La reconversión industrial y sus contrapartidas serán incluidas en el Acuerdo Económico y Social que se negocia

ENVIADO ESPECIAL, La reconversión industrial será incluida en las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos de Acuerdo Económico y Social (AES) para los dos años que restan de legislatura, junto con los presupuestos del Estado y el pacto salarial. Al anunciar ayer en un curso celebrado en Santander que los proyectos reconversores "van a estar sobre la mesa", el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Segismundo Crespo, dijo que las contrapartidas en los tres frentes citados, serán importantes y que resultará inevitable para las centrales sindicales desviar sus reivindicaciones hacia una mayor participación en decisiones políticas, con el fin de defender tanto a los ocupados como a los trabajadores desocupados.

"La reconversión, o es negociada y tiene contrapartidas, o no será nada", dijo varias veces ayer tarde Segismundo Crespo, en el curso Exigencias y perspectivas sociales ante la reconversión industrial, que se celebra durante la presente semana en el Palacio de la Magdalena, de Santander, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Estas afirmaciones contrastan con la reciente modificación del Estatuto de los Trabajadores y de la normativa sobre las regulaciones de empleo, reformas mediante las cuales será innecesario que haya acuerdo en las negociaciones con empresarios y sindicatos para poner en marcha los proyectos de reconversión o los expedientes de regulación de empleo necesarios, hasta ahora casi limitados a crisis insalvables o a motivaciones tecnológicas.

No habrá mesa específica

El subsecretario precisó que, pese a estas modificaciones, la envergadura de los proyectos y la necesidad de pactos implantarán en la práctica la técnica de las reglamentaciones negociadas. Preguntado por mayores concreciones, dijo que la reconversión probablemente no dará lugar a una mesa específica en las negociaciones para el AES, interrumpidas por vacaciones hasta el próximo día 27, sino que complementarán los nuevos proyectos del Gobierno para el desarrollo de las recientes reformas del Estatuto de los Trabajadores y la promulgación de los proyectos de ley orgánica de libertad sindical y de protección al desempleo. Crespo indicó que el pacto salarial no será el aliciente fundamental para motivar a las partes y en especial a los sindicatos. Este aliciente puede estar en las enormes posibilidades que a su juicio, se abren de participación en la gestión del fondo de solidaridad propuesto por el Gobierno para crear empleo (saldría de aportaciones empresariales o sociales con cargo al porcentaje de aumento salarial, dotando el Gobierno su parte correspondiente), en la elaboración de los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social y en los proyectos de reconversión y de desarrollo de las tres citadas reformas legales.junto al anunciado decreto sobre prácticas y formación, que amplía el período de contratación y extiende la exoneración de cotizaciones sociales hasta el cien por cien para jóvenes y licenciados, el Gobierno llevará a la mesa nuevas normativas sobre expedientes de regulación de empleo que serán facilitados en caso de fusiones y segregaciones de empresas; la posibilidad de fraccionar las indemnizaciones y aplazar el pago de deudas empresariales; la alternativa a la supresión del artículo 56.4 del Estatuto de los Trabajadores, que obligaba al Estado a pagar entre el 40% y el 80% en casos de regulación dentro de empresas con menos de 25 trabajadores; y diversas compensaciones para los afectados por excedentes estructurales en la reconversión.

Entre estos últimos citó el derecho a subsidio de desempleo por una sola vez durante el período máximo legal (conocido por Ia puesta del contador a cero"), el complemento a cargo de los fondos de promoción de empleo, que garantizarán el 80% del nivel salarial de los últimos seis meses; y los anticipos de jubilación para trabajadores con 60 años o más, en cuyo caso se garantizará el 75% de la remuneración media de los últimos seis meses, actualizable mediante unos coeficientes.

Según el subsecretario, el único colectivo que no tiene actualmente incentivos a la colocación es el de las personas entre 20 y 45 años, para quienes en el futuro se introducirá dentro de los planes de reconversión.

Aunque declinó citar el número de trabajadores afectados por excedentes con motivo de la reconversión, Crespo dijo que un 32% corresponden al País- Vasco, un 22% a Asturias, un 15% a Galicia, el 6% a Madrid y Valencia y el 4% a Cataluña. Calificó de absolutamente exagerada una estimación que los cifra en más de 130.000. Tampoco se pronunció sobre cuántos podrán ser recolocados, ni sobre las dotaciones presupuestarias estimadas para cubrir los excedentes. En medios de la Administración, no obstante, circula la cifra de 168.000 millones de pesetas, de los cuales la siderurgia integral requeriría más de la mitad (unos 75.100 millones de pesetas) y la construcción naval cerca de un tercio.

El núcleo duro

El subsecretario afirmó que el núcleo duro de la reconversión será afrontado entre este año y el próximo y que las tres cuartas partes de las personas afectadas se centran en cuatro sectores: siderugia integral, aceros especiales, grandes y pequeños astilleros y electrodomésticos de línea blanca. Junto a ellos, serán terminados los proyectos acogidos a la ley de 1982 y afrontados otros proyectos para sectores como fertilizantes, electrodomésticos de consumo, telecomunicación, máquina herramienta, bienes de equipo eléctrico, y a empresas específicas como Hunosa, ERT y Babcok Wilcox.