La policía retira los materiales de construcción en una urbanización ilegal de Arganda del Rey

Agentes de la Policía Municipal de Arganda del Rey ejecutaron ayer la orden de la Consejería de Ordenación del Territorio de la comunidad autónoma para que fueran retirados los materiales de obra y construcción de 41 viviendas en la urbanización ilegal Valdecorzas. La urbanización se encuentra en el kilómetro seis de la carretera de Arganda a Chinchón, a unos 20 kilómetros de Madrid. La operación de desalojo se desarrolló bajo la vigilancia de la Guardia Civil y en medio de una gran bronca vecinal. En los mismos terrenos, donde no se puede construir por ser rústicos y de protección especial, se derribaron 33 viviendas ilegales en 1981.

La promotora de la urbanización ilegal, que ocupa 300 hectáreas, es la empresa Valdecorzás, SA. Ha sido sancionada en dos ocasiones por el Gobierno Civil con multas por cuyo importe total supera los 50 millones de pesetas.Andrés Sánchez, de 48 años, parado por enfermedad, observaba indignado a los policías municipales que ayer retiraron de su vivienda unos cuantos ladrillos y dos sacos de cemento. "No es justo", dijo. "He construido yo mismo esta vivienda después de comprar con mucho sudor esta parcela, y ahora me impiden que siga adelante". En su segunda residencia, a la que se llega por un camino de tierra, la familia, compuesta por su mujer y cinco hijos, ha levantado una casa de dos plantas, con una pequeña huerta y algunas gallinas.

Los propietarios de parcelas en Valdecorzas aprendieron en Vallecas y Villarde, los barrios donde viven en su mayoría, a construir por la noche viviendas que la Guardia Civil derribaba de día. Hace cuatro años, con la intención de construir pequeños chalés, compraron parcelas, a 195 pesetas el metro cuadrado de las que según afirman desconocían el carácter rústico y la protección especial. La urbanización carece de la mínima infraestructura de agua, alcantarillado y alumbrado.

Insultos al alcalde

El comunista Pedro Díez, alcalde de Arganda del Rey, que presenció la retirada de materiales de las viviendas, fue insultado en reiteradas ocasiones por los propietarios de las casas. Díez bajo un sol de justicia, explicaba a los vecinos que "tienen que buscar un abogado y poner una demanda contra el señor que les ha vendido las parcelas, hasta conseguir que les devuelva el dinero. Ustedes saben desde el año 1980 que en esta zona no se puede edificar".Los vecinos replicaban que cuando les derribaron hace tres años las mismas viviendas que ahora ocupan pagaron al abogado Ángel López Montero -el mismo que defendió al ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero- para que interpusiera la demanda contra el promotor. "Hemos tenido mala suerte hasta con el abogado", explicó una vecina. "Le dimos 25.000 pesetas para provisisión de fondos y 1.000 pesetas mensuales durante un año, pero no sabemos siquiera si se ha interpuesto la demanda". Ninguno de los vecinos sabe exactamente cúal es su situación legal, pero nadie, según afirmaron, está dispuesto a marcharse. "¡Que busquen una solución!", piden los propietarios "porque ni nos vamos de aquí ni queremos estar al margen de la ley".

Felix Arias, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que asistió también a la requisa de materiales de obra, informó ayer que en la provincia de Madrid existen más de 100 urbanizaciones ilegales, que el organismo que preside está dispuesto a perseguirlas y aplicar la ley.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 19 de julio de 1984.

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