La creación de la nueva Campsa exigirá unas inversiones de 300.000 millones de pesetas durante los proximos siete años

A 300.000 millones de pesetas, a repartir durante siete años, asciende el coste global para las seis refinerías españolas, tanto públicas como privadas, del proceso de adaptación del monopolio de petróleos a la normativa de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la inmediata creación de la nueva Campsa, cuya expresión jurídica fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros. El Gobierno acordó asimismo el envío al Congreso de los Diputados del proyecto de ley que, bajo el nombre genérico de "Desarrollo del protocolo firmado entre empresas refinadoras y el Ministerio de Industria y Energía", será tramitado por el procedimiento de urgencia. El Gobierno también aprobó la creación de la Empresa Nacional de Residuos, cuya función será realizar en España la última fase del ciclo nuclear.

El proyecto de ley, al que ha tenido acceso este periódico, modifica algunos aspectos del Real Decreto-Ley del 28 de junio de 1927, que creó la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (Campsa) y determinadas reformas que se hicieron al mismo, también por decreto-ley, en el año 1947. Pero, en contra de la impresión existente, no deroga de inmediato el monopolio fiscal ni el de distribución de productos carburantes, sino que pretende iniciar un camino hacia la armonización futura del sector energético petrolero a las reglas de competencia de la CEE.A juicio de expertos, el aspecto más significativo del proyecto es que no prejuzga de una manera definitiva la futura composición del capital social de la nueva Campsa, pese a que este extremo quedó cerrado, en principio, en el protocolo. A este efecto, el apartado siete del artículo primero del proyecto de ley tan sólo autoriza al Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), como titular de casi la totalidad de las acciones de Campsa, a ceder "en parte" las acciones a las refinerías privadas y públicas, con la única salvedad de que el sector público sea mayoritario.

Y es, en este punto, donde vienen las interpretaciones. Según el protocolo firmado el pasado julio, el INH debería mantener un 16% de las acciones de la nueva Campsa a su nombre, con sus dos refinerías, EMP y Petroliber, manteniendo una parte tal que dejaba al sector público con el 58,1% del capital de la nueva sociedad. En estos momentos, sin embargo, no se descarta que se modifique este acuerdo y que, salvaguardando la condición preestablecida en el proyecto de ley de que el sector público sea mayoritario, las refinerías privadas (CEPSA, Petromed, ERT y Petronor) amplíen al 49%. su participación y dejen el resto, el 51%, a EMP y Petroliber.

En cualquier caso, y tal como establece el apartado tres del artículo dos del proyecto de ley, el objetivo es que el nuevo presidente, consejeros y personal directivo de Campsa sean nombrados de acuerdo a la ley General Presupuestaria, esto es, que sea facultad del Estado su nombramiento, como sucede con todas las empresas públicas.

Coste de la operación

Respecto al coste de la operación de modificar la situación jurídica de Campsa, el proyecto de ley tan sólo habla, en su primer artículo apartado dos, del "valor global de los bienes y derechos a transmitir" del Patrimonio del Estado, su actual propietario, a la nueva sociedad. Este valor queda fijado en 100.000 millones, que podrá pagarse "por vía de venta, permuta con otros activos de Campsa o cualquier otro tipo de cesión onerosa". No hay que olvidar que Campsa realiza una plusvalía con la operación, ya que venderá al INH la Confederación Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Dominio Minero.

Pero, además, los nuevos accionistas tendrán que adquirir a la antigua compañía su activo circulante, compuesto fundamentalmente por existencias de productos y crudo y los activos financieros que posea la sociedad. Según estimaciones del Ministerio de Industria, el valor de estos activos ronda la cifra de los 120.000 millones de pesetas en el momento actual, si bien el circulante financiero se calcula en 8.979 millones. Un tercer concepto es el de las inversiones que la nueva sociedad tendrá que hacer a medio plazo (siete años) para reforzar su red de distribución secundaria y que el ministerio estima en 80.000 millones.

Una novedad llamativa del proyecto de ley es la obligación que establece para cambiar el carácter de las acciones de la nueva sociedad, que de ser nominativas pasarán a ser al portador. La única excepción que prevé el proyecto es la de las acciones que actualmente son propiedad del INH. De aquí se deduce que la entrada de las refinerías en la operación tendrá que hacerse por sucesivas ampliaciones del capital social de Campsa, que serán cubiertas por los nuevos socios. Las ampliaciones tendrán que cumplir el objetivo de que el nuevo netro patrimonial sea dos veces y media superior al nuevo capital social.