Convocada para hoy una huelga general en Argentina para reivindicar subidas salariales

En un clima de creciente tensión política se celebrará hoy en Buenos Aires la huelga general convocada por la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT), de tendencia peronista, para reivindicar mayores subidas salarales. El Gobierno intentó, por todos los medios de comunicación del Estado, descalificar la medida y evitar que se cumpla. Los informativos de la radio y televisión repitieron durante todo el fin de semana las declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Manuel Casella, en las que calificó la medida como una "agresión a la democracia". Uno de los locutores más conocidos de la televisión, militante peronista, denunció públicamente la manipulación de una encuesta realizada en las calles de Buenos Aires y en la que se pretendía demostrar que la mayoría de los trabajadores no estaban de acuerdo con el paro.Por su parte la CGT dio a conocer dos documentos en los que renovó sus críticas al Gobierno, al que acusa de "echar las culpas al movimiento obrero como hicieron hasta hoy todos los representantes del interés nacional" y de continuar con la política económica de la dictadura "sometida a las directrices del Fondo Monetario Internacional". Los líderes sindicales reclamaron un espacio similar en los medios de comunicación para explicar las razones del paro.

Enfrentamiento político

La huelga fue apoyada por todas las delegaciones regionales y los sindicatos de rama más importantes del país. El pronunciamiento favorable de las organizaciones de ferroviarios y transportistas hace prever que la convocatoria será ampliamente secundada.La intensa propaganda oficial y la reacción de los líderes sindicales han confundido a la opinión pública argentina. Motivada por reclamaciones salariales y modificaciones profundas en el plan económico, la huelga convocada por el sindicato peronista, que se celebra a 10 meses de asumir el poder el Gobierno radical de Raúl Alfonsín, es en realidad la expresión de un enfrentamiento que ambos partidos han tratado de ocultar bajo contínuas convocatorias a la "unidad nacional". La central sindical, que ocupó los espacios vacíos de poder dentro del peronismo y le sostuvo en la resistencia a la dictadura, fue cuestionada por sus ambiciones políticas. El Gobierno radical arremetió al comienzo de su gestión contra esa "burocracia sindical", acusada por Alfonsín de pactar con los militares. La derrota en el Senado del proyecto de Ley de Reordenamiento Sindical obligó a las partes a reconocer que debían negociar.

El "acuerdo histórico" propuesto por el presidente Raúl Alfonsín al peronismo contó, en principio, con la colaboración formal de las autoridades. La ex presidente María Estela Martínez, viuda de Perón, regresó a Buenos Aires desde su residencia en Madrid y se encargó personalmente de reclamar a los dirigentes sindicales y políticos del peronismo que apoyaran al Gobierno. La buena voluntad se trasladó luego a un documento llamado Acta de Coincidencias, que fue firmado hace tres meses por los dos grandes partidos y algunos menores.

Problemas económicos

El fracaso del plan económico, sometido a la presión cada día mayor del Fondo Monetario Internacional, hizo estallar el frágil acuerdo. Por un lado los dirigentes sindicales se vieron desbordados por sus propias bases obreras. En el último mes dos millones de trabajadores se mantuvieron en conflicto permanente con las empresas. La demoledora tasa de inflación que supera el 30% mensual, aunque las cifras oficiales sean menores, refleja la gravedad de la crisis. Las inminentes elecciones internas en los sindicatos obligaron a los dirigentes sindicales a encabezar la protesta.