Una broma pesada

DETENCIÓN ILEGAL, torturas, amenazas, abuso de autoridad parecen algunos de los presuntos delitos en los que hubieran podido incurrir los responsables del repugnante fusilamiento figurado al que fueron sometidos contra su voluntad el alcalde pedáneo y un grupo de vecinos de un pueblo de Huesca. Si parece lógico que, después de que le pongan contra un muro de fusilamiento, el propio alcalde esté aterrado de las consecuencias de armar más ruido con el caso, pensamos que el ministerio público y el Gobierno deben intervenir cuanto antes. Tomar por asalto un pueblo, detener a sus habitantes, someterles a la tortura de un fusilamiento fingido no es ni puede ser un ejercicio táctico ni una broma. Es un hecho vergonzoso y vergonzante para la unidad que lo realiza, el oficial que la manda y el jefe de su regimiento. Pero es preciso saber también si es un delito o si los ciudadanos de este país estamos sometidos a la arbitrariedad de cualquier oficial dispuesto a realizar ejercicios tácticos a base de amedrentar con las armas a los contribuyentes.La noticia de que se va a abrir una investigación nos llena de estupor. ¿No se había abierto ya? ¿Desconocía el capitán general de la zona los hechos? ¿Y el ministro? ¿Los aprueban? ¿Piensan que son cuestiones internas del mando? ¿Es cierto que guerrilleros del Ejército han ocupado en otras ocasiones domicilios sin el consentimiento de sus ocupantes?

Al margen de los aspectos legales del caso y de lo detestable de la filosofía moral que encierra están los políticos. Muchos sectores de este país se acercan todavía recelosos y con temor a las Fuerzas Armadas. Una larga historia de levantamientos, golpes y guerras civiles abona ese recelo contra el que muchos gobernantes y muchos jefes de la milicia vienen luchando con honesta tenacidad. Un pelotón de ejecución -fingida, pero ejecución al fin- puede ahora echar por tierra muchas horas de esfuerzo, de trabajo, de diálogo, con el objetivo unánime del acercamiento entre la sociedad civil y los ejércitos. Y todavía se explica que las balas eran de fogueo. ¡Caramba!

A nosotros esta broma pesada nos parece una infamia, incluso si no se lo parece a quienes han resultado ser sus víctimas directas. No es un caso particular éste ante el que nos encontramos, mucho menos si es cierto que la unidad se encontraba de maniobras y que recibía órdenes superiores. El cumplimiento de la ley debe ser efectivamente igual para todos. No podemos creer que fiscales capaces de llevar ante los tribunales al presidente de la Generalitat no lo sean en cambio de plantear una querella contra los responsables de este bochornoso alboroto, que esperamos no responda al verdadero índice de preparación y entrenamiento de la escuela de guerrilleros de Jaca, una de las supuestas unidades de elite de nuestro Ejército.