Plan del Gobierno regional para paliar la escasez de agua en centros turísticos de las islas

El Gobierno autónomo de Baleares ha aprobado un decreto para tratar de paliar las graves dificultades de abastecimiento de agua potable que padecen numerosas zonas turísticas del archipiélago. Este verano, de nuevo, numerosas poblaciones costeras de Baleares tendrán que recurrir a los camiones cisterna para llevar agua a establecimientos de hostelería. El decreto sobre Régimen de Ayudas en Materia de Abastecimiento y Saneamiento de Núcleos Urbanos, aprobado por el Consejo de gobierno de la comunidad, tiene precisamente como objetivo sentar las bases de actuación administrativa para la ejecución de obras de mejora en las redes de aguas potables y residuales.

Este decreto establece la participación de la comunidad autónoma en las inversiones de los ayuntamientos, que podrán obtener hasta el 50% del importe total de los proyectos con dinero procedente de la comunidad autónoma, y complementa el Plan de Abastecimiento y Saneamiento de las Islas Baleares (PASIB).El conseller de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Jerónimo Saiz, explicó que "este decreto fija las ayudas económicas y técnicas para potenciar las actuaciones municipales", en el abastecimiento y saneamiento de aguas, y viene a desarrollar el procedimiento administrativo de la concesión de estas ayudas, a los ayuntamientos que las soliciten, de forma que la comunidad autónoma va a contribuir con aportaciones a fondo perdido de hasta el 50%, en la ejecución de las obras.

Pero el significado práctico de este decreto de aguas se concreta como ampliación administrativa del PASIB, texto filosófico para una acción en el archipiélago balear, en el que se detallan las necesidades para mejorar las distintas redes de saneamiento y abastecimiento de aguas, y que cifra un coste global aproximado a los 14.000 millones de pesetas. El PASIB fue redactado y aprobado por el Gobierno preautonómico balear (UCD), en la anterior legislatura, y se empezará a desarrollar después de la entrada en vigor de este decreto, es decir, tras su aprobación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

"Vamos a mejorar la infraestructura de las redes de aguas potables y residuales. Vamos a buscar nuevos acuíferos, reparar las conducciones, construir nuevas depuradoras y, en definitiva, a reconvertir todo el sistema", dijo Jerónimo Saiz, en colaboración directa con los ayuntamientos. "Y vamos a empezar por un primer plan de saneamiento de núcleos turísticos, cuya cuantía asciende a 600 millones de pesetas", ya previstos en el presupuesto de 1984, que está pendiente de su aprobación por el Parlamento regional. "Aproximadamente", añadió Saiz "en un mes y medio tendremos esa aprobación y, a través del decreto, los ayuntamientos podrá acogerse a la financiación de las obras".

Inversión de 5.000 millones

El saneamiento de los núcleos costeros también está incluido como asunto prioritario, aunque el conseller Saiz aclaré que "no se van a producir prioridades, excepto en cuanto al orden de llegada de las solicitudes de las ayudas" Para reformar la infraestructura de estas zonas, se calcula un mínimo de 5.000 millones de pesetas de inversión.Pero la innovación del decreto de aguas, según Jerónimo Saiz, es que "deja una puerta abierta a los proyectos que sean de interés supramunicipal, como por ejemplo los tendidos de la red comunes a varios municipios, los embalses, depuradoras y acuíferos que sirvan para surtir a distintos núcleos urbanos a la vez, etcétera". En estos casos, el decreto establece que la comunidad autónoma puede decidir directamente, su ejecución, cubriendo el 100 por 100 de los costes, e implantando a cambio un canon en concepto de explotación de los servicios, a pagar por los ayuntamientos.

Este plan de saneamiento de núcleos turísticos abre el programa, dentro del cual ya están previstos y en estudio otros planes zonales, o regionales, como el Plan Hidrológico, en el que en estos momentos está trabajando una comisión nombrada por el Gobierno balear.

El decreto de aguas se plantea como contribución de la comunidad autónoma a las obras municipales, "en beneficio única y exclusivamente de los respectivos ayuntamientos", quedando estos obligados a sufragar la cantidad restante hasta el total, y recibiendo además asesoramiento técnico en materia de conservación y explotación de las instalaciones. La ejecución de las obras correrá por cuenta de la comunidad autónoma. Además, la comunidad autónoma se reserva el derecho sobre las aguas residuales depuradas, y sobre las potables que resulten sobrantes del abastecimiento necesario.