El Gobierno, obsesionado con sanear la empresa pública

A juzgar por lo realizado en el año y medio en el poder, el Gobierno socialista está más preocupado en sanear la empresa pública, durante esta legislatura, que en convertirla en un instrumento de sus objetivos políticos e idelógicos.Por esta razón, la estrategia general de ajuste gradual que se preconiza, sobre todo desde el Ministerio de Economía y Hacienda, cobra, en el sector público, especial significación. Y más si se tiene en cuenta que la herencia del pasado, nunca utilizada desde el poder como última explicación de los males endémicos que padece hoy la empresa pública en España, pesa aquí como una gigantesca losa. Quizá sea por esta razón que el primer Gobierno González decidió colocar, al frente de los holding públicos, personas más vinculadas con la empresa y la gestión privada que con el partido al que pertenecía.

La empresa pública en España ofrece una gama variopinta de singularidades, desde las que funcionan en régimen de monopolio u oligopolio, como Campsa, Tabacalera o Renfe, hasta las que tienen sus precios fijados por el Gobierno, con escaso margen para el error en gestión. En el medio están la mayoría, que actúan en régimen concurrencial con el sector privado y que, básicamente, están concentradas en el Instituto Nacional de Industria (INI). Hablar de empresa pública en España se reduce, en el 90% de los casos, al INI, aunque existan otras muchas, e importantes, que ofrecen unos balances tan dignos de atención como los del primer holding público español.

Por razones que el propio Gobierno sabrá, un gestor independiente como Enrique Moya, a la sazón secretario general del Círculo de Empresarios, fue nombrado presidente del primer INI bajo la égida socialista. En el año y medio que dura su gestión, Moya ha llevado a cabo una labor callada, salpicada con intervenciones escasamente contestadas por los distintos grupos parlamentarios ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados. Ante este foro fue donde Moya informó, en el mes de febrero pasado, que el grupo de empresas del INI perdió en 1983 la friolera de 192.000 millones de pesetas, cantidad que es exactamente el doble de la prevista por su antecesor en el cargo, el ex ministro de Industria de UCD Carlos Bustelo.

Días antes, Moya había mantenido una reunión en la Moncloa con el presidente del Gobierno, acompañado por los ministros de Economía y Hacienda e Industria y Energía. Lo que allí se habló muy pocas personas lo saben, pero existen indicios suficientes para creer que, tras una serie de auditorías públicas y privadas de las empresas del grupo, fue entonces cuando el Gobierno socialista se enteró de algo que muchos predecesores en el salón presidencial de la plaza de Salamanca ocultaron celosamente a sus sucesores.

El INI presentó en 1983 unos resultados globales que rondan los 200.000 millones de pérdidas. Pese a esta voluminosa cifra, jamás alcanzada en la historia del holding, sus directivos mantienen que, en pesetas constantes, es inferior a la de años anteriores, y que el peso de la empresa pública en el déficit público es, como mucho, igual a la de años anteriores. Y sus explicaciones son por lo menos justificables. Por vez primera, argumentan, los resultados van auditados con criterios contables homogéneos, equiparables a los del sector privado. Es por eso que casi un 20% de esas pérdidas son extraordinarias y resultado de pasar del activo al pasivo, obra en curso que se ha ocultado durante años. Se trata de barcos construidos y nunca vendidos, intereses intercalarios no aflorados, etcétera, por un importe que este año será de 32.000 millones de pesetas.

Ante este proclamado objetivo de sanear, la nueva gestión del INI decidió que en 1984, y los dos años posteriores, correspondientes a la legislatura, el holding público doblará los recursos destinados a garantizar una mejor distribución de sus finanzas. Así, de los 80.000 millones destinados en años previos se pasa a los 160.000 millones, que serán des tinados íntegramente a capitalizar algunas empresas como Seat o Iberia, donde existián agujeros históricos, celosamente guardados por sus anteriores gestores.

Para 1984, el objetivo del INI es por lo menos invertir la tendencia de las pérdidas, de forma que en lugar de aumentar pasen a disminuir en pesetas constantes. Para ello, y según argumentan sus directivos, se ha procedido a realizar ún trabajo algo, más profundo que e saneamiento financiero ya mencionado y cuyo objetivo es pasar de una relación de recursos propios/ajenos del 19/81 en la actualidad a un 22/78 a finales de 1984 y tres o cuatro puntos superior en 1985. Se ha tratado, además, de introducir unos conceptos más profesionales de gestión, control y planificación, que incluyan el ajuste de los sistemas de producción al mercado real y de la adaptación de la capacidad productiva a la demanda existente en cada momento.

Aparte del problema global de reconversión que padece la economía española, y que se caracteriza por los excedentes de producción y el anquilosamiento que experimentan las empresas públicas de la siderurgia y el sector naval, entre otras, lo que realmente sucede en la empresa pública española fue descrito gráficamente por Moya ante el Congreso de los Diputados de la siguiente manera: "En el grupo INI se fabrican productos que nadie demanda y se produce en cantidades superiores a las que el mercado jamás podrá absorber".