El Gobierno pretende forzar a ETA a negociar el fin desu actividad terrorista

El Gobierno socialista tiene planteado como estrategia a medio y largo plazo forzar a ETA a buscar una salida negociada, una vez que el plan global puesto en marcha tras el cambio en la Dirección de la Seguridad del Estado y en el Mando único para la Lucha Contraterrorista (MULC) se considera plenamente aplicado, según fuentes del Ejecutivo. La colaboración francesa para limpiar el santuario etarra al otro lado de los Pirineos, que parecer poner fin a uno de los principales contenciosos hispano-franceses, y el hostigamiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), cuya paternidad afirman desconocer las policías de ambos países, son los principales factores que se conjugan en el acoso a la organización terrorista.

Tras 17 deportaciones a ultramar y más de una treintena de confinamientos fuera de los departamentos fronterizos con España, entre otras medidas contra los etarras en el sur de Francia, la reciente detención del dirigente histórico Isidro María Garalde Bediauneta -condenado a cuatro meses por tenencia ilícita de armas- era considerada por fuentes oficiosas de la policía de Bayona como una prueba más de la firme decisión gala de colaborar en la lucha contraterrorista, especialmente cuando el comunicado conjunto de los ministros del Interior de ambos países, Gaston Defferre y José Barrionuevo, suscrito en Madrid el 14 de junio, está aún reciente.Defferre había señalado rotundamente que Francia no tolerará que nadie, empezando por quienes en el pasado se habían beneficiado de la hospitalidad francesa, cometa actos contrarios a las reglas del derecho francés y a la amistad y solidaridad que unen a las dos democracias, y había señalado que "un terrorista no es un refugiado político y los que escogen la violencia deben responder de ella ante la ley".

Actualmente, ocho destacados miembros de ETA disponen de carta de refugiado político, y se calcula en cerca de 800 los vascos vinculados directa o indirectamente con la organización terrorista que residen en Francia. De ellos, según fuentes del Ministerio de Interior, hay 200 sobre los que no pesa ninguna reclamación judicial, y otros 400 -de los cuales 300 están vinculados directamente con ETA Militar- podrían acogerse a las medidas de reinserción social puestas en marcha por el Gobierno socialista.

La colaboración francesa se basa fundamentalmente en los datos sobre la situación de los refugiados vascos aportados por la policía española, cuyos servicios de información han mejorado notablemente. La mayor eficacia de las acciones policiales -algunas de ellas, como las de Pasajes y Hernani, polémicas y criticadas por su excesiva contundencia-, fruto de un mejor conocimiento del terreno, tras los estudios de planimetría y cartografía del País Vasco elaborados en los últimos meses, es otra de las bazas jugadas en la estrategia global frente a ETA, además de una mayor presencia de los socialistas en Euskadi y del inicio de la colaboración ciudadana.

Debilitar a ETA lo más posible

Aunque una fuente oficial del Ministerio del Interior negó que haya negociaciones en marcha entre el Gobierno y ETA, no descartó que pudiera haberla en un futuro, toda vez que la primera de las partes entiende que hay que buscarle alguna solución al conflicto -"darles una salida a los etarras", en palabras de aquélla- y que el Gabinete socialista preferiría que cuando se produzca el fin de la actividad terrorista sea a causa de la renuncia de ETA.La actual Dirección de la Seguridad del Estado, encabezada por el ex gobernador civil de Vizcaya Julián San Cristóbal, quien dispone en esta materia de la entera confianza del ministro de Interior, mantiene en cambio que ni ahora ni en el futuro se negociará con Herri Batasuna, por entender que no son los interlocutores válidos. San Cristóbal estima incluso que, de continuar el progresivo debilitamiento de ETA, la fuerza de los batasunos se disolvería como un terrón de azúcar en un vaso de agua y podría hacer variar el mapa político de Euskadi de una forma rotunda. Sin embargo, caso de producirse una negociación, el Gobierno la haría en el momento en que se encontrase en mayor posición de fuerza, gracias a las acciones policiales.

Esperanzas a medio plazo

Actualmente, los servicios de información de la Dirección de la Seguridad del Estado calculan en 19 el número de comandos entrenados y capacitados para llevar a cabo atentados terroristas, con un total aproximado de 90 hombres y mujeres. Aunque los responsables policiales intentan no aparecer optimistas en la marcha actual de la lucha contraterrorista, un alto funcionario del Gobierno se expresaba en los siguientes términos: "Probablemente no será este equipo ministerial el que acabe con ETA, pero al término de la legislatura el fenómeno terrorista se habrá quedado en un punto en que no será una de las preocupaciones prioritarias del país" que podría estar atravesando ETA en los últimos tiempos daría una idea el hecho, según las mismas fuentes, de la escasa capacidad de respuesta mostrada por la organización tras las últimas caídas y muertes de sus militantes, con el reciente asesinato del secretario del Ayuntamiento de Ispáster, "que no sólo es una cobardía más de ETA, sino también una de sus víctimas más al alcance de su mano", según un alto funcionario del Gobierno. También estaría pasando por graves dificultades económicas.Fuentes del sur de Francia con acceso a personas cercanas a refugiados de ETA confirmaron la dureza de las condiciones de vida de éstos, aunque señalaron que para ETA es vital seguir manteniendo la infraestructura al otro lado de los Pirineos, pues las dos alternativas que habría estudiado la dirección de la organización -Bélgica y el País Vasco español- fueron consideradas inviables. Bélgica, por la pérdida de operatividad que supone llevar una guerrilla a más de 1.000 kilómetros de distancia y por las crecientes buenas relaciones entre este país y España; y el País Vasco, por el riesgo que comportaría las caídas de dirigentes del aparato en un momento en que se están produciendo fallos notorios en la infraestructura operativa y comienza a haber una mayor colaboración ciudadana.