Presiones al Gobierno para que organice una administración marítima de carácter civil

La creación de una administración marítima de carácter civil, que sustituya a la actual organización militar, constituye el objeto de un torrente de gestiones y documentos que, durante las últimas semanas, han llovido sobre el Gobierno desde sectores relacionados con la actividad en el mar Dicho movimiento de opinión pretende desbloquear y condicionar la proyectada reforma de la administración marítima, cuyo estudio está encomendado a un grupo de trabajo interministerial.

De acuerdo con expertos del sector, los problemas básicos de la reforma administrativa son tres: el control del tráfico portuario, ejercido aún por marinos de guerra y sometido a los juzgados militares; la inspección de buques y la coordinación del sistema de salvamento en el mar, cuestiones ambas que inciden en la seguridad; y las complicaciones derivadas de los diferentes niveles de poder (administraciones central, autonómica y municipal) que intervienen en puertos y costas.La Armada desempeña todavía no sólo la vigilancia de aguas jurisdiccionales, sino las comandancias de Marina, que despachan y controlan todo el movimiento de barcos civiles. Los comandantes militares tienen ahora una triple función: actúan como autoridad delegada del Ministerio de Transportes, en el caso de la Marina mercante, y del Ministerio de Agricultura y Pesca, en lo que se refiere a los pesqueros, además de atender a tareas específicamente militares.

Competencias dispersas

En materia de vigilancia de puertos y costas, la dispersión de competencias resulta llamativa. Ese control está desempeñado por la Armada, pero también por el Servicio Fiscal del Ministerio de Hacienda, en determinados casos; igualmente trata de intervenir en este terreno el Ministerio del Interior, con la propuesta de creación de la Guardia Civil del Mar. No menos complejo es el sistema de salvamento, que, aun estando dotado de medios nada desdeñables, se encuentra troceado entre los ministerios de Transportes y de Trabajo, las comunidades autónomas, la Cruz Roja del Mar y, de hecho, la propia Armada.Para desmilitarizar la administración marítima, el Colegio de Oficiales de Marina Mercante (Comme) defiende el restablecimiento del Cuerpo General de Servicios Marítimos, que existió durante la II República. El Comme, entidad corporativa de los marinos civiles, trata de potenciar la presencia de capitanes y oficiales en la futura administración marítima. Según directivos de este colegio, el Ministerio de Defensa y la propia Armada han demostrado "buena voluntad", en las reuniones interministeriales celebradas, para dejar paso a funcionarios civiles.

Todas las voces que se alzan en defensa de la desmilitarización alegan los ejemplos de otros países europeos. Así, Francia creó en 1981 el Ministerio del Mar -posteriormente convertido en Secretaría de Estado-, que engloba todas las competencias de Marina mercante y pesca, así como los puertos, organismos de investigación marítima, acuicultura, oceanografía y construcción naval. En Italia hay un Ministerio de la Marina Mercantil, de similares competencias a la estructura francesa.

Una proposición no de ley, presentada por el diputado socialista Alvaro Cuesta, pide al Ejecutivo la reanudación de los trabajos para terminar el estudio de la reorganización administrativa, y que en un año se cree un órgano de alto nivel que agrupe las competencias sobre administración marítima.