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Editorial:

Fugas

DOS DÍAS después de que el recluso Raymond-Vaccarizi fuera mortalmente abatido en la cárcel Modelo de Barcelona, a resultas de los disparos realizados desde fuera del recinto carcelario por un experto francotirador armado con un rifle de mira telescópica, se producía la espectacular fuga, en pleno día y a tiro limpio, de ocho internados en el mismo establecimiento penitenciario. En el desarrollo de la huida resultaron heridos dos guardias civiles de servicio en la prisión, sobre los que hicieron fuego los escapados, y también dos desprevenidos transeúntes, víctimas de las trayectorias de balas perdidas. Dos de los fuguistas fueron capturados, ya en la calle, casi inmediatamente, mientras que los seis evadidos restantes conseguían, al menos por el momento, su objetivo. La circunstancia de que uno de los escapados, el francés Robert Beraza, compartiera la celda con Vaccarizi ofrece materia suficiente para conjeturar una conexión entre el asesinato y la fuga. En cualquier caso, los medios policiales dan por descontado que la evasión fue planeada y dirigida por bandas mafiosas internacionales.El suceso puede suscitar comentarios de carácter general relacionados con la seguridad interior y exterior de las prisiones españolas, las amplias cuotas de poder de que disfruta el crimen organizado dentro de las galerías, el desbordado crecimiento de las redes transnacionales de delicuencia en nuestro territorio y las interferencias entre la Administración central y la Administración de las comunidades autónomas en el manejo de los servicios transferidos. Antes, sin embargo, es preciso recordar que la cárcel Modelo de Barcelona ofrece la muy singular característica de su localización en pleno casco urbano, rodeada de calles de abundante tránsito, enfilada por ventanas y terrazas de casas de vecindad y próxima a estratégicos centros de comunicación.

Resulta simplemente descabellado que la cárcel Modelo de Barcelona siga funcionando en ese entorno urbano. Ese establecimiento penitenciario, por lo demás, puede apuntarse el dudoso honor de ocupar un lugar preferente en la organización de motines y en la realización de fugas. A lo largo de los últimos seis años, el total de huidos de ese recinto asciende a 78 reclusos, que utilizaron los más variados procedimientos para conseguir sus propósitos. La fuga más sonada se produjo en junio de 1978, cuando 45 presos lograron evadirse a través de las alcantarillas, a las que llegaron tras haber construido un túnel desde la enfermería. En la presente ocasión, la fuga fue posible gracias a que los reclusos disponían al menos de cuatro pistolas, con las que redujeron a varios funcionarios, y a que el cabecilla de la operación, Jorge Eduardo Vilariño, ocupaba un destino de confianza que le permitía el acceso a la puerta de carga. ¿Cómo explicar, sobre todo después de un acontecimiento tan dramático como el asesinato de Vaccarizi, que las autoridades de la Modelo no fueran capaces de impedir la entrada en la cárcel o la ocultación en los cacheos de ese armamento? ¿Y cómo un preso con los antecedentes de Vilariño podía disfrutar de la libertad de movimientos que le proporcionaba su destino?

El director general de los Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación de la Generalitat, a la que han sido transferidas ya las competencias dentro de la comunidad autónoma, ha descargado buena parte de sus responsabilidades en la insuficiente y lamentable infraestructura penitenciaria recibida. Sería difícil poner en duda que los angustiosos problemas de nuestras cárceles, tanto en lo que se refiere a, su falta de seguridad como en lo que respecta a su escandalosa inadecuación para cumplir las tareas de "reeducación y reinserción social" de los presos que el artículo 25 de la Constitución ordena, es fruto de las imprevisiones y de las omisiones del pasado. Ahora bien, nada resultaría más ofensivo para los ciudadanos y más perjudicial para el buen funcionamiento del Estado de las autonomías que los esfuerzos para enfrentarse con el contenido de los asuntos, algunos tan dramáticos como el deterioro penitenciario, fueran relegados a un segundo plano en beneficio de una discusión formal sobre competencias administrativas.

A lo largo de los últimos años, el hacinamiento de las prisiones, las redes de complicidades o de permisividad trenzadas por el comercio de las drogas y el dinero de las mafias, la escasez de asignaciones presupuestarias para construir nuevos edificios, modernizar viejas instalaciones y ampliar plantillas, las resistencias administrativas para aunar el ejercicio de la disciplina con el obligado respeto constitucional a los derechos humanos de los internados y la generalizada insensibilidad de la sociedad hacia los problemas de la delincuencia marginal han convertido a las cárceles españolas en auténticos polvorines. Los asesinatos entre presos, las autolesiones, los motines y las fugas muestran las fisuras de los sistemas de seguridad interior y exterior de las prisiones y obligan a remontarse desde los efectos a las causas y desde los síntomas a los motivos últimos de esas patológicas manifestaciones de desorden. Las autoridades del Estado -también lo son los responsables de las comunidades autónomas- y los ciudadanos están obligados a plantearse los complejos problemas que ese desafío lanza a una sociedad preocupada no sólo por la seguridad, sino también por la solidaridad y la justicia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de julio de 1984