Hacienda aplaza la publicación de listas de defraudadores y la concesión de mayores facilidades a los delatores fiscales

Las delegaciones de Hacienda no podrán en los próximos meses iniciar la publicación de las listas de defraudadores en las diversas provincias, ni conceder mayores facilidades que las actuales a la delación fiscal. Al menos durante el presente año, no habrá modificaciones operativas en la regulación actual de estos dos instrumenos de lucha contra el fraude, según fuentes informadas. En el primer caso, además de la aprobación de la ley, será necesario elaborar un reglamento. En el segundo, está de momento descartada la apertura de ventanillas para la denuncia pública.Tras pasar por el Consejo de Ministros, ha desaparecido del proyecto de ley de Represión del Fraude la concreción de que las listas de defraudadores serán publicadas cada mes en los dos diarios de mayor difusión de cada provincia, o en uno si no existieran más. En una iba a aparecer mensualmente la última relación de sancionados en firme por defraudación superior a los cinco millones de pesetas. En la otra, los nombres de los sentenciados por delito fiscal.

En lugar de dicha concreción, ahora figura que la publicidad se hará "en los términos en que reglamentariamente se establezca". Es decir, que la medida, aun cuando el proyecto haya sido aprobado para principios del año próximo, no podrá materialmente entrar en vigor hasta algunos meses después. Y eso si Hacienda se apresura a desarrollar reglamentariamente la disposición, lo que no está por ahora en el ánimo de los responsables del fisco.

En el proyecto de ley se mantiene, sin embargo, que la publicidad de las listas indicará, junto con el nombre y apellidos o la denominación o razón social del sujeto infractor, la cuantía de la sanción que se hubiera impuesto y el tributo a que se refiera.

La publicación de las relaciones de sanciones y delitos se ha concebido como alternativa ejemplificadora a las listas de contribuyentes en el impuesto sobre la renta, que fue suspendida hace varios años alegando razones de orden público. Aquellas listas, aparecidas en una primera etapa de la reforma fiscal, suscitaron numerosas reacciones de oposición, sobre todo desde sectores empresariales, para quienes el conocimiento de la rentas declaradas facilitaba las extorsiones y las actuaciones terroristas.

Ventanillas para delatores

Tampoco habrá, de momento, mayores facilidades que las actuales para la delación. Aunque esta posibilidad de denuncia adquiría mayor sentido con la publicación de las declaraciones de renta, fue abierta por una ley en vigor desde 1927 y cuyo desarrollo estudiaba el equipo de Hacienda, dentro de los nuevos planes de lucha contra el fraude.

Pensada para empresarios agraviados por competencia desleal, la norma atribuye recompensas a los delatores si garantizan la denuncia con depósitos o avales. Pero este requisito y la inexistencia de ventanillas específicas desanima la delación: el año pasado sólo hubo 90 casos fundados, aunque todos los años llegan numerosas denuncias anónimas, sobre todo de empresas de la competencia, empleados despedidos y personas separadas de su cónyuge. No obstante, cuando los responsables del fisco creen que pueden estar fundadas y arrojar resultados positivos, algunas denuncias siguen siendo investigadas por la inspección.

La denuncia pública. está incorporada a la ley General Tributaria como una de las causas de la actuación inspectora. Para el presidente de la recien creada Liga de Contribuyentes Españoles, Magín Pontt Mestres, catedrático de Hacienda Pública y fundador de la Asociación de Asesores Fiscales, la denuncia pública tiene orígenes remotos, quizá situados en La Edad Media, cuando algunos pecheros eran castigados con látigos recaudadores a caballo. En su opinión, la delación retribuida es un peligro, "porque puede fomentar la profesión de parásito social".

Aunque al iniciarse la última campaña de declaración del impuesto sobre la renta algún alto cargo de Hacienda admitió la posibilidad de desarrollar la ley de 1927 o la ley General tributaria, e incluso consideró probable la apertura de ventanillas específicas para los denunciantes, lo cierto es que el proyecto de ley de Represión del Fraude Fiscal que el Gobierno enviará en breve a las Cortes no contiene previsión alguna al respecto.