Cuestiones previas a la concertación de septiembre / 1
En los primeros días de agosto se suspendieron las conversaciones iniciadas poco antes con vistas a la firma de un pacto social, previsiblemente en septiembre, antes de la remisión al Congreso de los Diputados, de los Presupuestos Generales para 1985. El pretendido Acuerdo Económico y Social (AES) abarcaría la segunda mitad de la legislatura, en un intento de incorporar a las organizaciones patronales y sindicales a una política económica en la que hasta ahora primó de forma absoluta el monetarismo, con un desdén considerable respecto de cualquier concertación con los sectores económicos y sociales.En este momento, lo más interesante de esas conversaciones consiste en que el Gobierno ha puesto sobre el tapete algunas de sus previsiones económicas para los próximos años. Sin embargo, no es el objetivo de estas líneas hacer un comentario de las incidencias de las primeras jornadas o encuentros triangulares Gobierno-patronal-sindicatos. Ya se han ocupado ampliamente de ello los medios de comunicación social, y ha habido, además, tomas de Posición muy .concretas por los responsables más destacados de los tres lados del triángulo.
¿Una operación tardía?
Lo que voy a intentar es señalar algunas cuestiones que me parecen previas a la concertación a que se aspira, que en cierto modo son el origen de ella misma, y que ponen de relieve las limitaciones de la actual política económica.
Primero de todo, creo que la concertación, casi dos años después de haberse formado el actual Gobierno, se ha planteado como una operación más bien tardía. En diciembre de 1982, las autoridades económicas parecían tenerlo todo previsto, y, se disponían a trabajar sobre el cuerpo social español como si fuera de cera virgen fácilmente moldeable. Las cosas se han revelado más difíciles, entre otras cosas porque los métodos empleados han sido considerablemente herméticos: con decisiones insuficientemente discutidas con los protagonistas sociales, e incluso nada debatidas en los dos órganos de la soberanía popular, el Congreso y el Senado.
Las acusaciones de hace algo más de una década a la política económica de los Gobiernos de entonces -de tecnocrática, autoritaria, sin consultas previas, etcétera- pueden ser trasladadas a hoy, ciertamente en un marco de democracia política, pero con ribetes de despotismo, no sé si ilustrado, en materia económica.
Buena prueba de todo ello es la circunstancia de que hasta el presente, el actual Gobierno se ha mostrado reacio a la idea de combinar planificación y mercado. En tiempos, el PSOE prometió crear el Consejo Económico y Social a que se refiere el artículo 131 de la Constitución. Pero luego se prefirió el Casi habsburguiano sistema de un valido para la economía; de un superministro, como dice la prensa. Y, desde luego, nada propicio a contrastar sus propósitos con los sindicatos y la patronal, por mucho que después tengan enormes consecuencias en términos de coste y de que, en definitiva, a causa del déficit del sector público se acabe por bloquear cualquier proyecto serio de relanzamiento endógeno, esto es, más allá de lo que puedan suponer el tirón, internacional o el cosechón del siglo.
Del Libro Verde al presupuesto
No se creó el Consejo Económico y Social, a pesar de que se prometió. Y el Libro Verde proyectado, de un plan económico para 1983-1986, quedó en mero "programa económico a medio plazo", con la excusa de que no cabe planificar sin el Consejo constitucionalmente previsto. Pero lo más grave es que el programa cuatrienal (los no se sabe cuántos folios, preparados por ya no se recuerda cuántas comisiones en la Secretaría de Estado de Planificación), con las indecisiones propias de quienes consideran que planificar en vez de reducir la incertidumbre y de ayudar a construir el futuro es una acción más bien perniciosa, se vio relegado, por el transcurso de un año perdido, a programa trienal, y poco a poco fue cayendo en el olvido, para finalmente quedar todo a merced de las rutinarias previsiones presupuestarias del año a año.
Esa falta de planificación, que ha tenido un elevadísimo coste, se intenta compensar ahora con la prometida concertación. Pero es difícil pensar que la potencial labor continuada de un Consejo Económico y Social pueda sustituirse por unas pocas sesiones apresuradas, en las cuales la información se presenta con la calidad técnica inaceptable que caracterizó a la cuantificación hecha el pasado 2 de agosto por el propio Gobierno, cuando insólitamente se anunció que sería posible crear 700.000 nuevos empleos en los dos años que restan de legislatura. Para sólo un día después -se supone que tras severa reprimenda- tener que desdecirse el propio ministro de Trabajo, diciendo que todo aquello no era más que un "puro ejercicio aritmético..., sólo entregado ante la insistencia de CC OO por conocer las previsiones del Gobierno en este sentido". Semejantes palabras habrían sido suficientes en otras latitudes políticas para dimitir del cargo por ostensible irresponsabilidad técnica y política y por la más elemental falta de respeto a las partes en presencia.
Malos recuerdos del ANE
Si no hay novedades a finales de agosto, la concertación a dos años, el Acuerdo Económico y Social que se persigue, puede convertirse en algo tan tristemente lamentable como aquel Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) que en 1981 propuso y logró que se firmara -por sindicatos, Gobierno y patronal- Leopoldo Calvo Sotelo. Todo lo allí prometido quedó incumplido. Los célebres 350.000 puestos de trabajo ofrecidos entonces, para los 18 meses que quedaban hasta diciembre de 1982, se convirtieron en realidad en más de 300.000 parados adicionales.
Es imposible creer que simplemente con un Acuerdo Económico y Social 1984-1986 vayan a sentarse las bases de creación de empleo, sin contar con un verdadero balance de nuestra población activa, sin disponer de unos proyectos concretos de paquetes de promoción de trabajo en las distintas actividades económicas, sin prestar una ayuda resuelta a las pyme (que, por lo demás, quedan por entero faltas de representación en las negociaciones), sin un programa de empresas públicas que haga pensable que el déficit del INI y del resto del sector productivo del Estado no va a seguir por el plano inclinado del fácil expediente del recurso al Tesoro Público. Todo eso, y mucho más, sería necesario para un acuerdo realmente creíble y firmable. Seguiremos mañana.
