El Ayuntamiento de Alcobendas ordena parar las obras de 219 chalés adosados de protección oficial en la Moraleja

El Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) ha ordenado paralizar las obras de 219 chalés adosados de protección oficial que están construyendo tres empresas distintas en la urbanización El Soto de la Moraleja, situada en una zona residencial del norte de Madrid, por haber incurrido los promotores, presuntamente, en infracción urbanística y fraude el erario público, según informó ayer Esteban Egea, concejal del PSOE y primer teniente de alcalde.

Los chalés estaban siendo construidos con una buhardilla habitable que no aparecía en el proyecto presentado al solicitar la licencia municipal de obras y que aumenta la superficie de cada -vivienda por encima del máximo autorizado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) para calificarlo de protección oficial. Esa calificación implica subvenciones financieras e importantes ventajas tributarias.De los chalés cuyas obras ha ordenado detener el ayuntamiento, 146 peretenecen a la comunidad de propietarios Los Corzos; otros 24, a la comunidad Soto 21; y 49, a la comunidad Los Pinos. Las viviendas, de protección oficial, incumplen el proyecto que presentaron las respectivas comunidades al solicitar la licencia de obras, declaró el primer teniente de alcalde, el socialista Esteban Egea. Los proyectos reflejan una superficie máxima habitable de 90 metros cuadrados, además del garaje y el trastero, pero en el momento de la ejecución se ha añadido una buhardilla practicable de unos 30 metros cuadrados, según los casos.

Fraude al Estado

Esta supuesta infracción urbanística supone, además, un presunto fraude al Estado, debido a que las viviendas, añadió el teniente de alcalde Esteban Egea, se construyen financiadas en parte con créditos que subvenciona el Estado, y gozan de importantes beneficios fiscales y tributarios que implican una disminución de ingresos para la Hacienda pública y municipal, con la condición de que no sobrepasen los 90 metros cuadrados de superficie habitable.Además de ordenar la paralización de las obras, el Ayuntamiento de Alcobendas ha iniciado expedientes de sanción contra los propietarios de las viviendas, los arquitectos y las empresas constructoras.

La comunidad Los Corzos ha sido promovida por Execo, SA. La empresa constructora es Grupo A-3; y los arquitectos que firman el proyecto, E. Usabiaga Lasa, J. L. García de Andoin y L. García Germán. La comunidad Soto 21, promovida por Ebaplam, aportó un proyecto del arquitecto Justo Uslé Álvarez. El constructor es Egyp, SA. La comunidad Los Pinos es una promoción de Da Vinci, SA. El autor del proyecto es el arquitecto Jesús Giménez Martín.

Los responsables de los núcleos de chalés Los Corzos, Soto 21 y Los Pinos, cuyas paralización de obras ha sido ordenada sucesivamente a lo largo de las dos últimas semanas, deberán efectuar reformas hasta cumplir los requisitos exigidos por la legalidad vigente, según precisó Esteban Egea. La repercusión de los hechos supondrá un retraso en la entrega de las viviendas a los miembros de la comunidad, así como un coste adicional que puede llegar a ser considerable.

400 licencias retenidas

Según la información facilitada por el ayuntamiento, en El Soto de la Moraleja queda suelo edificable para 2.000 viviendas. El 80% de este terreno está calificado para viviendas de protección oficial en el Plan General de Urbanismo de la localidad.Para impedir el aumento de superficie edificada "con el truco de la buhardilla", el Ayuntamiento de Alcobendas exige que en los proyectos de obra de las viviendas unifamiliares consten determinadas características para la cubierta, concretamente que ésta se sustente mediante los llamados tabiques palomeros, de forma que el espacio abuhardillado no resulte habitable.

En la actualidad hay 400 licencias de viviendas unifamiliares retenidas por el mismo ayuntamiento a la espera de que sus promotores se avengan a incluir dicha característica en el proyecto.

En las obras cuya paralización se ha ordenado, el ayuntamiento ha descubierto que el tejado se sustentaba en una estructura metálica o en vigas y forjados de hormigón. De esta manera, el espacio abuhardillado queda diáfano y apto para ser habitado una vez pasadas las inspecciones del ayuntamiento y del MOPU. Unas ventanas de cubierta y la apertura de otro hueco en el suelo de la buhardilla permitirían utilizar este espacio con la simple instalación de una escalera desde la segunda planta.

Un portavoz de Ebaplam, promotora de Soto 21, declaró ayer que la empresa no ha recibido todavía ninguna orden de paralizar las obras y que éstas continúan. En el mismo sentido se expresó un directivo de Da Vinci SA, promotora de Los Pinos. Ángel Martínez, de Execo S.A., promotora de Los Corzos, explicó que, "en efecto, hemos parado durante unos ocho días para quitar unos refuerzos metálicos en la techumbre, según ha exigido el ayuntamiento, pero ya se han reiniciado las obras".

El mismo portavoz aseguró que su empresa, aunque acata la deci sión municipal, "no está de acuer do con ella, porque la estructura metálica es un simple refuerzo de la cubierta instalado a petición de los propietarios, y el ayuntamiento no tiene razón alguna para presu poner que las buhardillas van a ser habitables". El concejal Egea explicó, en cambio, que "todavía no se ha retirado esta estructura metálica en todos los chalés y, mientras no se haga, seguirá la suspensión".