La auditoría de Banca Catalana se realizó bajo el principio de "gestión continuada" y no a valores de liquidación

El texto de la auditoría realizada por Price Waterhouse pone en cuestión las críticas según las cuales fue realizando siguiendo criterios de liquidación del negocio. Con algunas reservas sobre los datos conseguidos, los auditores cifraron el agujero de Catalana en 63.855 millones de pesetas. Según sus datos, la situación fiscal del banco era bastante aceptable.

Algunas voces denunciaron en la época una supuesta "voracidad auditora", la realización de "valoraciones a precio de derribo" y una presunta operación de "hinchar los números del agujero". Nada de eso se desprende del texto de auditoría. El dictamen de Price Waterhouse -39 páginas concluidas en noviembre y entregadas a los administradores del Fondo de Garantía de Depósitos- indica, en su epígrafe 2, que el balance de situación del banco a final de junio "no ha sido preparado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y en consecuencia no presenta adecuadamente la situación patrimonial de Banca Catalana, SA".En su epígrafe 11, la auditoría expresa que "el balance de situación ajustado y reclasificado al 30 de junio de 1982 ha sido preparado" (por los auditores) "siguiendo el principio de gestión continuada y, por lo tanto, no pretende reflejar la situación que se produciría a dicha fecha en el caso de que el Banco no pudiera continuar como un negocio en marcha y tuviera, por lo tanto, que realizar sus activos y liquidar sus pasivos, contingencias y compromisos en condiciones diferentes y por unos importes distintos de los que se muestran en dicho Balance de Situación".

Pero si ése fue el criterio de los auditores, su conclusión era pesimista, pues afirmaban que "salvo que se obtengan los recursos adicionales necesarios, las siguientes circunstancias generan dudas sobre la continuidad del Banco como negocio en marcha", haciéndose referencia a continuación a la cuantía del déficit, a la subsiguiente disminución registrada en el pasivo y a la "posible pérdida adicional que se pueda generar por el soporte financiero adicional" que el Banco pudiera prestar "a las empresas participadas del grupo para mantener dichas sociedades en funcionamiento".

El dictamen pericial plantea también algunas cláusulas de salvaguardia o reservas sobre su propio trabajo, derivadas de la problemática exactitud de algunas partidas. Así, señala que los estados financieros de varias participadas han sido auditados por otras firmas, cuyas conclusiones ha utilizado, pero no asumido; que faltaba "un adecuado sistema de control interno" para el activo inmovilizado y, por tanto, para calcular sus amortizaciones; que no recibió de la dirección del banco la oportuna "carta de representación"; que no examinó los depósitos (dados por buenos); y que no se consolidaron los balances de todo el grupo, lo que habría supuesto la eliminación de algunas partidas -como la de la posición neta de depósitos en el BIC, por 9.026 millones de pesetas- con lo que el balance ajustado sería aún más negativo. Por todo ello, concluyen los auditores, "no podemos expresar una opinión sobre si el mismo refleja adecuadamente la situación patrimonial de Banca Catalana", pudiendo registrar algunas variaciones. De hecho, las conclusiones de los auditores serían muy similares a las obtenidas posteriormente por los administradores del Fondo de Garantía.

No a la liquidación

Los criterios utilizados o asumidos por Price Waterhouse para el ajuste de las grandes partidas fueron los siguientes. En el capítulo inmobiliario, el del "valor real para uso continuado" asignado a terrenos y edificios. Este criterio "presupone que las sociedades participadas del sector inmobiliario seguirán recibiendo apoyo financiero continuo y no se verán forzadas a liquidar sus existencias". En caso de que hubiesen de liquidarse, "el valor total de enajenación de dichos activos, suponiendo una venta sin el apoyo previamente mencionado, sería sensiblemente inferior". Las fuentes informativas utilizadas por la empresa auditora en este capítulo fueron tanto las procedentes de tasadores independientes como las estimaciones de técnicos del grupo Catalana (contrastadas en su mayoría, salvo en 10.959 millones, con las anteriores), que ofrecieron resultados muy similares.

Para valorar la cartera de títulos y participaciones se siguió, indica el dictamen, "el principio general del menor valor entre coste o mercado". Y para examinar las sociedades patrimoniales se utilizó un estudio sobre las mismas realizado por el propio banco. En dicho estudio se consideraba "con un valor cero la participación que tienen en Banco de Alicante dichas sociedades patrimoniales", valor que en la hipótesis de ser positivo disminuiría el capítulo de provisión para insolvencias y por tanto el agujero de la entidad. Esta valoración provocó en su momento una fuerte polémica, pero lo cierto es que el Banco de España, en un documento del 19 de febrero de 1982 ya había valorado a cero la cartera de acciones bancarias -1.029,5 millones nominales en el caso del Alicante- y que esta entidad arrojaba un déficit patrimonial importante por lo que en febrero de 1983 tuvo que reducir a una peseta el valor nominal de sus acciones, obteniendo 6.575 millones de ayudas procedentes del Fondo de Garantía y siendo finalmente adjudicada en subasta al Banco Exterior de España.

En las notas al balance reelaborado por Price, se explican algunos criterios utilizados para el ajuste. Así, no se periodificaron, por prudencia, los "intereses activos sobre los saldos de créditos y préstamos cuya recuperación se estima improbable". La provisión para insolvencias se estimó en base a "una evaluación de la recuperabilidad de los riesgos", siendo su importe "igual o superior al que se obtendría de la aplicación integral de las normas de la Circular 1/82 del Banco de España, sin acogerse al plazo de aplicación transitorio". El principal capítulo de estos riesgos era el de los créditos concedidos a las sociedades patrimoniales financiadas "básicamente mediante créditos concedidos por el grupo bancario", que totalizaban 18.833 millones de pesetas, 18.152 de los cuales se consideraron probables insolvencias.

En cuanto a la cartera de títulos, los de renta fija se valoraron a su coste de adquisición regularizado o al de su último cambio de cotización, y los no cotizados, a su coste de adquisición. Los de renta variable se valoraron "al más bajo coste de adquisición regularizado" o en base a "los últimos balances de situación disponibles". Y el inmovilizado material se presentó "a su coste de adquisición regularizado de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, menos la correspondiente amortización acumulada", aplicando el método lineal en función de la vida útil estimada.

Otras notas explicativas del balance son significativas. La nota cuarta señala que de los 18.009,4 millones de la cartera de títulos españoles de renta fija, 16.853,4 millones eran títulos no cotizados en Bolsa. Las participaciones empresariales del banco eran en general de carácter mayoritario: así, según coste de adquisición regularizado, 1.004 millones estaban en paquetes de empresas en que su participación era inferior al 20%, mientras que las participaciones superiores al 50% totalizaban 5.697 millones.

Finalmente, la situación fiscal de Catalana estaba bastante normalizada. Contaba con un acta del IGTE sobre el ejercicio 1981 de 176,3 millones y había interpuesto recursos contra actas del mismo impuesto anteriores a 1979 por un total de 559,1 millones, "considerándose remota la posibilidad de que este pasivo contingente, para el que no hay previsión, se materialice".