De la Quadra reprocha al Gobierno de Euskadi que sólo acepte el pago del cupo al Estado cuando resulta beneficiado

"Los representantes del Gobierno vasco interpretan la ley del concierto económico según les conviene. Cuando tienen que recibir 300.000 millones del Estado para la reconversión industrial y tienen que pagar 62.400 de cupo, aceptan. Cuando tienen que contribuir a mejorar las comarcas más deprimidas de Andalucía, por poner un ejemplo, lo rechazan. Tal posición de incoherencia e insolidaridad no puede desembocar mas que en la incomunicación económica de Euskadi". Así valoró ayer a EL PAÍS el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, la "ruptura" de hecho de las negociaciones Administración central-Administración autónoma producida en la reunión del pasado lunes con e vicepresidente del Ejecutivo vasco, Mario Fernández.

Tomás de la Quadra respondió con firmeza a las advertencias incluidas en el comunicado que el Gobierno de Vitoria hizo público ayer, para explicar su posición tras la fracasada cumbre del lunes, y a ciertas insinuaciones que realizó el propio Mario Fernández en la conferencia de prensa que siguió a la citada reunión. El comunicado del Gobierno vasco lamenta sobre todo que el Gobierno central pretenda realizar una "modificación unilateral" del estatuto de autonomía, y señala que para evitarlo están dispuestos a "adoptar medidas que se sabrán oportunamente".El ministro de Administración Territorial responde que "es completamente falso" que se intente modificar el estatuto. "Eso es una cortina de humo para ocultar la cuestión de fondo: la insolidaridad y la incomunicación a que parece que quiere llegar el actual Gobierno vasco. Nosotros", señaló De la Quadra, "querernos respetar el estatuto y la ley del concierto, pero queremos que se haga estableciendo un sistema justo, para que el País Vasco contribuya proporcionalmente al interés general de España, al igual que lo hace cualquíer comunidad autónoma, y, sobre todo, de forma coherente. Es inadmisible que sólo reconozcan competencia del Estado en lo que les conviene".

Respecto a la adopción por el Gobierno vasco de las "rnedidas que se sabrán oportunamente", el ministro manifestó: "No podemos ceder a este tipo de amenazas. Por nuestra parte, la única medida que vamos a contemplar va a ser la negociación. No entendemos otro lenguaje". "Lo que ocurre", prosiguió, "es que hay quien se levanta y se inventa una cruzada. Hoy no interesa luchar contra molinos de viento, dicen, y así actúan".

Declaraciones 'absurdas'

Por último, en respuesta a las de claraciones de Mario Fernández en la conferencia de prensa de la noche del lunes, en el sentido de que si se desvirtúa el estatuto quienes salen beneficiados son los que lo atacan -mención indirecta a Herri Batasuna y ETA-, De la Quadra señaló que "este tipo de declaraciones son absurdas y esconden un complejo cierto con respecto a quienes practican la lucha armada. Es pueril pensar reacciones contrarias de la gente que practica o apoya la lucha armada porque no se transfiera determinada competencia, cuando han rechazado cosas importantísimas para la autonomía vasca, como la concesión de la amnistía política; la aprobación del estatuto de autonomía y la ley del concierto económico".

El problema que subyace tras este conflicto, que ha situado las relaciones entre el Gobierno vasco y el Gobierno central en un punto de elevada tensión, es la distinta valoración económica que una y otra parte realiza de los servicios generales del Estado en la comunidad autónoma y la cuantía del cupo que los vascos deben pagar por estos servicios y las competencias no transferidas.

La ley del concierto económico es un privilegio de que goza Euskadi en atención a su tradición histórica. Significa que el Gobierno vasco puede recaudar impuestos en su territorio y con esa cantidad financia el funcionamiento de la comunidad autónoma, excepto lo que es del Estado. La cantidad fijada en la mencionada ley para el cupo es del 6,24% del total de lo presupuestado en toda la nación para ese servicio.

Asi por ejemplo, si el Estado calcula que la inversión para llevar a cabo la reconversión industrial es de un billón de pesetas, los vas cos deben pagar de cupo el 6,24% aproximadamente 64.400 millones de pesetas, cuando está previsto que toda la nación invierta en la reconversión de Euskadi 300.000 millones. En este caso concreto, como la diferencia es favorable para el Gobierno de Vitoria, sus negociadores en Madrid están de acuerdo en que ello sea competencia del Estado, para pagar un cupo mucho menor de lo que obtienen. Sin embargo, si se produce un estado de necesidad especial en cualquier otra zona del territorio rural español, como pueden ser unas inundaciones o una sequía prolongada, al tener el Gobierno vasco asumidas las competencias del IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario) no debe pagar ese cupo del 6,24%, ya que así lo dice la ley del concierto.

Esta situación puede llevar, según el ministro, a situaciones de insolidaridad e incomunicación del País Vasco respecto a España, hecho que el Gobierno de Felipe González no piensa aceptar.