La extradición de dos terroristas

LA CONCESIÓN por el Estado belga de la extradición de Joseba Mirena Arteche y de Salvador Ormaza, pertenecientes a ETA-VIII Asamblea, refuerza el importante cambio de actitud ocurrido entre nuestros vecinos de Europa Occidental para con las bandas terroristas que ensangrientan con sus crímenes la convivencia española y amenazan la estabilidad de nuestras instituciones democráticas. Aunque la génesis, el desarrollo y los propósitos de las diversas ramas de ETA deban inscribirse en la agitada historia española de los últimos 20 años, la supervivencia de esos grupos sería difícilmente imaginable sin la permisividad o la tolerancia de los Gobiernos de otros países, en de cuyos territorios los terroristas han encontrado asilo para huir de la justicia, reponer sus fuerzas, adquirir armas, cobrar extorsiones mafiosas y preparar sus atentados.Además de los regímenes no democráticos que han proporcionado a las bandas armadas instrucción militar y campos de entrenamiento, los terroristas han hecho amplio uso durante los últimos años de las facilidades que les depararon Francia y Bélgica. Desde la llegada al poder del Gobierno socialista, la cooperación de las autoridades francesas, tanto en el terreno policial como a través de las extradiciones y deportaciones administrativas de terroristas, ha despojado al santuario de los Pirineos Atlánticos de sus antiguas impunidades. Con independencia de la condena que merecen esos abominables crímenes, los atentados terroristas de los GAL en suelo francés contra dirigentes y militantes de ETA han contribuido, en paralelo, a invertir el signo de la situación. En ese sentido, reviste especial importancia que el Gobierno francés haya puesto fin a la absurda ficción de que los terroristas que asesinan y extorsionan en España merezcan los beneficios del asilo como responsables de delitos políticos. Ahora, la decisión de Bélgica de admitir la extradición de dos miembros de ETA-VIII Asamblea no hace sino revalidar la postura de llamar a las cosas por su nombre y de no equiparar a los autores de los bárbaros crímenes y atentados perpetrados contra el sistema democrático español con militantes de movimientos en pugna contra dictaduras tercermundistas.

La capacidad política del Gobierno de Felipe González para conseguir la solidaridad práctica de otros países en la lucha contra el terrorismo podrá figurar, sin duda, entre las principales realizaciones de su mandato. El desmantelarniento del santuario francés, el extrañamiento a países latinoamericanos de destacados dirigentes de las bandas armadas, el alejamiento de las fronteras españolas de otros activistas y la extradición de procesados reclamados por nuestros tribunales significarán un duro golpe para los dispositivos logísticos de la organización terrorista, condición necesaria -aunque no suficiente- para la erradicación de ETA. Ese notable éxito, del que los socialistas pueden enorgullecerse deberá ir acompañado, sin embargo, por una estrategia global dentro de nuestras fronteras capaz de combinar las medidas policiacas y las medidas políticas a fin de impedir que los terroristas trasladen al interior del país su infraestructura operativa y de lograr que el respaldo social y electoral del que todavía disponen quede sensiblemente mermado a corto plazo y entre en vías de completa liquidación en pocos años.