El Supremo deberá determinar a qué jurisdicción corresponde el fraude de los certificados médicos para eludir el servicio militar

El Tribunal Supremo deberá dictaminar si el proceso a los implicados en la falsificación de certificados médicos para eludir el servicio militar corresponde a la jurisdicción civil o a la militar, pues ambas continúan reclamando la competencia para juzgar este caso. La jurisdicción militar ha denegado la petición que, mediante un auto, te remitió el pasado 30 de junio el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona reclamando la competencia de las investigaciones del fraude del servicio militar. Hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre este conflicto de jurisdicciones, el caso seguirá paralizado.

De las investigaciones realizadas hasta la fecha se desprende que podrían haberse producido hasta unos 2.000 casos de falsificación de certificados médicos dictaminando inhabilitación para realizar el servicio militar.Las pesquisas fueron iniciadas el pasado mes de marzo por una veintena de miembros del CESID (Centro Superior de Investigación de la Defensa) y de la Guardia Civil adscrita a la Capitanía de la IV Región Militar.

El fraude fue descubierto por casualidad cuando un oficial del Hospital Militar de Barcelona tuvo en sus manos los certificados médicos de tres jóvenes que aparecían como extendidos por la misma persona pero cada uno de ellos presentaba una firma diferente. En base a estas investigaciones, la jurisdicción militar abrió un sumario y dictó cuatro autos de procesamiento, decretando la prisión de los presuntos implicados.

La primera detención se produjo en el mes de mayo. Carlos Fernández Gómez, un empleado de banca de Granollers, es el único civil que se encuentra en prisión por su presunta implicación en estos hechos. Los otros tres sospechosos que se encuentran encarcelados son el brigada Antonio Illescas y los soldados Ramón Güell y Alejandro Lázaro, que cumplían el servicio militar en el Hospital Militar de Barcelona.

Paralelamente la jurisdicción civil abrió diligencias previas sobre el caso en espera de que la jurisdicción militar le facilitase informes de las pesquisas que realizan miembros del CESID y la Gruardia Civil, adscritos a la capitanía de Barcelona.

Doble cohecho

Al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción número 1, planteó la reclamación del caso a la jurisdicción militar en base a un informe elaborado por el fiscal José María Mena. El informe contempla la comisión de un doble cohecho. El cometido por los civiles que pagan a los militares para conseguir la documentación falsa y así librarse del servicio militar, y el que cometen los militares que aceptan estos cohechos.En ambos supuestos, según el informe que realizó el fiscal, se argumenta que el caso debe ser juzgado por la jurisdicción ordinaria, ya que está implicado un civil, Carlos Fernández Gómez, cuya ayuda fue imprescindible para la comisión dé los delitos. La presencia de este civil es determinante para que el caso corresponda a la jurisdicción civil, aunque los hechos delictivos pertenezcan al ámbito militar.

El haber desestimado la jurisdicción militar esta reclamación de competencia por parte de la jurisdicción ordinaria supone que el estamento militar sigue opinando que es competente en el caso. En los próximos días, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, donde se han acumulado todas las causas sobre este fraude que inicialmente llevaban también los juzgados 4 y 12, notificará a las partes la nueva situación y remitirá el caso al Tribunal Supremo, para que se pronuncie sobre quién es competente en el asunto.