Felipe González sigue buscando países centroamericanos que acepten a los miembros de ETA expulsados por Francia

El presidente del Gobierno español, Felipe González y un reducido grupo de colaboradores llevan directamente las gestiones ante gobiernos centroamericanos para lograr que sean recibidos en sus países los miembros de la organización ETA que Francia expulse de su territorio, dentro de la política de colaboración abierta entre Madrid y París a comienzos de año y que ambos Gobiernos están dispuestos a consolidar.

Felipe González ha encontrado más resistencias de las previstas en la solución de este requisito imprescindible para hacer viables los acuerdos con el Gobierno de Pierre Mauroy sobre expulsión de suelo francés de aquellos terroristas que no acepten o no puedan acogerse, por estar implicados en delitos de sangre, a las medidas de reinserción social que el Gobierno español está dispuesto a generalizar. Mientras España no aporte una solución al problema del destino de los etarras, el Gobierno francés no podrá acelerar el proceso de limpiar su territorio de terroristas tal y como le pide el Gobierno español.Los primeros contactos sobre las medidas a adoptar para acabar con el problema que plantean los asentamientos etarras en el suroeste de Francia arrancan de la cumbre socialista que se celebró en París el 23 de enero del año pasado, un par de meses después de que Felipe González formase su Gobierno. Se puso allí en marcha un mecanismo de negociación que se aceleró durante la visita del primer ministro francés, Pierre Mauroy, a Madrid, a mediados del mes de junio de 1983.

En concreto el Gobierno francés aceptó trasladar al norte del río Loira a algunos miembros destacados de las distintas ramas de ETA y de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. No obstante, pidió que se buscase algún destino definitivo para los etarras que fuesen extrañados al norte de Francia y que tuviesen problemas con la justicia francesa, bien porque hubiesen sido detenidos con armas, bien porque no tuviesen en regla su documentación.

Empezó entonces el peregrinar de varios enviados personales del presidente del Gobierno español por diversos países latinoamericanos en busca de un lugar de recepción para los posibles etarras expulsados del territorio francés. Panamá, Venezuela, México y Cuba fueron los países en los que estos contactos observaron una mayor y más fácil penetración.

La operación, en marcha

La visita de Felipe González a París el 20 de diciembre del año pasado marca el inicio de la acción directa de las autoridades francesas sobre los terroristas refugiados en su territorio. A principios de enero de este año fueron detenidos y desterrados al norte del Loira destacados dirigentes de ETA y de los Comandos Autónomos. El Gobierno francés buscó rápidamente la posibilidad de reexpedir a una buena parte de éstos hacia otros países. Panamá fue el primer país receptor. Sin embargo, las autoridades panameñas solicitaron pocas semanas más tarde al Gobierno español que buscase otro destino a los etarras. Se había iniciado el periodo electoral que culminó con el acceso a la presidencia de Ardito Barletta, y la oposición había tocado el tema de los etarras en alguno de sus mítines.Un enviado personal de Felipe González se desplazó rápidamente a La Habana para intentar, a marchas forzadas, culminar las conversaciones que inició el propio presidente del Gobierno con Fidel Castro durante la escala técnica que el avión de éste último realizó en Madrid, a su regreso de los funerales por el presidente de la URSS, Yuri Andropov. Esta gestión llegó a buen fin, y los etarras recogidos por Panamá pasaron a residir en las inmediaciones de La Habana, donde se encuentran parcialmente integrados en la vida normal del país. El único problema que trascendió de toda esta negociación fue la exigencia cubana de que estos miembros de ETA entrasen en su territorio con documentación legal.

En Venezuela, país que también recibió a algunos de los etarras expulsados de Francia, y donde se encuentran socialmente integrados, ocurrió algo similar. Las elecciones presidenciales dieron lugar a una ralentización en la aceptación de activistas deportados, que se pretende relanzar tan pronto como sea posible.

Existe un gran hermetismo sobre quién paga y cómo el coste de los traslados y extrañamientos de los etarras. Fuentes gubernamentales niegan que España esté pagando directamente la factura de los ya situados al otro lado del Atlántico, en contra de lo que declaró la esposa de uno de los miembros de ETA trasladado a Panamá, que llegó a hablar de una cifra de 100 millones de pesetas. Al parecer, la fórmula de pago que se ha establecido en algún caso es mediante la prestación de servicios de diversa índole a los países receptores.

En cuanto a la ausencia de miembros destacados de ETA entre los deportados, en estos mismos círculos, se especula con la hipótesis de que realmente hubiera podido existir algún tipo de entendimiento pretérito entre algunos miembros de esta organización y servicios próximos al Gobierno francés, para conseguir un control de las actividades del grupo terrorista vasco-francés Iparretarrak.