Fuerte polémica entre Javier Moscoso y Miguel Herrero sobre la ruptura de las negociaciones

Un amplio debate político sobre la ruptura de las negociaciones sobre la ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública abrió ayer la discusión del mencionado proyecto en el Pleno del Congreso. La polémica sobre el frustrado consenso ocupó más la atención de los oradores qne el propio contenido de la ley. Las intervenciones más importantes estuvieron a cargo del ministro de la Presidencia, Javier Moscoso; el portavoz de Coalición Popular, Miguel Herrero de Miñón, y el dipntado socialista Eduardo Martín Toval.

Moscoso acusó a los conservadores de no haber propiciado el consenso a causa de las incompatibilidades, la jubilación forzosa y las disposiciones transitorias del proyecto, y pregunto por qué Fraga considera constitucional la jubilación de los maestros a los 65 años y no la de los altos cargos de la Administración. Para Herrero de Miñón, el Gobierno no posee un modelo para la función pública porque se aferra "a dos principios que se llaman arbitrismo y arbitrariedad". Martín Toval calificó a Herrero de mentiroso y de defender la corporativación y patrimonialización de la función pública.Javier Moscoso, que defendió el proyecto en el debate de totalidad, acudió de nuevo al Congreso para exponer su tesis de que la reforma lleva a una Administración profesional y neutral que puede servir a cualquier Gobierno. El ministro reiteró que no existe un modelo aplicable a la realidad burocrática del Estado español, y recordó los pasos dados para negociar los temas conflictivos con la oposición mayoritaria. Según el ministro, los conservadores propugnaban un modelo que posibilitara a los cuerpos facultativos, (especializados) compatibilizar sus funciones públicas con las actividades privadas, y respecto a la jubilación, afirmó que se ofreció a los populares la modificación de la transitoriedad de su entrada en vigor.

Moscoso centró la ruptura de las negociaciones en el momento en que se pasó a discutir el corporativismo. "Ya no estábamos negociando", dijo, "con los representantes del pueblo, sino con los representantes de determinados cuerpos superiores de la Administración". "Hay que terminar", dijo más adelante, "con la patrimonialización de la Administración, con ese apropiarse de funciones por cuerpos imposibilitando su adecuado desarrollo y ejercicio; hay que terminar con un sistema retributivo arcaico como el que tenemos actualmente, un sistema que retribuye por cuerpos, y no por puestos de trabajo, y hay que hacerlo de acuerdo con el principio de especialidad".

Moscoso, al final de su discurso, afirmó que el Gobierno volverá a tender la mano a la oposición para un entendimiento, "pero no a la abdicación ni a la claudicación, que esto es lo que en este caso se nos ha ofrecido".

Para el ministro de la Presidencia hubo aplausos del Grupo Socialista. Para Herrero de Miñón posteriormente los hubo del suyo. Antes de que se iniciara el debate formal de los artículos, cuestión en la que quiso centrarse el catalán Llibert Cuatrecasas, se estuvo más en la filosofía de fondo que en los datos técnicos. Herrero de Miñón, al comienzo de su discurso, así lo manifestó., porque "es lógico que sea un debate en esta Cámara eminentemente político, porque no estamos aquí para debatir enmien.das concretas extremadamente técnicas".

En el mismo barco

Herrero de Miñán se inclinó por la grandilocuencia cuando afirmó, dirigiéndose a los socialistas, que "ustedes y nosotros estamos metidos en el mismo barco, ese barco que se llama España, y que queremos todos llevar a la alta mar de su plenitud histórica". Arremetió contra el Gobierno porque el proyecto "es una ley de reforma que abre la puerta hacia el vacío de lo desconocido". Y sobre la carencia de modelo ironizó diciendo que los socialistas "podían haber asombrado al mundo una vez más con una creación original, según tienen por costumbre en otros campos, como la política exterior, la creación de empleo o el parón nuclear. Lo cierto es que ni han copiado ni han pasmado a nadie con una genial invención". El portavoz popular insistió en que la selección de funcionarios, la determinación del número de puestos y características de retribución, los criterios para la consolidación del grado personal, la promoción interna, la racionalización de cuerpos y escalas y la regulación de plantillas de personal laboral "no hacen sino deslegalizar", es decir, suprimir garantías que tienen como fin la mayor objetividad de la función pública y de la Administración que los funcionarios están llamados a servir.

Hizo un canto a la especialización y caricaturizó el sistema de refundición de puestos, como el de archiveros y bibliotecarios con el cuerpo general de prisiones, que en la ley, aunque no lo explicó, se trata de una unificación de escalas en función de los títulos que dan acceso a ella.

Martín Toval replicó a Herrero diciéndole que entendía que su grupo no se responsabilizara de la ley porque "no se responsabiliza de nada de lo que sirva para modernizar España".