Accidentes endémicos
EL ACCIDENTE de circulación ocurrido anteayer en Cabezón de Pisuerga, donde colisionaron espectacularmente un autobús de transporte y un camión con remolque, ha arrojado el triste saldo de 10 muertos y más de 30 heridos. Las víctimas de esta nueva tragedia se añaden al doloroso y gratuito suma y sigue que el deficiente trazado de buena parte de nuestras carreteras, la mala señalización de algunos tramos de la red vial, la insuficiente vigilancia administrativa sobre los transportes colectivos, la irresponsabilidad o la fatiga de los conductores y la obsolescencia de nuestro parque de camiones y autobuses hace no sólo posible sino también probable.Además de esta tragedia, los términos municipales de Billares de la Reina, Loja, Navacerrada y Monreal de Ariza han sido escenarios recientes de otros cuatro accidentes de carretera, que han producido -por exceso de velocidad, adelantanúentos indebidos o faflos en los frenos de autobuses o carniones- 26 muertes. Si el cálculo de los accidentes de vehículos pesados (dejando a un lado a los automóviles de turismo) toma como marco de referencia el último año, la espeluznante cifra totaliza más de 70 muertos y de 330 heridos. Las apelaciones al destino o las menciones al cálculo de probabilidades no sirven para devolver la vida a los fallecidos ni justifican la resignación ante esa cosecha de desgracia y de dolor. Casi todo el mundo -fuera, naturalmente, del ministerio de Transportes y Comunicaciones- es consciente de que el tributo que rinden nuestras carreteras y nuestros servicios públicos de transporte a la muerte podría aminorarse considerablemente si la Admnistración adoptase las medidas adecuadas.
A la hora de mencionar las causas mediatas de ese sostenido balance de accidentes de carretera parece obligado recapitular un conjunto de factores bien conocidos. Los programas de modernización de firmes y de ampliación de autopistas y autovías han sufrido desde hace años un brusco parón. Las carreteras de mayor circulación se hallan sobresaturadas y no siempre disponen de los sistemas de señalización (prohiciones, advertencias y líneas claras y visibles) adecuados. Una de las consecuencias de que la codicia de los empresarios y la negligencia de las autoridades pernutan el incumplimiento de las normas sobre cargas máximas de los camiones es que la infiraestuctura viaria pague un alto precio en forma de baches y malformación de firmes. Aunque las dimensiones y la orografia de España haría económicamente idóneo el ferrocarril para los largos transportes, la incompetencia rutinaria de la Renfe ha desviado artificialmente hacia las carreteras buena parte del tráfico.
Sin duda, si España dispusiese, de la noche a la mañana, de una floreciente red de carretaras, autovías y autopistas, los problemas quedarían aliviados. Cabe temer, sin embargo, que la probabilidad de accidentes seguiría siendo superior a la razonablemente previsible si no se adoptasen otras medidas. Los conductores de camión pasan al volante mayor número de horas que las autorizadas en otras naciones europeas, a la vez que las paradas para el descanso y el relevo de conductores son obligaciones que apenas se respetan. Mientras que la Europa desarrollada no ha debilitado la disciplina en la carretera, pese a la influencia que la crisis y la competencia ejercen sobre el tráfico de mercancías, la lucha para conseguir cargas de transporte en nuestro país se refleja en un descenso de los precios, que repercute necesariamente en un mayor número de horas al volante de los conductores y en suicidas y asesinas carreras contra el reloj, con merma de la seguridad del tráfico. En España, por lo demás, el notable envejecimiento del parque de autobuses y camiones incrementa notablemente los riesgos de accidente. La instalación de los tacógrafos cubre todavía una parte demasiado reducida de ese parque, mientras que la eficacia del carné de ruta sigue siendo altamente dudosa. El cuerpo de inspectores del Ministerio de Transportes sigue sin estar a la altura de sus graves responsabilidades a la hora de realizar la revisión de los vehículos y de retirar el permiso a los que no cumplan los requisitos exigidos.
Dado que el único programa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en materia de seguridad parece ser el propósito de implorar -por lo demás, con escasa suerte- a la fortuna, se diría que ha llegado el momento de que el Congreso o el Senado, o ambas Cámaras conjuntamente, decidan la formación de una de esas "comisiones de investigación sobre cualquier asunto público" que prevé el artículo 76 de la Constitución.
