Algo más que una espesa nube de sabor americano

LA OPERACIÓN de represión del contrabando de tabaco emprendida por los socialistas a su llegada al poder, arrojó unos resultados tan fulgurantes a los pocos meses de su puesta en marcha, que parecía que el Gobierno había entablado una batalla contra los molinos de viento, en la que las tramas de intereses y las grandes fortunas se tornaban en nube de verano ante la sola aparición, en un escenario político y social de arraigado caciquismo, de un Ejecutivo con ganas de coger el toro por los cuernos. Han transcurrido ocho meses tan sólo desde el gran golpe asestado en diciembre de 1983 a las grandes familias que controlaban el negocio del contrabando en Galicia, y ya es evidente que la batalla va a ser larga, y los resultados del lance, contradictorios, pues si en el primer trimestre del año 1984, como consecuencia del desmantelamiento de la red gallega, el tabaco americano ilegal casi desapareció, este verano los contrabandistas han logrado recuperar, según fuentes gubernamentales, el 80% de su cuota de mercado.

En declaraciones a este periódico (véase página 11), el gobernador civil de Pontevedra, Virginio Fuentes, que ha sido la punta de lanza en la represión del contrabando, afirma con preocupación que "se corre el peligro de recuperar los niveles de ventas de tabaco ilegal que existían antes de la operación de diciembre de 1983, aunque mantendremos la presión", al tiempo que se reconoce impotente para frenar con planteamientos puramente policiales el fenómeno del contrabando. El Gobierno no sólo tiene enfrente a un tinglado artesanal de pequeños contrabandistas que buscan en esa actividad un modo de vida, sino a una industria bien organizada, con gran capacidad de movilización financiera, que, a la vez que conecta con grandes interes en el exterior, genera una trama interna de medianos y pequeños beneficiarios que dan respaldo social a una actividad delictiva.

La operación emprendida en diciembre de 1983 permitió la detención de 449 personas, de las que 101 han sido acusadas de delitos de contrabando, y 348, de infracciones administrativas -el valor de lo aprehendido es inferior a un millón de pesetas-, que se sancionan con multas cuya cuantía oscila entre, un máximo del 200%. del valor aprehendido y un mínimo del 50%. Tras los cambios efectuados en los mandos de las fuerzas de seguridad en Pontevedra fue procesado un cierto número de guardias civiles de los puestos de El Grove, Cuntis, Pontevedra y Cambados por supuesta corrupción, y al mismo tiempo se efectuaron cambios de destino de otros, agentes para facilitar la investigación y el control del transporte ilegal de tabaco en el interior, una vez que la mercancía llegaba a tierra firme.

De resultas de esta operación, en los primeros meses de 1984 se incrementó la venta de tabaco rubio distribuido por Tabacalera en 100 millones de cajetillas, lo que supuso un beneficio d e 11.000 millones para el monopolio y unos 7.000 millones de pesetas de ingresos para Hacienda.

Son muy diferentes, por el contrario, los resultados conseguidos en la lucha contra el poder económico de los contrabandistas. Se ha tratado infructuosamente de interceptar los circuitos financieros utilizados por étos para disponer de grandes sumas de divisas en pocas horas. Las investigaciones sobre más de 400 cuentas bancarias emprendidas ya hace meses no arrojan otro resultado que el procesamiento del director de una pequeña sucursal bancaria. La red financiera interna permanece, por tanto, intacta, mientras crece la exterior, toda vez que los contrabandistas colocan gran parte de sus beneficios en el mercado internacional. El Gobierno estima en 30.000 millones de pesetas la evasión de capitales producida con el contrabando de tabaco en un solo año, y está convencido de que si no logra estrangular los circuitos financieros del mismo, éste se reproducirá inexorablemente, como las estrellas de mar.

El Gobierno ya sabe hoy que no logrará minar el potencial económico de la industria del contrabando me diante las capturas de la mercancía, pese a que en oca siones el valor de lo aprehendido se cuente en miles de millones de pesetas. Los grandes contrabandistas se han replegado a alta mar y dejan a una serie de organizaciones atomizadas la operación más arriesgada de colocar la mercancía en la costa para su posterior reexpedición al mercado en alijos cuya interceptación no va a constituir delito, por no sobrepasar el millón de pesetas. De ahí que las investigaciones se encaminen hacia la actividad bancaria que genera el contrabando, aunque hasta ahora sin resultados positivos.

La batalla social contra el contrabando es también ardua tarea para las autoridades, y en ello influyen los más variados factores. Algunos posiblemente derivados de la distorsión que todo monopolio supone para el mercado: es difícilmente verosímil que un gran sector de fumadores prefiera el tabaco de contrabando si éste, además de ser más caro, por regla general, fuera peor que el de Tabacalera Española, tal como ésta afirma. Mientras haya consumidores dispuestos a pagar más dinero por un tabaco que le sabe mejor, siempre habrá quien quiera aprovecharse de ello, aun corriendo un riesgo, por otra parte no muy alto: la frontera portuguesa está próxima para unos, y para, otros, entre los que se encuentran algunos de los supuestos capos del negocio, está la libertad bajo fianza. Así, José Ramón Prado, Sito, considerado en el auto de procesamiento uno de los tres jefes de Ros, Sociedad Limitada, la más importante organización desarticulada en diciembre, ha recobrado la libertad por 20 millones de pesetas en concepto de fianza, mientras Ramiro Martínez y Olegario Falcón, que componen con él el trío directivo de Ros, lograron burlar en su día la acción de la justicia.

El Gobierno es consciente de que el contrabando es popular en aquellas zonas en que además de un gran negocio para unos pocos es un modo de vida para muchas personas. Éste es el caso de Galicia, especialmente en las poblaciones costeras del Pontevedra. La política no se escapa a la influencia de este fenómeno, y acaso eso explique el silencio de meses de la Xunta de Galicia, roto, después de que públicamente se le recriminara tal actitud, para acusar al Gobierno de "escasa comprensión del estado autonómico" al no tenerle informado de una operación "que indudablemente ha de afectarnos social y económicamente". Salía la Xunta de su silenció para explicar que "su prudente ' actitud" en relación con el asunto del contrabando obedecía a que, "no teniendo los elementos de juicio sobre la situación en el momento concreto, no sería ni serio ni propio de una institución de la más alta representación aventurar opiniones que sólo caben a título particular y que en el contexto actual serían una voz inútil en el desierto de la incomprensión autonómica".

Ha pasado un año de esta declaración oficial, y el hecho más notable generado por el Gobierno gallego en relación con uno de los mayores fraudes que sufre el país es "la entrevista casual" -según la versión oficial de la Xunta- mantenida en la localidad portuguesa de Vilanova de Cerdeira por su presidente, Fernández Albor, con varios contrabandistas huidos de la justicia española. Si esta entrevista sirvió para que al fin el Gobierno gallego forme opinión es asunto que se desconoce. En cualquier caso, el gesto sólo contribuye a, dar pábulo a quienes ven complicidades en el silencio de la Xunta. Ante el fenómeno de la connivencia social con el contrabando, el gobernador civil de Pontevedra vuelve su mirada a los tribunales y piensa en el "elemento ejemplarizante" que supondría una sentencia rápida en relación con el sumario 65/1983, que instruye la Audiencia Nacional. Largo se lo fía el gobernador.