Las dificultades de un pacto social para el resto de la legislatura

Las nuevas conversaciones para lograr un pacto social están siendo propiciadas por el Gobierno, en un momento en que sindicatos y patronal habían relegado ya esta posibilidad ante la dureza de la política económica, y cuando su aplicación ha hecho resurgir con fuerza las diferencias internas del Gabinete. Mientras el Gobierno discute en Consejo de Ministros un nuevo plan económico a medio plazo, que fija subidas salariales medias del 0% y del -0,7% para el próximo trienio y que preve 2,7 millones de parados para 1986, Joaquín Almunia, ministro de Trabajo, indica a los sindicatos que el gran esfuerzo sobre moderación salarial se ha realizado ya y que está dispuesto a modificar el proyecto de Presupuestos del Estado para 1985.Las desviaciones en las previsiones gubernamentales de empleo, consumo e inversión, han trascendido a la opinión pública coincidiendo con la apertura de estas negociaciones, y cuando desde sectores del partido socialista y de la UGT se ha empezado a cuestionar con fuerza la dureza del ajuste del equipo Boyer. Esta coincidencia no ha pasado desapercibida para las partes sociales y así, en los primeros posicionamientos públicos de sindicatos y patronal, los interlocutores sociales han dejado muy clara su decisión de influir en la política económica del Gobierno.

No en vano Marcelino Camacho, secretario general de Comisiones Obreras, ha respaldado indirectamente a quienes desde el Gobierno o el PSOE se oponen a la política del titular de Economía y Hacienda ("Miguel Boyer es incompatible con la concertación"; o "el pacto debe hacerse desde el cumplimiento del programa electoral socialista y desde la creación de los 800.000 puestos de trabajo prometidos"). Tampoco ha sido gratuita la advertencia de CEOE, que coincide con las tesis de Economía y Hacienda, que no se pueden acordar trasferencias sociales que supongan incrementar el déficit público. Y UGT, con posiciones más condicionadas por su vinculación al PSOE, dice, y es verdad, que esta iniciativa del Gobierno ya supone un cambio en la política económica del gabinete González.

La concertación social, en este contexto, se presenta llena de incertidumbres y posibilidades. Las partes sociales desconocen hasta que punto el Gobierno está dispuesto a modificar su política económica en función de los pactos a que pueda llegarse. Las alternativas de mayores prestaciones sociales o mayor inversión para la creación de empleo suponen una alteración sustancial de los actuales planes de ajuste duro (reducción del déficit y de la inflación) del equipo de Miguel Boyer. La aceptación de nuevos sacrificios salariales, imprescindibles para el citado ajuste, es difícilmente asumible por Comisiones Obreras y UGT sin unas contrapartidas claras. La patronal, que coincide con los sindicatos en exigir una mayor inversión, no puede aceptar que el Gobierno renuncie a una política de contención del déficit público, y mucho menos ahora, cuando las últimas cifras han puesto de manifiesto que se está lejos de conseguir -a pesar del éxito del ajuste en precios o balanza de pagos- los compromisos de reducción del gasto público.

Finalmente, en la mesa de negociaciones, la Administración está representada por un representante de Economía y por un representante de la vicepresidencia del Gobierno, junto al Ministro de Trabajo, cuyas posiciones en algunos puntos no son coincidentes.