Tormenta de verano en el País Vasco

LOS PRIMEROS días de agosto han registrado una paralización casi absoluta de la vida política española, y el descanso practicado por la gran mayoría de los ciudadanos ha sido imitado por los dirigentes políticos y el propio Gobierno. La realidad conflictiva por la que se desenvuelve la vida pública en el País Vasco no ha dado, lamentablemente, respiro este verano, y los atentados y las agresiones terroristas han reclamado también su protagonismo. No es, por tanto, ilógico que toda la sociedad española mire con cansancio, resignación y hasta hastío este problema que parece haberse enquistado con singular dramatismo en el escenario de nuestra vida en libertad . Ésta es probablemente una reflexión, de cuya importancia y significado tanto los dirigentes del Gobierno como los del Partido Nacionalista Vasco suelen meditar escasamente cuando se lanzan a esas baladronadas dialécticas, inútiles en su efectividad práctica, y que sólo cultivan la perplejidad de la opinión pública.Es un hecho cierto, avalado ayer mismo con la expulsión de Francia a la República Dominicana del terrorista Antxon y la concesión por el tribunal de Pau de la extradición en principio de otros cuatro activistas, que la colaboración de los países europeos y la actividad policial están consiguiendo éxitos notables. Los dirigentes de Herri Batasuna expresan en sus intervenciones públicas con bastante claridad que el cerco policial está restando eficacia a los planteamientos de los terroristas y que la impunidad para las acciones de ETA ha dejado de ser una constante.

Pero el Gobierno del PSOE no puede caer en este simplismo. El éxito de la acción policial es condición necesaria para la erradicación de la violencia y la devolución de un sistema de libertades al País Vasco, pero no constituye condición suficiente para la normalización de la vida pública de aquella comunidad. Las últimas elecciones al parlamento de Vitoria vinieron a confirmar una vez más que la singularidad del llamado problema vasco no es homologable a los existentes en otros territorios del Estado. Esta singularidad, claramente expresada en las urnas, da a este problema una dimensión eminentemente política, que se superpone a cualquier otra consideración. Este problema hunde sus raíces en realidades históricas y sentimientos de la población sólidamente establecidos. Por ello la completa solución del problema no está a la vuelta de unos pocos años.

La realidad, sin embargo, debería de aconsejar a los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, como fuerza mayoritaria de aquella comunidad autónoma, y a los dirigentes del PSOE, no dramatizar innecesariamente los problemas cotidianos. El bloqueo de las negociaciones entre ambos Gobiernos sobre el traspaso de competencias y el frontal desacuerdo entre las dos administraciones sobre su valoración y la repercusión del cupo a satisfacer por Vitoria a la Hacienda del Estado, no puede dar lugar a ese reciente carrusel de despropósitos que han constituido las declaraciones públicas del ministro de Administración Territorial, del delegado de Gobierno y que culminan con las manifestaciones del propio lendakari en la inauguración del batzoki de Orio. Esta intervención de Garaikoetxea plateando prácticamente las relaciones con el Gobierno central en el ámbito de dos Estados soberanos son simplemente grotescas.

No tiene mucho sentido esa obsesiva tendencia a la crispación cuando se están negociando temas en sí mismos discutibles y complejos, como la fijación del cupo o las condiciones de las transferencias de la Seguridad Social. Si tuviéramos que creer a la presidencia del PNV, éstos son los peores momentos de las relaciones Madrid-Vitoria. Para el vicepresidente vasco, la pretensión de los socialistas es convertir el autogobierno en una mera descentralización. Por su parte, los dirigentes del PSOE no pierden ripio para arrinconar a los dirigentes del Gobierno a las primeras de cambio.

El Gobierno del PSOE debe renunciar con urgencia a la tentación de obligar a los nacionalistas a dejar de serlo. En un Estado en que conviven desde hace siglos realidades históricas con señas de identidad claramente definidas, la estructura de poder no admite esquemas simplistas, máxime si se parte de una situación empantanada por cuarenta años de dictadura.

Pero el PNV también ha de racionalizar su comportamiento político. La erradicación de la violencia es un paso imprescindible y necesario para el futuro democrático del País Vasco, y cualquier tibieza o entorpecimiento en la política actual de orden público sólo puede ser interpretado como una manifestación de debilidad política del propio partido. La finalización de las actividades terroristas no es un argumento capitalizable políticamente por ninguna sigla, sino simplemente una necesidad para el asentamiento de las instituciones democráticas en el País Vasco y en España.