El Gobierno asegura su participación en la selección y formación de los futuros jueces
El Gobierno mantendrá en la futura ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) el sistema de acceso directo de "juristas de reconocida competencia" a las categorías de juez y magistrado, a pesar del rechazo de esta vía por parte de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, que propugna el sistema único de ingreso mediante oposición.
El Gabinete socialista ha contestado a las duras críticas del órgano de gobierno de la justicia con nuevas medidas para asegurar su participación en la selección y formación de los futuros jueces. Además de compartir con el Consejo General el control de los tribunales de oposiciones y de concursos, el Centro de Estudios Judiciales dependerá del Ejecutivo.El anteproyecto inicial de LOPJ regulaba los méritos a considerar en el concurso para el acceso directo a la magistratura, pero no establecía el órgano encargado para valorarlos. El texto definitivo que el Ministerio de Justicia remitirá en los próximos días a la consideración del Consejo de Ministros determina que las pruebas selectivas de la nueva modalidad de acceso a la carreta judicial las resolverá un tribunal compuesto de la misma forma que los tribunales de oposiciones.
El anteproyecto de LOPJ establece que el tribunal de oposiciones, como el de las pruebas selectivas, estará integrado por el presidente, que lo será el del Tribunal Supremo, o el magistrado de dicho alto tribunal en quien delegue, y los siguientes seis vocales: un magistrado, un fiscal, un catedrático de universidad de disciplinas jurídicas, un abogado en ejercicio, un letrado del Ministerio de Justicia y un facultativo del Consejo General del Poder Judicial.
Precisamente este tipo de tribunales constituye otro de los puntos de fricción entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Aunque los siete miembros del tribunal serán nombrados por el Consejo, dos de ellos -el catedrático y el letrado del Ministerio de Justicia- serán propuestos directamente por Justicia, y un tercero -el fiscal-, indirectamente, a través de la propuesta del fiscal general del Estado, que a su vez es designado por el Gobierno. Teniendo en cuenta que un cuarto vocal, el abogado, será propuesto por el Consejo General de la Abogacía, la realidad es que, de un total de siete miembros, al órgano de gobierno de la justicia sólo le queda el control sobre tres.
En su informe sobre el anteproyecto de LOPJ, el Consejo General del Poder Judicial se quejaba de la composición de estos tribunales y denunciaba su mediatización por instituciones ajenas al órgano de gobierno del poder judicial. "Debe ser el Consejo General quien libremente designe a los miembros de los tribunales", decía el informe, "como consecuencia directa de su plena competencia gubernativa en materia de selección. Las propuestas, en su caso, de los organismos de procedencia deben ser no vinculantes".
El Consejo General del Poder Judicial propuso además modificar la composición de estos tribunales, sustituyendo al letrado del Ministerio de Justicia, cuya presencia fue calificada de injustificada por un profesor del Centro de Estudios Judiciales. El Ministerio de Justicia no ha aceptado estas sugerencias
