La exacta imputación de ánimo de lucro, según la querella del ministerio fiscal

Las copias del texto de la querella interpuesta contra 25 antiguos consejeros y ex directivos de Banca Catalana, que llevan el registro OD668, indican literalmente, entre otros aspectos del caso, que el ánimo de lucro imputado a los querellados por las actividades relacionadas con la Caja B se basa en los términos de la jurisprudencia del Supremo. Según ella, constituye dicho ánimo cualquier actividad dirigida a la obtención "de cualquier ventaja, utilidad o beneficio incluso de finalidad meramente contemplativa o de ulterior beneficiencia". La auditoría de Price Waterhouse es uno de los documentos incorporados a los anexos de esta pieza acusatoria.Estas copias corresponden a la única versión literal del documento incriminatorio. Los textos utilizados por algunos abogados de la defensa, con papel oficial timbrado registrado en la serie OF529, no corresponden exactamente al original.

La acusación de distracción de bienes se fundamente literalmente en la jurisprudencia según la cual "el texto punitivo (del Código Penal) no contempla solamente las conductas de apropiación sino también, como queda dicho, las de distracción, que tienen un contenido diferente para el que le fue entregada y, por tanto, diversa de la apropiación, ya que de otro modo el legislador habría incurrido en una inútil redundancia terminológica", porque tal conducta se realiza cuando "el agente dio a la cosa mueble que le había sido confiada un destino para el que no había sido autorizado y que es incompatible con el título o causa legítima por el que la posee".

Los nombres de las 30 sociedades instrumentales financiadas por la Caja B que constan en la página 9 de su texto son los siguientes: Acti, Aneyper, Babynex, Balgarmo, Catalonia Banc, Catalonia Holding, Compañía General de Inversiones y Negocios, Cospi, Estinca, Espill, Explotaciones Turísticas Europa, Fidedi, Financiación y Factoring, Firesa, Intercontrol, Invermont, Invertap, Luce, Manresana de Valores, Plau, Pons y Sunyer, Promotora Comercial Catalana, Serpi, Servan, Singlar, Subvan, Sunyer y Pons, Terrenos y Recintos, Tipersa y Verein.

El texto de la querella describe las operaciones que se realizaron mediante dichas "sociedades de fachada", como las compras de acciones de otros bancos. Y añade: "A causa de su carácter instrumental, tras la crisis de Banca Catalana, todas estas sociedades quedan bajo la administración pasan a depender de la empresa Sunyer y Pons, que está dirigida por empleados de Banca Catalana y pasan a tener como domicilio social el de esa entidad bancaria".