Locos por la libertad

Los psiquiatras no lo incluyen en su nota de protesta. A fin de cuentas es una revelación sangrante de las muchas que se han puesto en evidencia cada vez que ocurre una disputa política en una provincia. A Virtudes no se la ha enseñado como una loca de escaparate. En realidad lo que se quería mostrar eran las condiciones vejatorias en las que viven locos como Virtudes, para que un ayuntamiento abandonara ese manicomio y lo sustituyera por otro más moderno, un hotel propiedad de un concejal.Siempre que en España se ha sabido de locos ha sido cuando los psiquiatras han sido relevados de sus puestos, cuando ha habido un cambio de titulares al frente de un ayuntamiento o una diputación provincial y cuando se han enfrentado grupos de distinto signo político. Sucedió con las huelgas de los MIR, durante el mandato de UCD, y ahora en las provincias en las que los partidos políticos se reparten el poder local y regional.

Salvo el caso aislado de Asturias, ninguna comunidad autónoma, y menos el Estado, ha afrontado la reforma de los manicomios españoles. En este país que fue, por herencia de la civilización árabe, pionero del mundo cristiano en atender a los enfermos mentales, la asistencia psiquiátrica continúa en manos de la beneficencia, exactamente igual que en el siglo XV, cuando se fundaron los primeros manicomios de Europa.

De los 118 manicomios abiertos en España, 50 pertenecen a entidades particulares que atienden a 5.219 camas; 37, con 22.910 camas, a las diputaciones provinciales; 20, a congregaciones religiosas -en su mayoría a los hermanos de San Juan de Dios-; ocho, a la Dirección General de Sanidad; dos dependen de ayuntamientos, y uno corresponde al Ministerio de Justicia.

Asilos de ancianos

Esta dispersidad es uno de los factores que más dificultan el abordaje de una reforma global de la asistencia psiquiátrica en España. Una asistencia que se enfrenta a más de 45.000 supuestos locos cuya permanencia en los manicomios se desglosa así: un 12,2% co rresponde a ingresos en el último año, y el 52% lleva recluido más de 30 años. Es decir, más del 66% de la población recluida tiene más de 50 años de edad. Estos datos evi dencian que los manicomios son, por encima de todo, asilos de an cianos que reciben la calificación de locos por la única razón de ser pobres y no tener ningún familiar que los asista. No se dispone de datos referidos a la asistencia psiquiátrica privada, pero el hecho de que ésta no sea gratuita facilita que los tiempos de internamiento no sean tan prolongados como en los centros públicos.

Aunque la subsistencia de la mayoría de los centros pgiquiátricos depende de las diputaciones -invierten un tercio de su presupuesto global en la asistencia benéfica, a la que están acogidos los mamicomios-, no todos son propiedad de los organismos provincíales. La mayoría están ubicados en viejos edificios procedentes de la desamortización eclesiástica del siglo pasado. Los regentan asociaciones religiosas a quienes las diputaciones transfieren una cuotá de unas 1.000 pesetas por. cada asilado. En opinión de los psiquíaIras, las cuotas constituyen otro de los factores que contribuyen a la estancia excesivamente prolongada de los enfermos en los manicomios; cuanto más tiempo permenezcán, independientemente de su estado mental, tanto más se percibirá la asignación pública. La condición asilar de los manicomios viene reforzada también por el reducido número de especialistas destinados en cada manicomio. La mayoría de ellos son macroasilos con capacidad para.unas 1.000 camas, cifra que los expertos consideran absolutamente inadecuada para una asistencia racional a los supuestos pacientes. La circunstancia del manicomio de Gerona, que hasta hace unos meses contaba con un director médico y cuatro residentes para atender a más de 800 internos, revela los límites en los que se sitúa la locura en España.

En hospitales como los de Jaén, Sevilla, Málaga, Oviedo, Valladolid, Albacete o Huelva se llevaron a cabo tímidos intentos por modificar esa situación al grito de "¡Salta la tapia". Psiquiatras como el director actual de la salud mental asturiana, José García González, y el director de La Candellada, Víctor Aparicio; Manuel González Chávez y Enrique González Duro, que trabajaron en Andalucía; Luis Cabrero, en Cataluña, y tantos otros antiguos militantes en partidos situados a la izquierda del PSOE, fueron apartados de la dirección de sus centros cuando la izquierda accedió al poder de la Administración local. En los casos de González Duro y Cabrero, ambos de reconocido prestigio, se ha llegado a privarles de empleo.

Salvo el caso de Asturias, donde los recelos políticos se han soslayado en beneficio de una política sanitaria coherente, el resto del país registra programas aislados sin coordinación. En Madrid se da el caso de que el ayuntamiento ha puesto por su cuenta hasta tres psiquiatras en una casa de socorro, el mismo número de especialistas asignado a la unidad de asistencia mental de un hospital como el Ramón y Cajal. Una comisión ministerial para la reforma psiquiátrica, creada hace un año, no se ha reunido una sola vez desde que se constituyó. Todos los proyectos de reforma iniciados durante el franquismo y con la UCD se encuentran paralizados, a la espera siempre de la aprobación de la ley de Sanidad, cuyo artículo 23 contempla la salud mental dentro del sistema sanitario general. Una espera harto prolongada que desde el Ministerio de Sanidad aseguran no pasará del próximo mes de septiembre.