Banca Catalana, el coste de una crisis

En el último episodio del caso Banca Catalana, dos políticos han citado cifras sobre el caso. El presidente del Gobierno, Felipe González, dijo el 25 de mayo ante los micrófonos de Radio Nacional: "Cuando un Gobierno se ve obligado a aportar 270.000 millones del erario público, es decir, de todos los ciudadanos, para superar una crisis económica, no tiene más remedio que ofrecer a los propios ciudadanos una explicación".Felipe González reseñaba una cifra cierta. Aún más, rebajaba su montante total (ver cuadro l). Pero, a frase seguida, cometía un lapsus linguae: "Se había producido una situación que llegó a una pérdida de 270.000 pesetas", identificando las pérdidas -agujero- del grupo bancario (139.000 millones) con las ayudas otorgadas para reflotarlo. Pocas horas después, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, aprovechaba este lapsus para argumentar que él, en el lugar del presidente del Gobierno, no hubiera "tergiversado, que es una forma de engañar, por ejemplo, no hubiera dicho que hay un agujero de 270.000 millones, porque eso es falso". Y añadía que, en la comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de Diputados, el ministro de Hacienda, Miguel Boyer, "situó las pérdidas en 60.000 o 65.000 millones y habló de que el resto de dinero que ha habido que aportar se irá recuperando". Esa referencia, en la que se reducía a la mitad el nivel real del agujero, no respondía a la realidad.

La intervención de Boyer ante el Congreso (Acta taquigráfica, Boletín de las Cortes, número 27 de 1983), aceptada y mencionada por todos como base de discusión, en absoluto aludía a esa cifra de pérdidas. "El caso de Banca Catalana es uno de los más graves, quizá el más grave", dijo Miguel Boyer en esa sesión, "de crisis bancaria que hemos sufrido en la economía española". Y añadía los datos de la auditoría de verano de 1982, según los cuales "el déficit patrimonial (el agujero menos los recursos propios) de los tres grandes bancos del grupo ascendía a 110.000 millones", aparte de otros 28.000 millones de activos improductivos.

Las cifras de las pérdidas hay que buscarlas en la auditoría y en los posteriores informes de las juntas generales de los bancos del grupo. Estos establecen que las pérdidas -esto es, activos fallidos y ficticios, o genéricamente créditos irrecuperables- ascendían en 1982 a 129.112 millones para las tres grandes fichas del grupo: Banca Catalana, Banco Industrial de Cataluña (BIC) y Banco Industrial del Mediterráneo (BIM). Sumadas a éstas las de los otros cuatro antiguos bancos del grupo (Alicante, Crédito e Inversiones, Gerona y Barcelona), ascienden a un total de 139.000 millones de pesetas. Ésas son las pérdidas, ése es el agujero.

Este concepto de pérdidas no corresponde a las pérdidas de la cuenta de explotación, como diferencia de los ingresos y los gastos anuales, que indican la marcha de un ejercicio. Corresponde técnicamente a las minusvalías del balance y la situación de fondo, patrimonial, de las entidades bancarias. En el lado del activo del grupo -empleo de los recursos- figuran unas cantidades fallidas o ficticias (meros apuntes contables sin contrapartida real): 139.000 millones. Es el agujero del activo. Este agujero puede compensarse, en el lado del pasivo -que indica el volumen y origen de los recursos, de la entidad o de terceros depositantes- con los recursos propios (capital y reservas), si éstos son suficientes. Estos recursos propios del grupo apenas superaban los 25.000 millones (23.411 para Catalana, BIC y BIM). Así, la diferencia entre las pérdidas y los recursos propios superaba con largueza los 100.000 millones de pesetas: es el desequilibrio patrimonial neto.

El voluminoso desequilibrio patrimonial indica que el grupo estaba en una situación técnica de quiebra en el momento de estallar la crisis (junio de 1982), aunque hubiera podido aguantar sin suspender pagos durante meses, dada la mayor flexibilidad que tienen las entidades financieras para conseguir tesorería respecto de las empresas industriales. El desequilibrio indica también otro fenómeno que ha sido poco destacado: contablemente, Catalana estaba de hecho en buena parte descatalanizada. Porque su activo sano era muy reducido y porque su pasivo se deterioró a causa de las sincopadas retiradas de depósitos de la clientela.

Ayudas oficiales

Para compensar el agujero no bastaba, pues, con aplicarle los recursos propios. Había que obtener otras ayudas externas, procedentes del erario público. Fueron dispensadas con amplitud a final de año, después de que el Banco de España -con el subgobernador, Mariano Rubio, al frente- y el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios -encabezado por su secretario general, Juan Antonio Ruiz de Alda- se hicieran cargo del grupo. Para ser exactos, el alto volumen de ayudas requerido se debió a dos razones. La principal fue la necesidad de sanear el activo, impuro debido a la mala gestión.Además, hubo que compensar el deterioro de los depósitos causado por la tardanza en solucionar la crisis, en relación con otras. Dicha tardanza se debió a varios factores, aún no perfectamente cuantificables: la resistencia ofrecida al saneamiento por el último consejo anterior a la crisis, la escasa flexibilidad en la aplicación de la muy reciente legislación sobre salvamento de bancos y los componentes políticos del asunto. Alguno de ellos fue citado por el ministro de Hacienda en la citada sesión parlamentaria del 16 de junio de 1983: "Se intentó la búsqueda de una solución singular para Banca Catalana, tanto por razones económicas como por razones políticas" ( ... ) «por razones políticas, porque, sus señorías no ignoran, existe una frustración tradicional en Cataluña, zona potente empresarialmente y, s embargo, zona en la cual se han frustrado siempre las iniciativas financieras de gran dimensión".

Por todas estas razones, la ayuda prestada a Catalana alcanzó un volumen extraordinario (ver cuadro 1). La inyección de dinero público se aplicó en dos direcciones. Por un lado, para sanear el activo, mediante la compra de activos insanos, la asunción de pérdidas, la prestación de garantías a los activos dudosos. Por otro, para vigorizar el deteriorado pasivo mediante la concesión de préstamos blandos a largo plazo y sin interés, o con interés muy bajo, de forma que aplicando estos recursos a empleos solventes, el diferencial. de su interés con el del mercado permitiera que la entidad retornase, a largo plazo, a ser rentable.

Las ayudas efectivamente desembolsadas, a 16 de junio de 1983, se cifraban en 275.713 millones de pesetas, según detalló Miguel Boyer en la sesión parlamentaria. Posteriormente, los apoyos se ampliaron hasta llegar a 29 1.000 millones. Esta cifra es la más alta de cuantas se han aplicado desde 1978, caso de Rumasa aparte, a resolver las crisis bancarias. Sólo la historia podrá decir si la solución ha resultado demasiado cara. La única alternativa viable que se planteó a esta solución fue la ofrecida en septiembre de 1982 por el primer consejo de administración no vinculado a los fundadores, y que fue rechazada por cuestiones jurídicas. En ella se solicitaba una ayuda inferior a la finalmente prestada: 130.000 millones, entre compra de activos (70.000) y préstamos (60.000).

Las ayudas directas han sido de 275.000 millones (siempre a 16 de junio de 1983, sin contar la ampliación hasta 291.000). Contando las complementarias, -garantías y avales, es decir, apoyos no desembolsados, pero que pueden serlo, en todo o en parte, en el futuro- ascienden a 321.000 millones, como se observa en el cuadro 1. El grupo bancario contaba, antes de estallar la crisis en junio de 1982, con unos recursos ajenos de 325.000 millones de pesetas. Por tanto, para reflotar el grupo el Banco de España ha puesto 80 céntimos por cada peseta depositada en él, contando las ayudas efectivas, o 98 céntimos, si se cuentan también las ayudas complementarias. Todo ello sin contar con la subvención implícita que supone la exención total de coeficientes por cinco años, por la cual el grupo evita la obligación de invertir en tomo a la mitad de sus recursos en activos o destinos en parte menos rentables que los del mercado.

Impacto en el Banco de España

Aunque el Banco de España haya desembolsado los 275.713 millones reseñados, éste no es el coste de la crisis. Una parte los debe recuperar, porque han sido concedidos por el Fondo de Garantía de Depósitos y la banca privada teóricamente sufraga este fondo con la mitad de los recursos. Teóricamente, porque, según la propia memoria de 1983 del Fondo, la banca privada ha aportado s6lo 10.628 millones, mientras que el banco emisor, además de una cantidad igual, ha tenido que conceder al Fondo, para hacer frente a la crisis bancaria en general, un préstamo de 439.443 millones de pesetas, que irá recuperando a largo plazo. Otra parte de las ayudas -los préstamos- será devuelta por el grupo bancario. Así, el coste de la crisis comprenderá las ayudas, menos las devoluciones y la recuperación por venta de parte de los activos asumidos, más el coste financiero de cada partida.Una primera aproximación al coste de esta crisis en el primer año fue la ofrecida por el ministro de Hacienda en la sesión parlamentaria del 16 de junio. El portavoz centrista, Luis Ortiz González, preguntó en aquella ocasión: "¿Cuál puede ser la magnitud, naturalmente, no la cifra exacta, de la incidencia que esta decisión tiene sobre la cuenta de resultados del Banco de España?". Ortiz preguntaba sobre la cuenta de resultados, sobre el primer año.

El ministro respondió (ver cuadro 2) cuantificando las diversas partidas de ayuda (salvo la compra de acciones por el Fondo, que el Banco de Vizcaya recomprará, pagando en siete años, lo que conlleva un coste financiero para el Fondo y sin incluir las partidas de garantías, que pueden ser parcialmente ejecutables), calculando el diferencial de los intereses de los préstamos según un tipo de mercado del 16% y realizando todas las estimaciones siguiendo el supuesto teórico de que la banca privada hubiera realmente desembolsado su aportación paritaria al Fondo. Con estos criterios estimó que la incidencia teórica de la crisis en la cuenta del Banco de España oscilaría entre 25.000 y 32.000 millones. Esta estimación, a la baja, se recoge en el cuadro 2.

Cálculo de la Generalitat

Los datos y la estimación de Miguel Boyer en el Congreso fueron luego utilizados como referencia en el Parlamento de Cataluña, pero no para calcular la incidencia de la crisis en el primer ejercicio posterior del Banco de España, sino para cuantificar lo que ésta costaría globalmente al Estado. En la sesión de la Comisión de Economía del 22 de noviembre de 1983 (Diario de Sesiones, número 90, serie C), el portavoz de Convergència i Unió, Antoni Subirá, preguntó: "En algunos medios de comunicación se ha hablado de 300.000 millones de pesetas como coste para el erario público de la solución dada finalmente al asunto de Banca Catalana ¿Es cierta esta. cifra o la realidad es otra mucho más baja?".El representante del Consell Executiu de la Generalitat respondió: "Aproximadamente 75.000 millones de pesetas, en vez de esas cifras que se han ido publicando a veces de 300.000 millones". El detalle de los cálculos que surten dicho resultado fue explicado por el representante del Gobierno autonómico y se recoge en el cuadro 3. En dichos cálculos se cometieron cuatro confusiones o errores. El principal de ellos -o sea, el de efectos más cuantiosos a los fines de rebajar el coste de la crisis- fue el relativo al préstamo de 125.350 millones concedido por el Banco de España, al 8% de interés. Si el ministro de Hacienda estimó entre 10.000 y 12.000 millones los intereses diferenciales -entre el 8% y el 16%- generados por dicho crédito, para un año, como se aprecia en el cuadro 2, el Gobierno de la Generalitat tomó esa anualidad por el todo, es decir, la confundió con los ocho años de plazo a que estaba concedido el préstamo. Esta partida es, al respecto, la más definitiva.

Este error de cálculo, por defecto, se repite con el préstamo de 35.652 millones concedido por el Fondo de Garantía. A ambos se añaden otros dos errores menores, por exceso, pues el portavoz del Gobierno catalán no tuvo en cuenta que los 84.422 millones de activos insanos comprados por el Fondo serán recuperados en parte, mediante su venta, y porque incluyó por dos veces en el cómputo del coste global su estimación del coste de dos partidas (la compra de activos y la asunción de pérdidas).

En resumen, esta versión, según la que el coste total solamente ascendería a unos 75.000 millones, es la que se divulgó mayoritariamente en bastantes medios de comunicación. Y fue en la que con toda probabilidad se basó Jordi Pujol en sus declaraciones del 25 de mayo pasado a Radio Nacional de España para argumentar que "las pérdidas" se situaban "en 60.000 o 65.000 millones" de pesetas.

La realidad es muy otra. La crisis del grupo costará al erario público un mínimo de 137.434 millones de pesetas -en el supuesto teórico más favorable, que es imposible- y entre 174.704 y 225.355 millones de pesetas corrientes, sin contar subvenciones implícitas, como se aprecia en el cuadro 4. Es decir, más del doble, en el mejor de los casos, y el cuádruple, en el peor, de lo que se estima desde la Generalitat.

El cuadro 4 ha sido elaborado con el concurso de varios expertos financieros catalanes independientes, siguiéndose los criterios expuestos por Miguel Boyer para un año, y aplicándolos a todo el período en que se costeará la crisis. Los resultados coinciden con los obtenidos por otros expertos (véase EL PAIS de 1-XI-1983).

El coste de derecho o coste teórico mínimo de la crisis de Catalana asciende a 137.434 millones de pesetas. De esta cantidad destacan las partidas de ayudas concedidas por el Fondo (84.422, 8.757, 40.000 y 10.000 millones), que deben dividirse por cuatro, porque el Banco de España teóricamente nutre sólo la mitad del Fondo, y porque en el mejor de los casos la mitad de los activos es recuperable y sólo se ejecutará la mitad de las garantías. El pago aplazado de las acciones de Banca Catalana genera unos gastos financieros, siempre al 16%, de 5.348 millones. Y en cuanto a los préstamos, se ha calculado el coste financiero producido por el interés diferencial, del 8% en el caso del crédito concedido por el Banco de España (16% menos 8%) y del 16% en el del Fondo, aplicando los plazos de cada uno. En suma, el cálculo de la tesis más optimista sitúa el coste de la crisis para el contribuyente en 137.434 millones de pesetas.

El verdadero coste real

Lo cierto es que este coste es meramente teórico. En la práctica se producirá el reseñado en la última columna del cuadro 4 (coste real l), esto es, 174.704 millones, que tiene en cuenta el hecho de que el Fondo mantiene en su poder la mitad de unos activos y valores difícilmente vendibles y de que soportarlos durante un tiempo le exige financiarlos. Por tanto, a las cantidades anteriores debe agregarse el coste de financiación de los activos y valores comprados por el Fondo y no realizados (33.768 y 3.502 millones), amortizados en un plazo prudente de cinco años.Si a dicha cantidad se le añade el coste que al Banco de España le representa el hecho de que la banca privada no haya cumplimentado su aportación de recursos al Fondo de Garantía de Depósitos, el coste total (coste real 2) asciende a 225.355 millones de pesetas. A ello debe añadirse, en puridad, la subvención implícita que supone la exención de coeficientes, calculada en su grado inferior.

En todos los cálculos ;se ha obviado un factor esencial, para hacer más prudente la estimación del coste: la erosión monetaria que por efectos de la inflación sufrirán las devoluciones de préstamos o las realizaciones de activos. Es decir, la parte que el erario recupere de las ayudas concedidas será recobrada en pesetas devaluadas.