El Gobierno socialista asumió la herencia del Banco de España en la crisis de Banca Catalana
El 28 de agosto de 1982, Leopoldo Calvo Sotelo, presidente del Gobierno durante el bienio negro de UCD, disolvió las Cortes y convocó elecciones generales. A los pocos días, Eusebio Díaz-Morera, presidente de Banca Catalana, por deseo de sus accionistas, pero con el visto bueno del Banco de España, se presentó en Madrid portando varias copias de un informe explosivo: el primer plan de saneamiento, aprobado por la junta que le nombró presidente hacía mes y medio, resultaba irrisorio a la vista de sus investigaciones.Alarmados por la envergadura de aquella quiebra técnica y por el efecto que su solución legal e inmediata podría tener sobre el resultado electoral, tanto Leopoldo Calvo Sotelo como Felipe González insuflaron apaciguamiento y prudencia al banco emisor quien aplazó la solución y, por tanto, agravó la crisis. Al triunfar en las elecciones, el líder del PSOE, desoyendo los consejos de algunos miembros de la ejecutiva de su partido, asumió la responsabilidad del Banco de España -inhibición en la crisis de Catalana, bien por negligencia o por desconocimiento- y mantuvo reservada la presumible complicidad de UCD y Convergència i Unió con el banco emisor al asistir impasibles, durante dos meses, a una hemorragia de depósitos sin precedentes en la historia de España.
El quebranto patrimonial de Banca Catalana no podía sanearse, en septiembre de 1982, con la prevista emisión de bonos por 5.700 millones de pesetas, a todas luces insignificante, ya que las pérdidas acumuladas por el grupo superaban, en esa fecha, los 130.000 millones de pesetas. Díaz-Morera, representante del grupo de notables encargado de mantener la catalanidad e independencia del holding bancario, entregó una copia del informe-bomba al entonces líder de la oposición, Felipe González, y otra al vicepresidente del Gobierno, Juan Antonio García Diez, en ese orden.
Desde el momento en que el secretario general del PSOE, presumible ganador de las elecciones anunciadas, conoció la envergadura del problema de aquella banca -impulsada, desde 1959, por su competidor electoral Jordi Pujol, líder de Convergència i Unió y presidente de la Generalitat- las manos del subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, quedaron privadas de su tradicional discrecionalidad para resolver en la sombra las distintas crisis bancarias. Hasta que no se conociera el nuevo Gobierno salido de las urnas, nadie se atrevería a aplicar más terapéutica que la prevista escrupulosamente en las leyes.
En plena interinidad, ni el vicepresidente económico del Gobierno, Juan Antonio García Diez, ni el presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, llegaron a estudiar el plan de salvación propuesto por los notables catalanes con cargo al erario público. El futuro Gobierno podría exigirles responsabilidades por una eventual manga ancha en el tratamiento político de aquella crisis financiera.
Calvo Sotelo y Pujol ganan tiempo
A partir de ahí, la catalanidad y la premiosidad fueron causa común para que las tres partes interesadas en el conflicto -cada una de las cuales acusa ahora a las otras dos- decidieran ganar tiempo hasta llegar al 28 de octubre. Jordi Pujol, Lepoldo Calvo Sotelo y Felipe González estuvieron implícitamente de acuerdo en insuflar cierto apaciguamiento a la crisis de Banca Catalana para, en un arranque de honestidad política de altísimo coste económico, no desvirtuar la campaña electoral.
Sin embargo, a principios de septiembre de 1982, el Gobierno Calvo Sotelo, con su proverbial indecisión, el Banco de España, alarmado por la envergadura de una crisis que detectó mal y con sumo retraso, y el partido socialista, temeroso de desvirtuar su eventual triunfo con un escándalo político-financiero, decidieron aplazar la solución de la crisis hasta después del 28 de octubre. La presión de los pujolistas, insistiendo, desde el mes de mayo, en la búsqueda de una solución política no traumática y específicamente catalana, por un lado, y la persistente negativa de los consejeros a reconocer públicamente la reducción a ceró de su capital -condición legal necesaria para que el Fondo de Garantía de Depósitos iniciara el saneamiento patrimonial-, por otro lado, favorecieron también la larga sangría de depósitos, y, más grave, una continuada pérdida de confianza en la viabilidad de Banca Catalana.
La reconstrucción de los dramáticos acontecimientos financieros del verano de 1982 -una vez presentada por el fiscal general del Estado querella criminal contra 25 ex administradores del holding, incluido Jordi Pujol- puede arrojar hoy cierta luz tanto sobre las razones de la singular agonía de Banca Catalana como sobre el carácter de mesianismo político-bancario, redentor de una industria en crisis, que acompañó fatalmente al holding de Pujol -como pone de manifiesto la inspección del Banco de España- desde su partida de nacimento, en 1959, hasta su certificado de defunción, el 17 de noviembre de 1982.
Los análisis realizados en plena campaña electoral, y poco después de la victoria, por la Ejecutiva del PSOE, y las posiciones mantenidas entonces por destacados militantes socialistas, no dejaron de cargar cierta responsabilidad sobre las autoridades del Banco de España de entonces. Aquellas autoridades son las mismas de hoy y pueden ser las mismas durante los próximos cuatro años si el Gobierno mantiene en su puesto de subgobernador a Mariano Rubio -confirmándose así la continuidad anunciada por Felipe González- o le asciende al cargo de gobernador, el próximo mes de julio, al término de su segundo mandato. Los análisis del PSOE partían de la base de que la necesaria y urgente intervención oficial de Banca Catalana, una vez que sus dificultádes aparecieron en la Prensa, y su inmediato envío al Fondo de Garantía de Depósitos bancarios (FGD), durante la campaña electoral, habrían perjudicado a Jordi Pujol, restando votos a Convergència i Unió. Por eso el Banco de España retrasó su actuación, a juicio de los analistas del PSOE.
Leopoldo Calvo Sotelo, Juan Antonio García Díez y, quizá, Maríano Rubio -tan próximo entonces a Calvo Sotelo como hoy a Miguel Boyer-, con la comprensión, incluso, de Felipe González, trataron de aguantar la crisis hasta el final, convencidos de que el PSOE no obtendría la mayoría absoluta. De haber sido así, el PSOE habría necesitado la ayuda de Convergència i Unió y de UCD para gobernar, dejando abierto lo que, en medios próximos a Catalana, se conocía y deseaba como "una salida política a la crisis financiera".
En el mejor de los casos, Miquel Roca y Ramón Trías Fargas, en sus continuos viajes a Madrid durante aquel septiembre, llegaron a esbozar un eventual plan de Gobierno entre UCD, CiU y AP, que favorecía el aplazamiento de la intervención de Banca Catalana.
Responsabilidad política
Dirigentes socialistas recomendaron entonces a la ejecutiva de su partido que cargara públicamente la responsabilidad de este retraso sobre CiU y UCD, pues "los bancos no existen para hacer política, ni siquiera nacionalista, sino para utilizar los depósitos. que les confían sus clientes correctamente, de forma que puedan devolverlos cuando éstos los reclamen". El futuro Gobierno debería dar una explicación a los ciudadanos. Al no haberlo hecho así, el Gobierno socialista asumió la herencia y la responsabilidad del banco emisor y del anterior Gobierno.
Fuentes del banco emisor, de la antigua administración de Banca Catalana, de Convergència i Unió y de Unión de Centro Democrático, -que prefieren no ser citadas por su nombre-, consultadas ahora, mantienen aún la tesis de que las expectativas electorales no fueron causa directa del retraso en la solución de aquella crisis bancaria. Sin embargo, casi todas coinciden en afirmar que la verdadera razón de aplazar la intervención pública del Banco de España, necesaria para que el FGD pudiera restablecer el equilibrio patrimonial de Catalana, fue la esperanza -finalmente frustrada- de mantener la catalanidad del holding. En la permanente búsqueda de una solución catalana, que tantas veces como se tuvo a punto se escurrió de las manos del grupo y del banco emisor a la hora de concretar el coste, se perdió todo el año 1981 y gran parte de 1982.
Al final, tanto algunos altos funcionarios del Banco de España como algunos miembros del Gobierno de Calvo Sotelo y del partido socialista, han manifestado que la única catalanidad viable era aquella que pretendía mantener, sin poner un duro, la propiedad catalana de un capital casi 20 veces perdido por la mala gestión de los administradores a costa del dinero de todos los españoles. En el Banco de España hubo quien llegó a declarar que el día después de las elecciones del 28-O tuvo la impresión de que tanto los administradores pujolistas de Banca Catalana, hoy querellados, como algunos notables independientes, les habían tomado el pelo a costa de "la búsqueda de la catalanidad".
