Los Gobiernos de Madrid y París negociarán este mes fórmulas para lograr que ningún 'etarra' resida en Francia

Los ministerios español y francés del Interior negociarán este mes en Madrid la situación jurídico-legal de los presuntos etarras residentes en el sur de Francia. Según fuentes españolas conocedoras de la reunión, ambas partes estudiarán las fórmulas adecuadas para que ningún miembro de ETA pueda residir en el país vecino y, especialmente, para que ningún español, terrorista o no, disponga de la carta de refugiado político que otorga en Francia la Oficina para Refugiados y Apátridas (OP pra). Fuentes policiales de Madrid estiman que en Francia residen ahora unos 150 presuntos miembros de las diferentes ramas de ETA.De acuerdo con las fuentes informantes, es posible que en la reunión participen los titulares de los departamentos español y francés, José Barrionuevo y Gaston Deferre, respectivamente, pero no se ha desvelado ni la fecha ni los posibles participantes en el encuentro. Durante las dos semanas pasadas ya se han producido contactos de altos mandos policiales de los dos países para preparar la reunión, en la que también se reafianzará una evaluación de la colaboración antiterrorista.

Las fuentes informantes no han concretado la fórmula que se utilizará para poner en práctica el citado acuerdo en el caso de que llegue a alcanzarse en la negociación. No obstante, estiman que, en síntesis, esa fórmula consistirá en que la gran mayoría de los etarras o ex etarras se vea obligada a dejar Francia a través de dos vías.

La primera será aplicable a los terroristas acusados de cometer delitos de sangre, para quienes se buscará algún país que esté dispuesto a acogerlos, como ya se ha hecho con terroristas que se encuentran en Cuba, Venezuela o Panamá. La segunda vía, aplicable a presuntos terroristas no acusados de delitos de sangre, consistirá en ofrecer amplias posibilidades para que éstos se sumen a las operaciones de reinserción social.

Los presuntos terroristas vascos procedentes de España y residentes en Francia que no deseen acogerse a ninguna de las dos fórmulas se verán obligados a legalizar, si no lo han hecho, su situación en el país vecino, pero en ningún caso como refugiados políticos. Fuentes oficiales españolas han insistido en numerosas ocasiones en que, con el actual sistema democrático en España, no es lógico que ciudadanos españoles sean considerados refugiados políticos en otro país democrático.

Con respecto al balance de la colaboración antiterrorista, fuentes policiales consideran que ésta "se ha incrementado notablemente desde comienzos del presente año". Entre los datos calificados de "positivos" la policía española destaca las más de 30 detenciones, extrañamientos y deportaciones de etarras realizados por las autoridades del país vecino desde el pasado 10 de enero, las facilidades dadas a policías españoles para realizar trabajos de información en el sur de Francia y la colaboración de la policía francesa, junto con la belga, en la investigación de los suministros de armas a ETA.

La 'tercera fase'

Esta nueva etapa de colaboración con Francia ha coincidido en España con la puesta en marcha de la tercera fase en la lucha contra el terrorismo, según la define un alto cargo del Ministerio del Interior. La primera fase, según este informante, consistió en elevar lo posible el nivel de profesionalidad de los cuerpos antiterroristas. La segunda fase tuvo por objeto la acumulación de información sobre la infraestructura y movimientos de los terroristas, y la tercera consiste "en tomar la iniciativa y adelantarse a las posibles acciones de los etarras". Aunque no se han puesto ejemplos de esta tercera fase, de la información facilitada parece deducirse que actuaciones policiales violentas contra presuntos terroristas, como la registrada en Pasajes el pasado día 22 de marzo (murieron cuatro etarras), encajan en esta nueva fase.Junto a estas acciones, el descubrimiento de policías españoles en el sur de Francia en noviembre de 1983 y el inicio de las actividades de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) a finales del pasado año -los GAL se han responsabilizado de ocho asesinatos de etarras- "han obligado a ETA a emplear gran parte de sus medios en sistemas de autoprotección", según estima un mando de la Guardia Civil experto en cuestiones antiterroristas.

Como aspectos negativos, las fuentes españolas señalan que, en el último año, Francia ha concedido el estatuto de refugiado a más de una decena de presuntos terroristas. Igualmente, las acciones contra los máximos dirigentes de ETA, como Domingo Iturbe Txomin, han sido calificadas de "blandas" en España. Txomin fue obligado a residir en Tours (Francia), alejado de la frontera española, a principios de enero, pero el 26 del mismo mes ya se encontraba en paradero desconocido.

A principios del presente año, la policía española entregó a la francesa una lista de 50 dirigentes de ETA para que tomara medidas. Entre ellos se encuentran los deportados o confinados, pero en España se considera que Francia ha preferido, hasta el momento, no actuar con contundencia contra los dirigentes de ETA Militar, como es el caso de Txomin.

Respecto a las medidas de reinserción social de terroristas, las iniciadas por el ex ministro Juan José Rosón y el dirigente de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés han beneficiado ya a 196 ex etarras, y el plan en el que interviene el Defensor del Pueblo puede alcanzar a un centenar.