Cuatro jueces destinados en Guipúzcoa consideran graves las limitaciones en el ejercicio de su función en el País Vasco

Cuatro jueces destinados en Guipúzcoa, Joaquín Navarro Estevan, Yolanda Domeño Nieto, Olatz Aizpurúa Biurrarena y José Francisco Cobo Sáez, dieron a conocer ayer un extenso escrito en el que reflexionan sobre la función de los magistrados y los conflictos especiales que el ejercicio de esta misión acarrea en el País Vasco. El escrito coincide en el tiempo con una resolución de la Audiencia Provincial de San Sebastián que desestima la admisión de la querella por prevaricación presentada por el guardia civil Alonso Manzano contra el titular del Juzgado número 1 de San Sebastián, José Luis Barragán.

El escrito de los cuatro jueces lleva el título Nosotros también queremos ser culpables, y está animado por la voluntad de solidarizarse públicamente con el magistrado José Luis Barragán. En él subrayan los jueces firmantes la necesidad de una verdadera policía judicial, indican, a su vez, que su situación se hace difícil y hasta insostenible a causa de lo que consideran "amputación de sus competencias y de las desorbitadas facultades policiales" y afirman que, salvo su deber, todo les incita a la inhibición, a la pasividad o a la connivencia."La razón principal de que existan jueces es la de amparar y tutelar los derechos humanos, frente a cualesquiera abusos o extralimitaciones", indican los autores del escrito. "Es incuestionable", añaden, "que esta función determina unas exigencias de control de los poderes públicos que, en nuestro tiempo, son los que por su natural expansividad se constituyen en posibles agentes de avasallamiento de derechos y libertades. Y es también innegable que el ejercicio de ese control por los jueces les hace entrar en conflicto con aquellos poderes, a los que no les resulta ni cómodo ni agradable -como a ningún poder constituido- sentirse vigilados y controlados por otro poder".

"La ausencia de una policía judicial que merezca tal nombre -esto es, de una policía efectivamente dirigida por la autoridad judicial sin jefes naturales, foráneos a la misma- es un factor", indican los magistrados, "claramente distorsionante de la independencia de los jueces y de la propia virtualidad de su función básica de amparo de las libertades y los derechos ciudadanos. Los distintos aparatos judiciales promueven, en la inmensa mayoría de los casos, mediante sus denuncias y atestados, la acción judicial, recogen las pruebas, dirigen la investigación, detienen a los sospechosos y, sin embargo, no dependen de los jueces a los que, por tanto, pueden instrumentalizar ya que formalmente actuan a sus órdenes".

Los jueces sostienen que sería injusto afirmar que esta situación es querida o potenciada por la mayoría de los miembros de las fuerzas de seguridad, "muy por el contrario", señalan, "todos los sindicatos policiales -los legales y los clandestinos- y un creciente número de guardias civiles, sobre todo 'de a pie', vienen reclamando esa verdadera policía judicial".

Los firmantes del escrito consideran que mientras no exista una policía judicial, los miembros de las fuerzas de seguridad se deberán a sus superiores jerárquicos y los jueces aparecerán ante ellos como intrusos. "Si ésto es así en general, en mayor medida lo es en Euskadi, donde las desorbitadas facultades policiales -producto de la normativa terrorista- y la mutilación de las competencias de los jueces naturales que, sin embargo, han de controlar los abusos que se cometen en el ejercicio de aquellas facultades, hacen la situación especialmente difícil, hasta insostenible".

En su opinión, el celo de los jueces por la salvaguarda de los derechos humanos de los detenidos -"celo", matizan, "que no pueden aplicar a la investigación de los crímenes terroristas"- tiene el riesgo de ser interpretado fácil e irresponsablemente como tendencioso, excesivo o fruto de las presiones. "Todo salvo su deber, les incita a la inhibición, a la pasividad o a la connivencia. Si no quieren conflictos con los aparatos policiales, prevarican por una bochornosa dimisión de sus funciones y si las ejercen como deben, pueden incurrir en la sospecha de parcialidad contra su policía judicial".

La reciente recusación del magistrado José Luis Barragán, ilustra, en opinión de los firmantes del escrito, todas las consideraciones anteriores. Los jueces se preguntan si José Luis Barragán no será "culpable" precisamente por ser un juez demócrata, digno e imparcial, y finalmente proclaman su solidaridad con esta frase: "Nosotros también queremos ser culpables".