Lo que dicen y lo que hacen

El presidente del Gobierno se lamenta con insistente frecuencia de las insuficiencias de la política informativa de su propio Gobierno: "Hemos dedicado el 95% del tiempo a la gestión y sólo el 5% a informar de lo que hacemos", ha llegado a decir.No voy a discutir estos porcentajes. Me parece más interesante introducir, en relación con el tema de la información que emana del Ejecutivo, la cuestión de su distribución en el tiempo; esto es, el volumen de información que se ofrece antes y después de cada decisión política. En efecto, el Gobierno socialista acostumbra a hablar demasiado de lo que va a hacer y muy poco de lo que hace. La razón es, obviamente, que del dicho al hecho hay mucho trecho.

Uno de los más llamativos y escandalosos ejemplos de este comportamiento es lo anunciado y lo realizado en todo el tema fiscal, y concretamente en el proyecto de ley de Tributación de Activos Financieros. En la información televisiva que siguió al Consejo de Ministros del 30 de mayo, en el que se aprobó el citado proyecto de ley -junto con el de medidas contra el fraude fiscal-, el señor Boyer decía, nada menos, que ambos proyectos significaban "el ataque más fuerte a las bolsas de fraude fiscal que jamás se haya realizado". Como es sabido, el proyecto ha tardado más de un mes en llegar a las Cortes, y en el camino se ha perdido lo esencial del mismo, de forma que ya no recuerda en nada a la idea primitiva del anterior secretario de Estado de Hacienda, José Víctor Sevilla.

Vergonzante artículo

Naturalmente, cuando lo que ha quedado del proyecto ha llegado al Parlamento, la acción informativa del Gobierno se limita a un vergonzante artículo del actual secretario de Estado de Hacienda, José Borrell -EL PAIS, 11 de julio-, cuya única finalidad es demostrar que, pese a los recortes sufridos, el proyecto de ley sigue siendo válido. La debilidad política que subyace en todo el penoso proceso atravesado por este proyecto se hace patente cuando el propio secretario de Estado concluye diciendo que, "rehuyendo a la vez los teoricismos y los voluntarismos utópicos, el proyecto de ley, cuando se aplique, va a conseguir que las rentas del capital tributen sustancialmente más de lo que ahora pagan". Hombre, claro: lo difícil sería el que todavía pagasen menos; aunque todo está por ver.Pero el párrafo reseñado no tiene desperdicio. La referencia a los "teoricismos" no puede entenderse sino como un intento de encubrir la propia incompetencia y la chapuza técnico-fiscal que anima a todo el proyecto. En cuanto al "voluntarismo utópico", o es un inocente eufemismo para designar la falta de decisión política o es el nombre del menú que cenaron en el palacio de la Moncloa la víspera del primer Consejo de Ministros deliberante de junio los banqueros y el presidente del Gobierno, y donde definitivamente se quebró "el mayor golpe al fraude fiscal de toda la historia".

Efectivamente, en la precipitada y ya famosa cena del presidente con los representantes de la banca se encuentra la clave del parón fiscal, y la lectura política que debe hacerse de la misma trasciende de los aspectos meramente tributarios. En efecto:

1. La forma misma en que se produce el encuentro, a propuesta urgente de la banca la víspera de un Consejo de Ministros y para discutir los asuntos que iba a tratar el Gobierno el día siguiente, dice muy poco en favor de la propia estima que tiene el presidente de su papel institucional.

2. La presión de la banca para dificultar la homologación fiscal de nuestro país con el entorno europeo es un exponente más de su insistencia en defender privilegios insolidarios con la situación de crisis económica y social de la nación.

3. El hacer concesiones en la lucha contra las bolsas de fraude fiscal, en un momento en que tantos sacrificios se están exigiendo a los trabajadores, pensionistas y jóvenes que no encuentran su primer empleo, es enormemente significativo a la hora de valorar el talante de la política económico-fiscal del Gobierno.

Privilegio para las rentas de capital

Porque, en definitiva, ¿qué es lo esencial del proyecto de ley que el Gobierno ha enviado al Congreso? Pues, sencillamente, que se admite un trato diferencial, de privilegio, para las rentas del capital, en relación con otras fuentes de renta, y concretamente con las rentas del trabajo. Esta discriminación se manifiesta en:1. La ausencia de retenciones en los Pagarés del Tesoro, que se traduce en la práctica en la falta de control de sus rendimientos y, por tanto, el que queden fuera del ámbito tributario; los máximos responsables del Ministerio de Hacienda han llegado a decir incluso que no les parece mal que el Estado tenga el monopolio del dinero negro, con lo cual se está avalando explícitamente la existencia del mismo.

2. Otro argumento empleado en defensa de la no retención es que mientras haya déficit público debe haber pagarés y que para que los pagarés tengan buena acogida en el mercado deben quedar fuera del sistema de retenciones; es una fórmula curiosa de enfocar el asunto, pero probablemente si se les incluyera dentro del sistema de control que suponen las retenciones, el déficit sería menor y también la necesidad de emitir pagarés.

3. Se garantiza en la práctica el anonimato fiscal, a través de una retención única del 45% para los activos financieros privados de interés implícito -letras, pagarés de empresa, etcétera-. Pero la garantía práctica de anonimato va a ir acompañada además de un importante fracaso recaudatorio, por el juego del régimen transitorio de la ley y el largo período transcurrido entre su aprobación por el Consejo de Ministros y su publicación por el Boletín de las Cortes. En efecto, aprovechando este largo período, los intermediarios financieros se han provisto de una abultada y variada cartera de títulos, emitidos con anterioridad a la publicación del proyecto en el Boletín y, por tanto, sin que les pueda afectar la retención del 45%.

Sería de desear, desde una perspectiva de izquierda, que el Parlamento reconsidere al menos el inaudito régimen transitorio de la ley.

4. El hecho, reconocido por el señor Boyer, de que el levantamiento del secreto bancario ha quedado enunciado sólo en el terreno de los principios, lo que equivale a posponer su desarrollo normativo. Lo que verdaderamente interesa, la letra pequeña, queda relegada para mejor ocasión, y esperamos que no sea objeto de una segunda cena en la Moncloa.

Todo esto es suficientemente grave e ilustrativo de la distancia que media entre lo que los socialistas hacen y lo que decían que iban a hacer. Pero sobre todo es indicativo de una peculiar situación política: la escasa confianza y convicción en su propio programa de un Gobierno con 10 millones de votos y mayoría absoluta en el Parlamento.

Por eso, cuando el presidente del Gobierno habla de las insuficiencias de su política informativa -que, por cierto, todos sufrimos-, le viene al pelo la moraleja que Alicia escuchaba de la duquesa en el delicioso libro de Lewis Carroll: "Cuídese más del contenido, que las rimas ya se arreglan por sí solas".