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La reforma de la función pública, en su última fase parlamentaria

El funcionario, consciente de su mala imagen

Una encuesta realizada el pasado año por el Centro de Investigaciones Sociológicas entre 1.698 funcionarios, para saber su opinión ante algunos aspectos de la reforma administrativa, ofrecía algunas conclusiones especialmente significativas: el 80% es consciente de que los funcionarios tienen mala imagen ante la opinión publica; la mitad de ellos no confía en la eficacia de la Administración; el mismo porcentaje opina que la fórmula empleada para la promoción ha sido tanto la "buena preparación" como "la amistad" con el Gobierno de turno, y el 41% considera que sobran funcionarios.Esta situación, por otra parte, no parece nueva. Desde la consagración de las cesantías a finales del pasado siglo, la peculiar carrera administrativa que consagraba el Estatuto de Maura y que llegó a configurar un sistema en el que había más jefes que indios, y los malabarismos de la posguerra española, donde las tasas constituían un elemento primordial en el capítulo retributivo, no se puede decir que los funcionarios españoles de a pie hayan tenido aparentemente excesivos motivos de orgullo profesional, aparte de los derivados de la seguridad en su empleo.

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Sin embargo, los mejor situados, los pertenecientes a la aristocracia dorada de los altos cuerpos, han conseguido ir perfeccionando un esquema fuertemente teñido de un corporativismo que tuvo su máximo exponente con la llegada de la tecnocracia opusdeística al poder, a principios de la década de los sesenta. A partir de este momento, y dada la peculiar vertebración política de la España de los últimos años del pasado régimen, los puestos de responsabilidad son cubiertos en la mayor parte de los casos por técnicos de alto grado de la Administración. El ingreso en el Movimiento para hacer carrera política comenzaba a estar ya mal visto.

Los esquemas meritocráticos sobre los que se fundamentan estos altos cuerpos experimentan importantes conmociones, que transcurren en paralelo con la pérdida de poder político que registran sus iaiembros a partir de la restauración del modelo de Estado democrático. Esta situación se ve agravada, para estos funcionarios, por una pérdida real de poder económico y las díficultades para mantener sus cotos históricos. Sin embargo, una parte importante de estos funcionarios, según las impresiones más generalizadas entre los expertos en las materias de la Administración, han votado al PSOE en las últimas elecciones, apostando por una modernización de las estructuras del aparato del Estado.

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