporte ligado a la estación- como de ámbito nacional.

Por ello, al ponerse enmarcha en su etapa inicial la operación Atocha, las distintas Administraciones con competencias en ella convinieron en la necesidad evidente de colaborar, unificando criterios, señalando directrices comunes y concertando sus acciones. Se constituyó así la comisión de seguimiento de la operación Atocha, donde estaban presentes dichas Administraciones en los niveles adecuados para lograr su máxima operatividad.

Están representados en ella el Ayuntamiento de Madrid, evidente protagonista urbanístico en la operación, la Comunidad de Madrid, órgano de gobierno en nuestra comunidad autónoma, Renfe y la Dirección General de Infraes tructura del Transporte, órganos gestor y constructor, respectivamente, de las estaciones.

Buenas señales

La colaboración y la buena vohintad puesta en la constitución de esta comisión fueron desde el primer momento señales características de una lluena forma de entender las relaciones entre Administraciones y la condición para su buen funcionamiento, a pesar de los evidentes problemas de coordinación al intervenir tantos y tan heterogéneos organismos. Como ejemplo de ello ha de entenderse la presencia de dos consejeros de la comunidad en la comisión, desequilibrando con ello la participación del resto de los organismos. La personalidad de ambos consejeros, excelentes profesionales y personas de gran prestigio, venía a compensar ese desequilibrio del papel del órgano que representaban.

La Oficina Municipal del Plan vino a colaborar en esta operación Atocha, no sólo con la fijapión de las condiciones urbanísticas señaladas en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid sino con el encargo, a cuatro equipos de entre los mejores profesionales del país, de sendos conjuntos de ideas que puso a disposición de la comisión de seguimiento para que ésta adoptara con un mayor nivel de conocimiento las directrices necesarias en la resolución del tema.

Las múltiples reuniones de dicha comisión, las conclusiones ya emanadas de ellas, la exposición de las ideas barajadas y el debate que se ha fomentado desde la propia Administración son ya frutos, de esa nueva forma de relación, dinámica y cooperante entre los distintos órganos administrativos.

Ahora corresponde a cada uno de ellos jugar su papel de manera responsable, dentro y fuera de la comisión. Al Ayuntamiento de Madrid, en concreto, ejecutar su parte, muy importante, de acciones de viario, sometiendo sus decisiones al dictamen de la comisión; reivindicar en ésta el cumplimiento de sus decisiones y controlar, en función de sus competencias en materia de urbanismo, el proyecto y ejecución de las obras no municipales que forman parte de la operación Atocha.

No es conveniente, si queremos que esta colaboración entre Administraciones se mantenga, sobrepasar el papel de cada uno de los estamentos atribuyéndose competencias que no tiene. La decisión sobre la ejecución de cada una de las obras corresponde al organismo competente y no debe verse mediatizada más que por los compromisos adquiridos en función de la necesidad de coordinación con otros entes.

Distinta cuestión es la opinión de las personas. La expresión de estas opiniones es libre, sana Y hasta reclamada en cierta manera por el carácter público de los cargos que ostentan algunas de esas personas. Si llegara a confundirse su carácter personal con la posición de las instituciones, se podría causar un grave daño a esas instituciones, a las nuevas formas iniciadas de cooperación entre ellas, y, en definitiva, a un nuevo intento de prestigiar la idea de que es en la Administración pública donde radica la mayor racionalidad en las relaciones sociales.