Once nuevos procesamientos contra industriales y químicos

Once industriales y químicos especialistas del aceite fueron procesados ayer en el sumario de la colza, como presuntos autores delitos de estafa y contra la salud pública. El juez instructor de la Audiencia Nacional decretó prisión para todos ellos, aunque ha fijado fianzas de diversa cuantía para que puedan obtener la libertad provisional. Los procesados son Francisco Tárrega Ribes, Vicente Villalba Prats, Fernando Bau Carpí -exprocurador en Cortes de representación familiar por Tarragona-, Juan Moreno Anaya, Pedro Sans Xifré, Juan Rubio Navarro, Ramón Surra Ochoa, Antonio Gallego Jurado, Manuel Guillén Enríquez, Andrés Eloy Muro Benayas y Manuel Franco Pellicer.El instructor, Alfonso Barcala, ha fijado fianzas individuales de 10 millones de pesetas para Bau, Moreno y Sans; de siete millones para Tárrega, Villalba y Surra, y de cinco millones para Gallego, Guillén, Muro, Franco y Rubio.

También se han fijado las fianzas para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse. Bau, Moreno y Sans deberán depositar cada uno 1.500 millones de pesetas; Tárrega, Villalba y Surra, 200 millones cada uno; Gallego, Guillén y Muro, 100 millones cada uno, y Rubio y Franco, 40 millones. Si mañana no han prestado las fianzas, se embargarán los bienes de los procesados hasta cubrir los importes de las cantidades fijadas. El juez ha declarado responsables civiles subsidiarias a las empresas Industrias Tárrega, Danesa Bau, Industrias Trianeras de Hidrogenación, SL (ITH), Aceites Toledo, Comintex, Girasol Refinado (Giresa), Productora General de Aceites, Oleícola Toledana y Centro de Gestión Comercial (Cegeco).

Según la audiencia, de las investigaciones efectuadas se desprende que en las "irregulares actividades comerciales e industriales sobre las grasas intrumentadas para obtener unas anormales ganancias mediante el engaño a los consumidores menos dotados económicamente, desencadenantes de toxicidad en aceites llegados al público con graves riesgos y actuados daños contra la vida y la salud de las personas, (...) se hallan insertas las conductas" de los citados.

Tárrega, industrial, y Villalba, técnico industrial químico, que ostentaban los cargos de gerente y director técnico de Industrias Tárrega, efectuaron para Aceites Valencia el tratamiento de un producto venenoso, además de haber llevado a cabo importaciones de grasa cuya auténtica naturaleza no consta. El administrador de las dos sociedades a las que estaban arrendados los locales era Salvador Alamar, procesado en 1982, que se encuentra huido y que aparecía como financiador de Industrias Tárrega.

Fernando Bau era gerente de Danesa Bau -cuya factoría funcionaba en Madrid, dedicada, entre otras cosas, al refinado de aceites- y presidente del Consejo de Administración de Aceites Bau, con factoría en Tortosa. En la fábrica de Madrid se realizó el tratamiento para Raelca de parte de un producto venenoso, y en la misma se encontró aceite que contenía tóxicos.

Juan Moreno, químico y socio de ITH, de Sevilla, fue gerente de la empresa hasta fébrero de 1981, fecha en que pasó a Raelca. La empresa ITH realizó los tratamientos químicos de algunos aceites que después resultaron tóxicos.

Ramón Surra, gerente de Comintex, de Barcelona, medió en la operación entre el procesado Enrique Salomó y Aceites Valencia, de la que conocía sus irregularidades. También intervino en el suministro por Salomó a Giresa, el 11 de mayo de 1981, de 40.348 kilos de aceite tampoco apto para el consumo. Junto con Antonio Gallego llegó al acuerdo de ocultar a los que investigaban sobre los canales del envenenamiento por aceite de colza la realidad de aquel suministro y de falsear la correspondiente documentación, lo que efectivamente llevaron a cabo.

Manuel Guillén, abogado, era el máximo ejecutivo de Prograsa, con sede en Sevilla, que fue la autora de la venta. Andrés Eloy Muro era consejero delegado de Oleícola Toledana, radicada en Cebolla, fabricante de aceite de oliva y comercializadora de aceites vegetales comestibles. Esta empresa distribuyó los 24.210 kilos de aceites con sustancias tóxicas y adquirió 9.741 kilos de trioleínas.