El Gobierno está dispuesto a superar en el pacto social los compromisos de UCD en el Acuerdo Nacional de Empleo

El Gobierno está dispuesto a asumir mayores compromisos en un futuro acuerdo social que los que sus antecesores de la Unión de Centro Democrático (UCD) aceptaron en el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE). El Ejecutivo socialista, por boca del ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, ha anunciado que está dispuesto a firmar -"y que quede en un documento escrito"- un pacto por dos años, en el que se recojan medidas de carácter fiscal, consolidación sindical, política económica, inversiones públicas y privadas, pensiones, e, incluso, con apartados referidos a política salarial. Sin embargo, las primeras reuniones celebradas entre el ministro de Trabajo, sindicatos y patronal, así como la realizada ayer entre Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, han puesto en evidencia las dificultades del acuerdo.

A pesar de las reticencias demostradas por el Gobierno para asumir compromisos semejantes al ANE, que supusieron un fuerte desgaste para el Gobierno de UCD, el Ejecutivo socialista ha señalado su disposición a suscribir un documento entre Gobierno, sindicatos y patronal en el que se recojan compromisos sobre empleo a crear, fiscalidad, política financiera, consolidación sindical y otros aspectos planteados por los interlocutores sociales. El acuerdo tendrá una duración de dos años y sobrepasaría en alcance y contenido al ANE. En él se incluiría un apartado específico sobre política salarial en el que se recogerían las orientaciones -posiblemente una banda salarial- de cara a la negociación colectiva. Las negociaciones serán dirigidas por Joaquín Almunia y contarán con la intervención directa del presidente del Gobierno.

Coincidir a grandes rasgos

En teoría CC OO y UGT coinciden a grandes rasgos en los contenidos del futuro acuerdo. Sin embargo, los dos grandes sindicatos no fueron capaces ayer de establecer una plataforma conjunta para llevar a las negociaciones con el Gobierno. Las diferencias se registran a la hora de descender a los puntos concretos del futuro pacto. CC OO exige una política alternativa a la que hasta ahora está siguiendo el Gobierno. Política alternativa que se encuentra recogida en el programa electoral del PSOE, o, al menos, en aquellos aspectos de marcado carácter social, y dentro de ellos, dos puntos fundamentales: el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y creación de 800.000 empleos. En todo caso, si tuviera que haber un sacrificio salarial, éste debería tener un reflejo inmediato en empleo o en contraprestaciones sociales. El excedente empresarial que se produjera tendría que destinarse a inversión o cobertura de paro. Y en esto está de acuerdo UGT.Al margen de ello, los dos sindicatos coinciden en que el acuerdo debe contener medidas fiscales -que beneficien a las rentas más bajas-, financieras -rebajar los tipos de interés-, de empleo -amplio programa de inversiones públicas-, de cobertura de paro, de pensiones, etcétera.

CC OO señala que no basta con hablar de un acuerdo generador de empleo, sino que el Gobierno debe comprometerse a crear los 800.000 puestos de trabajo incluidos en su campaña electoral. Para UGT, al menos para José Luis Corcuera, miembro de la ejecutiva de la central socialista, no se trata de hacer una alternativa a la política económica, sino de modificar determinados aspectos de la misma. Corcuera insistió ayer en que no hay posibilidades de ofrecer una alternativa a la política del Gobierno. Y la clave, según sus palabras, está en "querer un acuerdo maximalista o un acuerdo sindical". Para el dirigente de UGT lo que pretende CC OO es un programa de Gobierno.

Pero para CC OO hay otra variable: el papel que pueda jugar la CEOE. Las propuestas de la patronal para un acuerdo difieren y se enfrentan a los planteamientos de los sindicatos. La CEOE exige también un cambio radical en la política del Gobierno. Para la patronal hay que elegir entre una política de transferencias sociales o una de inversiones. Optar por la primera, supone, en definitiva, recortar recursos para la inversión.