Ampliada a los 26 años la asistencia sanitaria para familiares de ardiados a la Seguridad Social

El Consejo de Ministros acordó en su reunión ordinaria de ayer la aprobación del traspaso de activos de Campsa, valorados en algo más de 100.000 millones de pesetas, a las seis compañías refinadoras nacionales, tanto públicas como privadas. Asimismo, el Gobierno decidió ampliar hasta los 26 años la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a aquellos desempleados que sean descendientes, hijos adoptivos y hermanos de los titulares de este derecho. También fueron aprobados la concesión de un crédito extraordinario a Renfe por 33.567 millones de pesetas y un decreto sobre medidas de seguridad en establecimientos públicos.Asimismo, el Consejo autorizó una subvención de 10.000 millones de pesetas a las empresas acogidas al proceso de reconversión industrial. Esta cifra se desglosa en 6.100 millones para Ensidesa, 3. 100 para Altos Hornos de Vizcaya y los 800 restantes para Altos Hornos del Mediterráneo.

La medida que incluye la extensión de la asistencia sanitaria por cuenta de la Seguridad Social a los menores de 26 años afectará a unos 772.300 jóvenes en situación de desempleo y no cubiertos por el seguro escolar, y representará un coste para la Seguridad Social del orden de los 5.000 millones de pesetas anuales.

Esta medida estaba prevista en los Presupuestos Generales del Estado para este año y se dirige, según la comunicación oficial, a los jóvenes comprendidos entre los 21 y los 26 años que, al no haber accedido al mercado de trabajo, dependan económicamente de sus padres o hermanos, y que actualmente se encontraban desprotegidos.

La distribución del Plan de Electrificación Rural para 1984 también fue aprobada en esta reunión del Gabinete. Esta distribución se basa fundamentalmente en la aplicación de los coeficientes del programa de electrificación rural corregidos por el grado de dispersión de los núcleos rurales y por el criterio de que ninguna comunidad autónoma reciba una asignación inferior a la de 1983. Las empresas eléctricas, según este acuerdo, del Ejecutivo, adquirirán, entre otros compromisos, el de aportar el 60% de las inversiones totales, corriendo a cargo del Estado el 40% restante.

En las Comarcas de Acción Especial, esta participación de las compañías eléctricas se reducirá al 30%, corriendo a cargo de las Diputaciones provinciales otro 50% y aportando el Estado el 20% restante.

En este mismo capítulo se establece que un máximo del 15% de estas aportaciones puedan ser destinadas al fomento de las energías renovables.

También se ha establecido la aplicación del secreto estadístico a las comunidades autónomas a la vista de que éstas han venido creando diversos órganos de control estadístico cuyas relaciones con el Instituto Nacional de Estadística se han visto imposibilitadas por la ausencia de una norma administrativa que preserve el secreto estadístico.

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