La Fiscalía del Estado solicita el procesamiento por prevaricación y cohecho de dos jueces de Barcelona

La Fiscalía General del Estado entregó el pasado lunes a la Sala Segunda del Tribunal Supremo un informe en el que solicita el procesamiento por los delitos de prevaricación y cohecho de los jueces de primera instancia de Barcelona Carlos Lorenzo-Penalva Vega y Joaquín García Lavernia. También se solicita el procesamiento de media docena de profesionales del Derecho implicados en el caso, aunque sólo por cohecho. El fiscal reitera la petición de suspensión de empleo y sueldo para los dos jueces, que 14 meses después de descubierto el escándalo continúan en sus cargos.

Según informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado, la querella y petición de procesamiento ha sido ampliada a la persona que denunció el presunto fraude y que fue un ex empleado del despacho del abogado Luis Lorenzo-Penalva del que había sido despedido. Este antiguo empleado se encuentra procesado en alguno de los procedimientos judiciales que se siguen contra él a instancias de su ex jefe.Al parecer, existen indicios suficientes para considerar que esta persona también participó en las actividades delictivas que denunció. El letrado Luis Lorenzo-Penalva, contra el que también va dirigida la querella, es hermano de uno de los jueces. En el informe de la Fiscalía del Estado, que ha sido elaborado por el teniente fiscal Cándido Conde Pumpido, ha pedido la práctica de numerosas diligencias para redondear la investigación. Una de las personas contra las que en un principio se dirigió la querella ha fallecido.

En julio de 1982 fueron detectadas presuntas irregularidades en la designación de interventores, comisarios y depositarios en algunos procesos de suspensión de pagos y quiebras. Los titulares de los juzgados números 2 y 6 de primera instancia de Barcelona, García Lavernia y LorenzoPenalva, respectivamente, designaron en numerosas ocasiones al personal del gabinete jurídico de Luis Lorenzo-Penalva como depositarios, comisarios e interventores de las suspensiones de pago y quiebras.

Inicio de las investigaciones

Se iniciaron las investigaciones por parte de la Guardia Civil, la policía y la sección disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial.Cambio 16 publicó por esas fechas que otro de los querellados, Pedro Truyás, presumía de tener influencia sobre el juez García Lavernia y que formaba parte de una denominada banda de los cuatro que estaba integrada por el magistrado Lavernia, y dos amigos suyos, Fernando Sánchez y Antonio Capmany. El grupo en ocasiones había exigido fuertes cantidades de dinero a litigantes a cambio de gestiones en el juzgado. El semanario aseguraba que el intercambio de favores quedó al descubierto cuando un abogado de Barcelona consiguió grabar en un cinta magnetofónica la voz de Fernando Sánchez pidiendo tres millones de pesetas a cambio de un dictamen con insolvencia profesional, en una suspensión de pagos. La cinta llegó al presidente de la Audiencia Territorial y Fernando Sánchez fue destituido como interventor Judicial, mientras que el juez Lavernia quedó al margen de las investigaciones.

En mayo de 1983, el fiscal general del Estado, a raíz de los informes remitidos por el Consejo General del Poder Judicial, interpuso querella contra los magistrados y otros seis profesionales del Derecho a los que acusaba de delito de cohecho. En la querella, el fiscal pedía el ingreso en prisión provisional de los dos jueces hasta que depositaran la fianza que la sala determinara.

Sin embargo, lejos de ingresar en prisión, los magistrados continúan en sus cargos y la designación de los interventores judiciales en las suspensiones de pagos y quiebras tampoco ha sufrido modificacioneq importantes, según fuentes próximas al Consejo del Poder Judicial.

La querella mencionaba que los dos magistrados se pusieron de acuerdo con Luis Lorenzo-Penalva y Pedro Truyás "para proceder a nombrar a dichos querellados o a sus colaboradores de despacho Juan Magri, Fernando Sánchez y Gloria Viñals, como interventores, comisarios o depositarios de los procedimientos de suspensión de pagos o quiebras que se siguieran en sus respectivos juzgados, a cambio de un porcentaje en las ganancias que de tales nombramientos pudieran producirse".

El fiscal añadía que ambos magistrados recibieron, en junio y julio de 1982. ocho talones por un importe total de 9.377.468 pesetas. Estos talones, obtenidos a raíz de las irregulares designaciones de interventores, comisarios y depositarios, fueron ingresados en una cuenta del Banco de Santander.

La querella instaba a la investigación de 13 suspensiones de pagos y siete quiebras. Entre las primeras figuraban las de Mundo Ediciones, Inmobiliaria Grupo Mundo, Hilaturas del Sureste, Esmaltes Pinturas Barnices SA y Electrónica, Publitel y Construcciones Coronado. Entre las quiebras cabe destacar las de Juan Carlos Muntadas, Editorial Gassó Hermanos, Este Holding, SA, y Editorial Eco.