Los fondos destinados a vivienda han sido empleados en generar burocracia, según UGT

Los fondos destinados al Plan Cuatrienal de Viviendas para 1984 han sido dedicados a crear órganos administrativos en las distintas comunidades autónomas, según denunció ayer Manuel Garnacho, secretario general de la federación de construcción de UGT. Esta desviación de fondos ha provocado que sólo se hayan iniciado en el presente año un 2% de las 32.000 viviendas de promoción pública previstas, y un 21 % de las 120.000 de protección oficial.

Manuel Garnacho subrayó que el incumplimiento de las distintas administraciones era más preocupante si se tenía en cuenta que el paro afectaba ya a un 40% de la población activa del sector de vivienda y obras públicas. Garnacho mostró serias dudas en cuanto a que en lo que queda de año pueda cumplirse el programa de viviendas establecido.

Respecto a la posible concertación social, la federación de construcción, considerada como una de la más críticas dentro de la organización, defiende que las negociaciones deben bajar a ámbitos más concretos que en anteriores acuerdos. Y, en este sentido, aunque defiende en líneas generales el mismo programa que como confederación propugna UGT, la federación de construcción estima que en el paquete de las negociaciones deben incluirse temas relativos a sectores concretos. No sólo para los del metal o naval, tradicionalmente considerados como los únicos en reconversión, sino para todo el conjunto de la actividad industrial.

Criterios para la concertación

En cualquier caso, la federación de construcción de UGT llevará al próximo comité confederal de la central socialista, que se celebrará el próximo viernes, los criterios que, a su juicio, deben formar parte de la próxima negociación entre Gobierno y fuerzas sociales.Por lo que se refiere a empleo, la federación de construcción exige que en los próximos acuerdos se cuantifique, sector por sector, la creación de puestos de trabajo. Y mantendrá su rechazo a la posibilidad de flexibilizar aún más la contratación laboral, tema que consideran cerrado tras las negociaciones habidas el pasado año entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal. En consecuencia, estiman que como organización sindical se debe asumir un papel beligerante en este aspecto.

Al mismo tiempo, la negociación debe incluir medidas contra la contratación fraudulenta, economía sumergida, destajos, falsos autónomos, etcétera. Manuel Garnacho subrayó que en el sector de construcción, de las 800.000 personas que forman la población activa ocupada, 221.734 se han declarado autónomos, como consecuencia de presiones empresariales. Las empresas de construcción acuden a la práctica de despedir a trabajadores fijos, a los que obligan a convertirse en autónomos, contratándolos posteriormente a destajo.

Junto a una mayor cobertura social a los desempleados, la federación de construcción insiste en la necesidad de abordar una política de solidaridad, basada, por una parte, en subidas salariales por tramos que aseguren mayores sacrificios a los que tienen mayores rentas, y por otra, en la creación de una caja de compensación alimentada por los sacrificios de las rentas altas y destinada a invertir y ayudar a los sectores más deprimidos.

Finalmente, dentro del paquete de medidas a negociar, exige la disminución paulatina de la jornada laboral, con vistas a conseguir las 35 horas semanales, siguiendo la recomendación de la Confederación Europea de Sindicatos.