El presidente del Gobierno considera que es deseable un debate parlamentario explicativo sobre Banca Catalana

El presidente del Gobierno, Felipe González, en unas declaraciones exclusivas a Radio Nacional de España, indicó ayer su opinión de que es deseable que se celebre un debate parlamentario explicativo de los hechos que han derivado en la querella presentada contra Jordi Pujo¡ y otros 24 antiguos directivos de Banca Catalana. González instó a los grupos parlamentarios para que pidan al Gobierno ese debate, aunque sin entrar ni entrometerse en las funciones de la justicia. El presidente recordó, sin embargo, que ya se celebró un debate en el momento en que el Gobierno decidió no quedarse con Banca Catalana.

"Se han celebrado varios debates, respecto de la crisis bancaria en otros casos, casos muy notables como el de Rumasa, o menos notables como el de la Caja Rural de Jaén, pero también importantes. Cabe la posibilidad de que se celebre uno, si lo pide algún grupo parlamentarlo, sobre cuál ha sido la decisión y por qué ha sido la decisión del Gobierno. No sobre la decisión judicial, que esa no corresponde al Gobierno, salvo que el Gobierno quisiera ocultar cosas, lo que me parece que no es misión del Gobierno. Ese debate parlamentario yo creo que es incluso deseable que se celebre, de ninguna manera alterando ni entrometiéndose en lo que es la función de la justicia, pero sí en la explicación de los hechos. Yo instaría a los grupos parlamentarios a que pidieran al Gobierno un debate sobre el tema de Banca Catalana; digan lo que digan, intencionalidad política no hay ninguna. Que pueda haber repercusiones políticas, eso no depende nunca de la actitud de este Gobierno. Depende de la interpretación que quieran darle otros. Pero los que tengan la memoria flaca que recuerden sus propias manifestaciones, por favor, que no son tan antiguas".El entrevistador de Radio Nacional preguntó a Felipe González sobre la supuesta intervención gubernamental y la denunciada intencionalidad política en la presentación de la querella. "En realidad", respondió González, "no hay nada que desmentir, ni siquiera nada que aclarar. En mayo del año pasado, es decir, hace un año por estas fechas, el Gobierno tomó una decisión que explicó el ministro de Economía en la Comisión de Economía del Congreso, y lamento que la memoria sea flaca porque no hace tanto tiempo, y tornó una decisión doble: primero, no optar por quedarse el sector público con Banca Catalana; se,gundo, después de muchos esfuerzos para que fueran entidades catalanas quienes se quedaran con Banca Catalana, aceptar que se quedaran entidades privadas, aunque no tuvieran el carácter de entidades catalanas. Y junto a esta decisión de no optar por quedarse el sector público con Banca Catalana pidió, como en otras ocasiones de crisis bancarias y como en Gobiernos de UCD, que el Banco de España informara sobre cómo se había producido una situación que llegó a una pérdida de 270.000 millones de pesetas, para ver qué responsabilidad administrativa había y para saber qué posibles responsabilidades de otro orden, de orden penal, podría haber".

Explicación del proceso

"El 13 de junio", siguió puntualizando el presidente del Gobierno, "el ministro de Economía lo explica así en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y es felicitado por todos los grupos parlamentarios por la claridad de la exposición, por la oportunidad de la decisión del Gobierno. Todavía recuerdo que un grupo parlamentario, el de Coalición Popular, dijo que propondría una comisión parlamentaria de investigación. El ministro de Economía contestó diciendo: 'Esa comisión parlamentaría probablemente no haga falta, porque el Gobierno ya ha pedido que se haga una información sobre todo lo ocurrido'. El Banco de España hace esa información, que recibe el Gobierno en el mes de noviembre de 1983. Durante un mes estudia el Gobierno -mes o algo más de un mes-, y devuelve el acuse de recibo al Banco de España, indicándole que opere con tal banco, como ha operado en otras ocasiones con los 35 bancos en los que ha habido crisis en los últimos años. Efectivamente, el Banco de España opera así, y unos días o unas semanas más tarde tramita" a través ciel Ministerio de Justicia, a la fiscalía lo que pudieran ser responsabilidades de carácter penal. La fiscalía general del Estado recibe el expediente y pone en marcha una investigación por su propia cuenta con el informe del Banco de España más los datos que recaba la fiscalía general del Estado, exactamente igual que hace en cualquier otro supuesto, sea el supuesto del Banco de los Pirineos, del Banco de Levante o de la Caja Rural de Jaén; sea con el Gobierno socialista, con el de UCD o con cualquier Gobierno que esté dispuesto a gobernar".

"Una vez que la fiscalía hace eso, hay una reunión de fiscales, y en esa reunión deciden automáticamente cosas que parecen difíciles de comprender para algunos políticos: deciden interponer una querella contra los administradores de ese banco. Hasta ahí la relación estricta de los hechos. Lo demás son especulaciones políticas, en las que yo no voy a entrar y no entraré más tarde tampoco. Explicaré los hechos. Sólo entraré para decir una y otra vez lo que he dicho, y me gustaría que me lo preguntaran en una de las frecuentes interpelaciones parlamentarias. ¿Qué haría cualquiera de los responsables políticos ante un supuesto de esta naturaleza, aparte de decir falsamente que hay utilización política, que hay enemistad con una autonomía o con una institución? Los hechos demuestran no sólo que no es verdad, sino que ha habido un enorme esfuerzo de negociación, de proximidad, que yo, además, estoy dispuesto a mantener. ¿Qué haría de verdad ante ese supuesto? Porque sólo caben dos posibilidades: esclarecerlo, no por el propio Gobierno, que no tiene competencia, sino por los tribunales de justicia, o intentar ocultarlo. Son las dos posibilidades que hay. Entre esas dos posibilidades, este Gobierno, en este supuesto, en supuestos anteriores y en cualquiera que pudiera ocurrir, optaría siempre por el esclarecimíento".

Explicación a los ciudadanos

"Cuando un Gobierno se ve obligado a aportar 270.000 millones del erario público, es decir, del esfuerzo de todos los ciudadanos para superar una crisis económica, no tiene más remedio que ofrecer a los propios ciudadanos una explicación de por qué se ha llegado a esta situación. Lo demás", subrayó el presidente González, "son especulaciones políticas gratuitas". A la pregunta de cómo se puede explicar el presidente del Gobierno, que ahora la reacción de todos los partidos del arco parlamentario haya sido decir que había una intencionalidad política en la actuación de la fiscalía general del Estado, el presidente contestó: "Probablemente porque en política hay siempre una, misma tentación. Aprovec:hando que el Tajo pasa por Toledo, se ataca al Gobierno. Se hace una crítica al Gobierno. Para rní es una situación, desde el punto de vista político, absolutamente sosegada. Desde el punto de vista personal, me duelen algunas cosas. Yo preguntaría a cualquiera de los líderes políticos y de los empresariales que han opinado qué-hubieran hecho. ¿Hubíeran hecho lo que noblemente todo el mundo debe esperar y debe desear: que los tribunales de justicia aclaren si hay alguna responsabilidad? Porque, realmente, yo creo que todas las personas son inocentes, todas, mientras no se demuestre lo contrario."

Respecto a la nota oficial de Jordi Pujol, Felipe González contestó: "Yo creo, que legítimamente no se puede referir a nosotros, y personalmente a mí, desde luego que no. Tengo suficientes elementos como para demostrar exactamente lo contrario. Durante todo el otoño y el primer mes de 1984 hemos hecho un esfuerzo, a mi juicio muy positivo, para desbloquear algunos asuntos con la Generalitat de Cataluña que estaban empantanados durante mucho tiempo. Un esfuerzo que ha tenido éxito. Han quedado liquidados asuntos pendientes de una gran magnitud, en un esfuerzo político bilateral, a mi Juicio loable, y que debe continuar. "Y por sí quedara algún elemento de confusión", puntualizó el presidente, "he ha blado personalmente con Jordi Pujol y he hechoi algo más que hablar personalmente de Banca Catalana mucho antes de que apareciera esta decisión de los fiscales. Él lo sabe; moralmente sabe cuál ha sido mi comportamiento, y si alguien tiene la obligacíón de decir cuál ha sido mi comportamiento, es el presidente de la Generalitat".