UGT asegura que no compartirá las previsiones económicas que aumenten el paro en 450.000 personas

El sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT) advirtió ayer al Gobierno, mediante un comunicado a la opinión pública, "que en ningún momento va a compartir ningún nuevo escenario macroeconómico que introduzca la destrucción de 450.000 empleos más a finales de 1986, en lugar de la creación de los 800.000 empleos contemplados anteriormente". El sindicato socialista puntualiza así unas declaraciones del ministro de Economía y Hacienda, 24 horas después de haberse producido, en las que Miguel Boyer aseguraba que "UGT no pide una política económica distinta".El comunicado afirma que UGT reconoce en su justa medida los grandes objetivos maeroeconómicos de la política del Gobierno, "tal y como se nos presentaron en su día, llámense reducción de la inflación, saneamiento del sector exterior o aumento del producto interior bruto (PIB)". "No obstante", señala la nota, "UGT viene insistiendo en la necesidad de introducir las correcciones necesarias en la aplicación práctica de las grandes magnitudes económicas que permitan cubrir nuestro objetivo principal: la generación de empleo". "De ahí", concluye el comunicado del sindicato socialista, "que la concertación social sea para nosotros el marco adecuado para introducir cambios en esa aplicación cotidiana de los objetivos macroeconómicos".

En su reunión con la CEOE, el pasado martes, el ministro aseguró a los empresarios que el Gobierno no estaba dispuesto a modificar su política económica y que UGT tampoco reclamaba tales cambios. Estas declaraciones del titular de Economía y Hacienda, a los pocos días de haber trascendido los nuevos escenarios elaborados para el programa a medio plazo del Gobierno, han provocado malestar en el sindicato socialista y perplejidad en los otros interlocutores sociales.

El secretario de acción sindical de UGT, José Luis Corcuera, declaró ayer en Barcelona que la futura concertación debe contener como requisito esencial el compromiso cuantitativo de aumentar las partidas presupuestarias públicas destinadas a fomentar el empleo. El compromiso gubernamental, según Corcuera, no debería determinar únicamente el volumen de las propias partidas, sino el número de puestos de trabajo que éstas crearán en relación al empleo público. "Es necesario comprometer", dijo, "la generación de contratos de trabajo a través del aumento del presupuesto del Instituto Nacional de Empleo (Inem) para que éste concierte con las comunidades autónomas planes de empleo público".

Las medidas propuestas por UGT en el marco del preacuerdo social no significan, según Corcuera, un cambio global en la política económica gubernamental, pero sí "una modificación importante en los temas fundamentales, es decir el paro y la cobertura del desempleo, de forma que la cuantificación de los sacrificios de los trabajadores asalariados repercutan de forma directa, a través de un acuerdo y de sus garantías correspondientes, en la creación de empleo y en el aumento de los fondos destinados al seguro de desempleo".