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Tribuna:TRIBUNA LIBRE

La perspectiva autonómica sobre el control de la inversión pública

El tema de la financiación de las Comunidades Autónomas no goza de buena fama, debido a una serie de informaciones mal dadas y escasamente significativas, que han hecho mella en la opinión pública, señala el autor de este trabajo, quien arguye, además, que muchos de los problemas en esta materia son herencia de la improvisación, los errores y la laxitud del Ejecutivo. Y, en resumidas cuentas, muchos de los males proceden de una interpretación unilateral de la normativa legal sobre financiación autonómica, a su juicio perjudicial e incorrecta.

En los últimos tiempos hemos visto aflorar en la prensa, más o menos intermitentemente y no siempre con un contenido objetivo y desinteresado, noticias, polémicas y manifestaciones de insatisfacción con respecto al proceso de financiación de los presupuestos de las comunidades autónomas. Tales escritos han podido generar en el ciudadano medio -en algunos casos quién sabe si deliberadamente- la sensación de que desde un punto de vista económico y financiero esto del Estado de las autonomías es algo que realmente no funciona. Estas noticias y manifestaciones, posiblemente de origen diverso, parecen estar dando paso recientemente en los máximos niveles responsables de la Administración central a un proceso mucho más directo, generalizado y profundo de reflexión y crítica sobre el Estado y las perspectivas de las finanzas autonómicas. Desearíamos poder creer que todo ello se hace con el ánimo de alcanzar la resolución razonable y definitiva de unos problemas creados durante varios años en gran parte por la improvisación, los errores y la debilidad o laxitud del Ejecutivo frente a la presión de los intereses establecidos, cuando no por cierta ligereza en relación al adecuado cumplimiento de nuestras leyes y normas básicas.Hay que decir, no obstante, que no inspira demasiada confianza la tendencia en virtud de la cual en ciertos sectores parece quererse cargar las culpas de nuestros actuales males y problemas al modelo de financiación diseñado en la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), abogando por una revisión global de dicha ley como punto de partida para poder alcanzar soluciones positivas, lo que entre otras cosas supondría evidentes aplazamientos.

Hace ya algún tiempo que se veía venir que de una interpretación unilateral -desde nuestro punto de vista incorrecta- de la LOFCA no podían surgir más que problemas y tensiones graves en las relaciones económicas y financieras entre los diferentes niveles de gobierno del nuevo Estado de las autonomías, como así ha sido. En particular, han sido manifiestos tales problemas por lo que se refiere a la metodología seguida en el cálculo y en la dotación de los recursos destinados a cubrir las necesidades de inversión de reposición, en la distinción arbitraria establecida entre lo que es inversión nueva y de reposición y en la imposición de facto del criterio de que el Fondo de Compensación Interterritorial constituye la única fuente de recursos que con cargo a los Presupuestos Generales del Estado pueden esperar recibir las comunidades autónomas para destinarlos a proyectos de inversión asociados a competencias asumidas.

Recursos exiguos

Uno de los temas que preocupa muy seriamente -y creemos que con razón- desde la perspectiva de los Gobiernos de diversas comunidades autónomas es cuál va a poder ser en un futuro inmediato el margen operativo real de decisión e iniciativa a ellos reservada en materia de inversiones públicas, dentro de su propio territorio y demarcación de competencias. También preocupa -por qué no decirlo- el montante mismo de los recursos -hoy por hoy francamente exiguos- provenientes de los Presupuestos Generales del Estado de que dispondrán los Gobiernos autonómicos, particularmente a la vista de cuáles son las previsiones presupuestarias para el año 1985, según las cuales mientras la Administración central prevé reducir sus inversiones en un 1% en términos reales, se obliga a las comunidades autónomas a hacerlo en cerca de un 10%, por verse disminuido el Fondo de Compensación Interterritorial en dicho porcentaje. Esta preocupación es particularmente intensa en aquellas comunidades con mayores índices de población y que tienen un más alto nivel de transferencia de competencias y una problemática -a veces mal resuelta- de valoración de costes de transferencias. También lo es en aquellas que con un nivel todavía bajo de traspasos efectuados se ven obligadas a subrogarse en el cumplimiento efectivo de ciertos programas sectoriales de inversión como, por ejemplo, el de la vivienda, aprobados por el propio Gobierno de la nación, quizá no siempre con el realismo presupuestario exigible. En todos estos casos es esencial que se arbitren criterios claros para resolver sin mayor dilación, y por fuera del estrecho marco del Fondo de Compensación Interterritorial, el problema de alcanzar (de momento por las razones de la urgencia social que en muchos casos la crisis económica impone, y a la larga por razones simplemente de equidad) la adecuada satisfacción del principio recogido en la LOFCA -y al que obliga la propia Constitución- de garantizar un nivel mínimo de servicios básicos al ciudadano en cualquier territorio en que éste resida.

Nos enfrentamos hoy en el país a una situación general de las finanzas públicas que sin duda no admite alegrías de ningún tipo, y de ahí que las perspectivas de evolución global de los presupuestos de las Administraciones públicas sean ciertamente preocupantes. Cabría esperar por ello una mayor vigilancia y rigor frente al crecimiento desordenado del gasto por parte de todos, y en particular por parte de la Administración central, pues no hay que olvidar que en ella reside la responsabilidad básica de eliminación de todo riesgo de duplicación del gasto, ayudando con energía al más eficaz traspaso de las competencias y de los recursos a que las comunidades autónomas tienen derecho en función de sus estatutos. Por otro lado, con dicha actitud reforzaríamos entre todos el tan necesario espíritu de sincera colaboración entre niveles de gobierno distintos, el cual, si quiere tener un futuro asegurado, necesariamente ha de acercarse cada día más al modelo descentralizado de toma de decisiones y de asignación de los recursos propios del sistema del federalismo cooperativo.

Inversiones regionales

Es evidente que un modelo tal choca de frente con la evolución de los hechos que a veces parece estarse produciendo -particularmente en ciertas instancias de la Administración central- de un cierto intento de vuelta atrás y de recuperación de atribuciones por la vía del control de los recursos financieros de que dependen las inversiones asociadas a competencias transferidas, aun a sabiendas de lo que ello implica de riesgos ciertos de pérdida de eficacia o de duplicación burocrática del gasto.

En este país existe a nivel regional una clara idea de cuáles han venido siendo en el pasado, remoto y no tan remoto, las limitaciones y los efectos de la política regional de inversiones públicas que se deduce del análisis de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente por lo que se refiere a ciertas consecuencias distorsionadoras sobre la oferta del capital social de infraestructuras y servicios en determinadas áreas.

Esto puede decirse -quizá con cierta contundencia- cuando uno escribe precisamente desde el ámbito de una comunidad autónoma como Cataluña, en donde en los últimos 14 años se ha venido dando un porcentaje medio de participación en la inversión pública regionalizada en el mejor de los casos no superior al 10% del total, cuando el peso de la población, y por tanto de la demanda de atenciones sociales de esta comunidad autónoma sobre el total nacional, es de un 16%, consagrándose con ello una evidente falta de presencia del sector público en, por ejemplo, equipamientos sociales tan básicos como la sanidad y la enseñanza.

Hoy día tenemos la posibilidad y la responsabilidad de intentar entre todos, después de las enseñanzas que se derivan de una larga etapa de decisiones centralistas cuyos defectos y distorsiones son bien visibles, la puesta en marcha de un nuevo sistema de relaciones y de políticas de gobierno que optimicen el conjunto de las decisiones en un nivel global, pero también en el nivel territorial. Se nos exigirán responsabilidades algún día si por alguna razón (entre ellas los riesgos de cambio que ello implica) acabáramos demostrándonos incapaces de lograrlo y hasta de intentarlo seriamente.

es director general de Programación Económica de la Generalitat

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de agosto de 1984