El Gobierno detecta "permisividad" de las autoridades académicas para las irregularidades de los enseñantes
Las autoridades académicas mantienen una actitud de "permisividad e inhibición en muchos casos" a la hora de examinar irregularidades en cuanto a incompatibilidades de catedráticos y docentes en general, de acuerdo con un informe elaborado por el Gobierno, al que tuvo acceso EL PAIS. Muestra de tal permisividad es, según el informe, el hecho de que este año tan solo se han recibido 250 declaraciones de compatibilidad, cuando el pasado año se recibieron 3.000.
Ello constituye todo un síntoma, se añade, de que ni siquiera se insta a los docentes a efectuar la preceptiva declaración.Las irregularidades en el campo docente "no han sido estudiadas en profundidad", según admitió ayer una fuente de Presidencia del Gobierno. La misma fuente reconoció también la existencia de "una cierta preocupación" ante la convocatoria, para los próximos días 11 a 15, de una huelga de catedráticos y agregados de Universidad, que reclaman el reconocimiento, a efectos salariales, del grado de doctor.
Docentes y médicos son los únicos funcionarios públicos que podrán mantener una segunda actividad pública, aunque con ciertas limitaciones, de acuerdo con el proyecto de ley de incompatibilidades para los trabajadores de las Administraciones públicas, que comienza a debatirse el lunes en la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados.
Esta excepción en favor de ambos cuerpos se hace atendiendo al reconocidamente "bajo nivel retributivo" frecuente entre médicos de la Seguridad Social y catedráticos.
El comienzo del debate parlamentario coincidirá, pues, con el inicio de la huelga de catedráticos, y también con la nueva convocatoria de huelga para los funcionarios públicos, a cargo de UGT y CC OO para los días 12 y 13 y de los sindicatos independientes para los días 14 y 15.
Dedicación exclusiva
Pese a no ser completos, los informes en poder del Gobierno muestran la existencia de "numerosas irregularidades" tanto entre médicos como entre los docentes del sector público, éstos últimos a causa de la ya citada "permisividad e inhibición de las autoridades académicas".Entre las irregularidades en el sector docente se contabilizan, de acuerdo con los aludidos informes, numerosos casos de profesores con dedicación exclusiva y otra actividad pública. Existen expedientes sin resolver, como el del ex ministro de Educación Jose Luis Villar Palasí, en los que se incurre en clara incompatibilidad, al acumularse tres actividades públicas (una de ellas, la cátedra) y una privada.
La legislación actualmente en vigor señala que los catedráticos con dedicación no exclusiva que mantengan, a la vez, otra actividad pública, tan solo deberán cobrar el 75% de sus salarios. Sin embargo, de acuerdo con los medios consultados por EL PAÍS, tal norma resulta sistemáticamente incumplida.
Lo mismo sucede en lo que se refiere al deber de residencia en el lugar donde se ejerce el cargo público, respecto al que es muy frecuente -alrededor del 30%, según estimaciones- el caso de catedráticos en universidades periféricas que tienen fijado su domicilio habitual en Madrid.
